Por Antonio José Monagas
El debate sobre la administración pública venezolana, ha sido siempre polémico. No obstante en los últimos años se ha agudizado a consecuencia de ingentes precariedades que se han soterrado. Aunque otras, se han acumulado generando una situación aún peor. El entorno político bajo el cual opera ésta, se tornó profundamente conflictivo en virtud de las múltiples dificultades que han encubierto y entorpecido su movilidad. Las distintas consideraciones que determinan esta tesis, son todas controversiales. Desde la evolución histórica que ha caracterizado el devenir de la administración estatal, hasta la propia condición de la gerencia pública, son expresiones de una crisis de la concepción de Estado que se magnificó como resultado de decisiones equivocadas asumidas como instancias de un modelo político de gobierno que no supo interpretarse en términos de los principios de justicia social y de los postulados democráticos que, de alguna forma, cimentaron preceptos constitucionales no sólo de la Carta Magna aprobada en 1961. Más grave aún, de la Constitución sancionada en 1999.
El populismo dominante desde los tiempos en que pudo radicarse un sistema político de cimentación democrática, luego de 1958, nunca pudo dirimir las diferencias entre las responsabilidades de la gerencia pública y el clientelismo entendido como praxis política que permite hondas desviaciones del presupuesto que apalanca el funcionamiento de la administración gubernamental. Ello devino en la figura de un gerente público atado de manos y brazos. Incapaz de inducir condiciones que facilitaran su acción. Aun cuando, en medio de tan contrariada situación política que, ciertamente, arropó buena parte del período amparado por la Constitución de 1961, hubo realmente destacados profesionales que dejaron ver su temple de gerentes públicos comprometidos con la institucionalidad del Estado venezolano y sus alcances.
Sin embargo, la inmoralidad de un gobierno que ha pretendido traspasar fronteras legales a través de normas aprobadas en el plano de una genuflexión desatada como recurso de adulancia hacia la persona del presidente de la República, justamente por la falta de escrúpulos en quienes ostentan funciones públicas en el alto gobierno, intensificó la crisis del Estado. Particularmente, por cuanto las medidas adoptadas condujeron a la exacerbación del ya cabalgado agotamiento del modelo de desarrollo antes asumido lo cual, sin duda, incidió no sólo en el enardecimiento de una economía fiscal basada en un tipo de acumulación retrospectivo, sin autonomía real para adecuarse a las coyunturas financieras internacionales. Igualmente, porque puso en evidencia un arcaico modelo de dominación basado en una absurda lógica que plantea la relación desigual y déspota entre las coacción representada por fuerzas militares con ínfulas de dominio, y la civilidad que reposa en el complejo entramado social nacional.
Entonces, ante lo que ha significado una gestión gubernamental extraviada entre los estragos de una incertidumbre mal definida y problemas mal estructurados, ¿dónde quedó la capacidad de gobernar basada en el desarrollo de un Estado afincado en el fortalecimiento manifiesto de la democracia? Más exactamente habrá entonces que preguntarse: ¿dónde quedó la gerencia pública?
