Caracas, 07 Nov. AVN.- Afectados por las estafas inmobiliarias descubiertas en todo el país, promovidas por diversos consorcios de construcción, pidieron a la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban) evaluar algunos de los casos donde se presume la complicidad entre instituciones financieras privadas y las constructoras implicadas para engañar a miles de familias venezolanas.

Entre los bancos mencionados por algunos afectados figuran Sofitasa, Fondo Común y Mercantil, que según las denuncias, han insistido en protocolizar contratos hipotecarios donde las familias compradoras se verían forzados a pagar elevados incrementos por sus viviendas, en comparación con el precio acordado inicialmente con las constructoras.

El mismo llamado, realizado este domingo durante un programa especial sobre estafas inmobiliarias transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), se aplica para supuestos funcionarios de la Misión Hábitat, coordinada en su momento por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, acusados de apoyar los intereses de las empresas estafadoras.

El número exacto de familias afectadas por esta situación aún no se ha precisado, en tanto se presume que muchas no denuncian su situación por miedo a perder la opción de concretar la compra de sus viviendas y el dinero que ya pagaron por concepto de inicial.

Sin embargo, se conocen miles de casos en todo el país, a partir de la información sistematizada mediante la sala situacional instalada, en septiembre pasado, en la sede principal del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), donde la ciudadanía organizada y diversas instituciones del Gobierno comenzaron a canalizar soluciones.

El pasado 31 de octubre, el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció la expropiación de seis desarrollos urbanísticos, la ocupación temporal de otros ocho y medidas de protección sobre 19 proyectos, a fin de garantizar la propiedad de los comparadores sobre sus viviendas y acelerar las obras inconclusas para entregarlas a sus legítimos dueños.

Los ciudadanos que lideran el movimiento de familias afectadas por las estafas inmobiliarias insistieron en solicitar a las personas que aún no denuncian a confiar en las instituciones del Gobierno que asumieron el problema, y a no firmar, bajo ninguna razón, contratos donde se les incremente el precio de sus viviendas.

Clase Media Socialista propone eliminar preventas inmobiliarias

El colectivo Clase Media Socialista propuso al Ministerio para la Vivienda y Hábitat crear una dirección que fiscalice las obras privadas y prohíba las llamadas "preventas" de proyectos habitacionales para desmontar ofertas engañosas, con lo cual se combatirán más eficazmente las estafas inmobiliarias.

Así lo señaló Carlos Hurtado, representante de Clase Media Socialista, al ser entrevistado este domingo en un programa especial sobre el tema de la vivienda y las estafas inmobiliarias, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) y reportado por la agencia AVN.

Indicó que las constructoras privadas deben terminar el desarrollo de las viviendas y luego ir a la concreción de la venta de éstas, porque de lo contrario se van a seguir generando trampas y ofertas engañosas.

"Tú no puedes ofrecer algo que no existe. Además, las constructoras gozan del beneficio de una cartera crediticia, ya que la ley obliga a la banca a entregar a las constructoras privadas el capital para culminar las obras y luego, una vez finalizado el proyecto, pueden proceder a las ofertas de los inmuebles”, señaló.

Hurtado enfatizó que con esta propuesta se evitaría el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la usura, las estafas, entre otros delitos vinculados con el sector inmobiliario.

Explicó que el financiamiento de la compra de un inmueble, por lo general, lo hace la banca, "de manera que a la hora de que una familia vaya a adquirir una vivienda puede establecer un convenio con el banco y una vez aprobados los créditos y liberados los apartamentos la banca le va a pagando a la constructora por ese desarrollo habitacional vendido".

“Hemos detectado que muchos de los banqueros son dueños, a su vez, de constructoras, tienen una especie de monopolio, tienen las inmobiliarias que son las que hacen la comercialización de las viviendas, y toda esta situación es lo que nosotros debemos desmontar”, advirtió.

Hurtado señaló que por tal motivo es que Clase Media Socialista ha presentado la mencionada propuesta para combatir la eliminación de las ofertas engañosas a través de las "preventas".

“Usted espera que finalice la obra para comprar o adquirir el inmueble, tras concretarse el convenio con el banco, de manera que la entrega de las llaves sea inmediatamente”, sostuvo.

Hurtado también recalcó que es necesaria la supervisión sobre las alcaldías que otorguen los permisos para la construcción de los complejos habitacionales.

“Por ejemplo, la Alcaldía de El Hatillo, en el estado Miranda, en el caso del conjunto residencial El Encantado permitió el desarrollo de este urbanismo sin ningún tipo de control sobre los efectos en el medio ambiente”, apuntó.

Mencionó que en Charallave, estado Miranda, está el caso de la urbanización Valles de Chara, donde las autoridades nacionales deben ayudar a 110 familias afectadas por estafas inmobiliarias, así como en Portuguesa, en la urbanización Bosque de Camaruco, en Acarigua, desarrollo habitacional donde 3.200 familias son afectadas.

Hurtado añadió que Clase Media Socialista seguirá llevando las denuncias no sólo contra las empresas privadas constructoras, sino también contra las autoridades municipales que tengan responsabilidad en el otorgamiento de permisos indebidos para el desarrollo de urbanismos.

 

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