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Ccs. 07 Nov. (VTV).- En 8 días aproximadamente las inmobiliarias o empresas constructoras que ofrecieron a venezolanos la pre-venta de apartamentos deberán entregar a sus respectivos adjudicatarios las viviendas de aquellos conjuntos residenciales que posean condiciones de habitabilidad o que se encuentren actualmente ocupados por los mismos, mientras en paralelo se realiza el proceso de renegociación y documentación legal para la protocolización del título que garantice la propiedad privada familiar del ciudadano.

Esta es una de las acciones inmediatas que se acordaron en la asamblea realizada por las autoridades gubernamentales encabezadas por el vicepresidente Elías Jaua y los voceros de las 14 edificaciones o conjuntos residenciales que fueron incorporados a la medida del Gobierno para proteger a los compradoras estafados.

Jaua dijo que posiblemente el presidente Chávez estará presente en una de estas actividades para la entrega de los primeros apartamentos.

Recalcó que esta entrega debe ser exclusivamente de aquellos apartamentos listos y en condiciones de habitabilidad segura para sus ocupantes. Recordó que existen edificaciones que aun cuando las empresas han afirmado que están concluidas, presentan vicios estructurales.

Tres bloques de acciones

El vicepresidente anunció tres grandes bloques de acciones que permitirán al Gobierno y a los venezolanos afectados por la estafa inmobiliaria arrancar con soluciones a los estafados. Estas decisiones implican tanto a los proyectos expropiados como a aquellos conjuntos que no se encuentran en la medida gubernamental.

Primer bloque: Aquella vivienda que esté lista debe ser entregada de inmediato, mientras en paralelo se recompone el "enredo jurídico” creado por las inmobiliarias. Esto implica renegociación de los contratos, para eliminar los sobreprecios y elementos ilegales que incrementaron el precio, y la protocolización respectiva. Las familias que ya ocupaban temporalmente sus apartamentos debido a que aceptaron las condiciones unilaterales y leoninas de las empresas, también tienen garantizada su propiedad y en el proceso de renegociación saldrán favorecidos.

Segundo bloque: Para aquellos conjuntos cuya inmobiliaria no ha construido todavía, y que se encuentran dentro de la medida de expropiación, estarán incluidos en un Fondo Público del Estado para culminarlas en el menor tiempo que las condiciones de ingeniería, jurídicas y financieras lo permitan.

Tercer bloque: Casos de complejos más atrasados, además de su terminación, la Fiscalía adoptará acciones que permitan a las personas recuperar sus inversiones. En este sentido, Jaua explicó que ya se han girado solicitudes a la Fiscalía General de la República para que actúe de inmediato contra las empresas involucradas en las estafas, congele cualquier bien o cuenta bancaria, para evitar su movilización y garantizar que las personas que han depositado sus recursos puedan recuperar su dinero.

Igualmente se refirió a los casos en que un mismo apartamento fue pre-vendido dos o más veces. En este tema dijo que se trabajará con mucha delicadeza, por cuanto la primera opción deberá ser necesariamente del primer comprador, aunque el Estado no abandonará a los otros compradores que fueron estafados en la operación.

Jaua pidió a los Poderes del estado a unirse para combatir esa mafia de empresarios inescrupulosos y expresó la necesidad de que los afectados continúen confrontando a estos poderosos sectores, ahora con el auxilio del Gobierno, para desenmascarar a los voceros de estos explotadores.

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