VENTANA DE PAPEL
MOTIVANDO REFLEXIONES
Luego de servir como médico especialista en Salud Pública, Luís Enrique Arellano M., ha sabido despertar en sus colegas y personas preocupadas por los problemas que confrontan las instituciones hospitalarias importantes reflexiones que obligan ciertamente a pensar en las razones que han conducido no sólo a cuestionar precariedades que agobian los establecimientos dirigidos a brindar salud a los venezolanos. También a exaltar la labor de muchos médicos entregados espiritual y físicamente a brindar garantías de vida saludable a quienes así lo han necesitado. En su monografía intitulada: Mérida, sus Instituciones y sus Médicos, publicada el pasado mes de Junio, el Dr. Arellano además de agudo observador y crítico de una situación que abochorna el juramento hipocrático, pone de manifiesto la mística, capacidad profesional y valores éticos de incansables personas que al honrar su desempeño médico, honraron su visión de vida institucional. Particularmente, por lo referido en torno al crecimiento y desarrollo de los centros de salud que sirven a Mérida. Tan especial trabajo, valora significativamente la historia sobre la cual se han cimentado los logros. Aunque también se han anquilosado problemas que han menoscabado el esfuerzo adelantado. Con “Mi canto al Médico Rural”, Luís Enrique Arellano termina su opúsculo “como si fuera un estribillo (…) donde mis chocheras me estimularon a contar algo de mi matuzalénica vida”
HUMILLANTE RENOVACIÓN DE LICENCIAS
A decir por los comentarios entre personas de la tercera edad o con juventud prolongada, el Gran Operativo Bicentenario de Renovación de Licencias de Conducir llevado a cabo por personal del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, INTTT, fue desconsiderado en términos de la burda atención brindada. Fue un acto de vejación al gentilicio y a la civilidad del merideño. De entrada, se observó una impúdica preferencia hacia personeros del alto gobierno regional. No se contempló una logística que permitiera un abordaje sin los contratiempo propios de las improvisaciones de última hora. La atención del personal del INTTT, dio mucho que desear pues no se compadecían de personas cuyos apremios físicos demandaban una atención oportuna y especial. Exageradas filas caracterizaron todas las fases del proceso. Quienes se vieron atrapados por la desidia de algunos malhumorados funcionarios, pensarían que todo aquello era un vulgar cuartel. No había quien informara sobre el avance del operativo o limitaciones del mismo. Todo era un misterio propio de una organización despótica. Como “gran cosota”, tal como fue expresado por una de las personas que debió esperar más de seis horas, fue vendida la idea del tedioso operativo al cual sólo le faltó que lo bautizaran “revolucionario” para así mostrar las carencias del régimen.
“REINICIO” DE CAMPAÑA ELECTORAL
Si bien el proceso electoral que apalancará la votación para elegir los próximos diputados a la Asamblea Nacional arrancó con el aval del Consejo Nacional Electoral, también cabe decir que el mismo ya se había iniciado casi desde finales de 2009. De manera que los excesos cometidos durante el primer día del referido proceso, tal como fueron reconocidos por la presidente del organismo comicial, fueron nimios al lado de los que se han consumado a lo largo del lapso que dicha campaña lleva realizándose. En todo caso puede decirse que por primera vez, la oposición “le picó adelante” al oficialismo dejándole ver al país político su garra y la ventaja que sabrá demostrarse el 26-S cuando, se imponga el voto de aquella población mayoritaria que se ha visto pateada por las injusticias del autoritarismo dominante. Por supuesto, así debería suceder si acaso el gobierno nacional se comporta con la ecuanimidad necesaria que induzca respeto y tolerancia acorde con la democracia que invoca la Constitución de la República.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON VENEZUELA?
No conforme con los problemas que por todos lados despuntan para así evidenciar los destrozos que este gobierno viene causando a la institucionalidad política nacional, se suma ahora los resultados arrojados por el Índice Internacional de los Derechos de Propiedad el cual revela el lugar 121 entre 125 países. Este estudio, avalado por la Alianza de los Derechos de Propiedad de Estados Unidos, el Instituto de Libre Empresa de Perú, y divulgado en el país por Cedice Libertad, es demostrativo de la grave situación que en materia de derechos de propiedad caracteriza a Venezuela. Aspectos relacionados con la toma sin pago previo de tierras agrarias, la aplicación de regulaciones que violan libertades económicas como controles de precio o la fijación de qué bienes deben producirse y en qué cantidad, son algunas de las variables que este estudio analiza. Y aunque ello puede ser negado por el gobierno nacional con la manida y frívola excusa de que son “especulaciones del imperialismo”, las realidades bien lo demuestran. Tanto como Venezuela está actualmente considerada entre los países con mayor corrupción a nivel mundial, o entre los países con mayor inflación, este nuevo indicador vuelve a dejar claro el pésimo gobierno que tiene el país. Ello, por causas de las infames desviaciones que el militarismo criollo ha traducido en decisiones no sólo absurdas, sino además impropias de un país que, constitucionalmente, declara su funcionalidad apegada a un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
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