Las preguntas se me agolpaban en la mente. ¿Hugo Chávez defendiendo los “intereses” de la “clase media”? ¿El mismo personaje que con su accionar y discurso de odio ha promovido la emigración de más de 150 mil profesionales venezolanos? ¿Aquel que utiliza el inaceptable término de “escuálidos” para referirse a la mayoría del país? ¿El que destruyó la meritocracia profesional de Pdvsa, Edelca, Cantv, Cemex, Agroisleña, Sidor, Alcasa, Venalum, Ferrominera, Electricidad de Caracas y ahora Sidetur?

Si, el mismo Hugo Chávez. El que con su incompetente política habitacional, el presidente de peor desempeño en la materia, decidió entrar como un elefante en cristalería en la industria del desarrollo inmobiliario.

“¡Exprópiese!”, gritó como le gusta hacerlo, y de inmediato la GNB “aseguró” los desarrollos inmobiliarios nombrados por el presidente. Y ahí mismo arrancó su enorme y poderoso aparato de propaganda a vender como un “acto de justicia” el asalto gubernamental a la propiedad privada. El aparato de propaganda lo ha bautizado como la “estafa inmobiliaria”. Comenzó así el proceso de demolición moral de los promotores inmobiliarios, exponiéndolos al escarnio público al presentarlos como tramposos, pillos y delincuentes. Tal como han hecho con Agroisleña, con Carlos Correa (Espacio Público) el defensor de la libertad de expresión, los productores agropecuarios independientes y Globovisión, entre otros.

Que se quiere ganar a la clase media, aseguran algunos analistas. No lo creo. Sabe que jamás tendrá a la clase profesional de su lado, como tampoco a los sindicatos, estudiantes, artistas. En fin, a nadie que crea en la libertad. Lo sabe, por eso su discurso va dirigido al lumpen venezolano, a los que le “compran” sus lecciones de odio y rencor. “Jamás negociaré con la rancia burguesía” y el lumpen le aplaude.

Esos inmuebles estaban ahí a pesar de Chávez

Hugo Chávez comenzó la intervención directa del mercado inmobiliario hace años creando un marco legal adverso a la oferta inmobiliaria, pero en este caso me voy a referir específicamente a dos resoluciones que tienen relación directa con el asalto ordenado por Hugo Chávez. Mediante las resoluciones 98 (sobre el IPC y la culminación de obras) y 110 (sobre cobro de IPC) quedaba establecido, entre otras cosas, el establecimiento de los lapsos entre la culminación de las obras y la protocolización de los documentos, la prohibición de cobrar el IPC, la restitución de todo lo cobrado por tal concepto desde 10 de noviembre de 2008 y la obligación de colocar el lapso de terminación de la obra tanto en los contratos como en la publicidad.

¿Por qué teniendo los instrumentos jurídicos el gobierno no había actuado? Primero porque son muy pocos los casos de irregularidades y segundo porque Indepabis y el Ministerio de la Vivienda son tremendamente ineficaces.

Chávez ha decidido seguir las directrices del activista marxista Alan Woods (su asesor personal) y radicalizar su “revolución”. Ello significa darle victorias simbólicas a la clase media (profesionales libres) y a los pequeños comerciantes, los únicos sobrevivientes del sector privado en esta nueva etapa.

En las resoluciones se penaliza el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a los potenciales adquirentes de viviendas. Pero el gobierno sí lo paga a sus contratistas de obras públicas, como las transnacionales Odrebetch y Comsilux. ¿Por qué? Porque si no, no tendría quien las ejecutara.

Es el gobierno el que causa la inflación

Pretende Hugo Chávez estafar a la opinión pública haciéndole creer que los aumentos de precios son por la “condición capitalista” de los promotores. Y el “aumento socialista” de los precios de los insumos (que los produce el gobierno), de los sueldos y salarios (que decreta el gobierno) y la inflación socialista que causa el gobierno, los esconde de la opinión pública.

Si la inflación hubiese sido cero (obra del gobierno) el cobro por IPC hubiese sido cero. Por medio de la inflación (mayor del 25% en los últimos a años, la más alta del mundo) se ha dado el mayor proceso de confiscación del salario real, del bolsillo de los venezolanos.

Al prohibir el cobro del IPC (calculado por el Banco Central de Venezuela) los precios de los apartamentos subieron inmediatamente porque el promotor ahora debía adivinar el aumento de los costos de los próximos 24 meses (término promedio de la ejecución de un desarrollo inmobiliario) y ponerlo en un precio de venta que queda congelado. Antes cobraban a medida que se medía la inflación. Y tenía una oferta privada de materiales. Ahora la oferta es gubernamental.

Con el asalto a los desarrollos inmobiliarios, los precios de esos apartamentos se vinieron al suelo. Están en un limbo jurídico y de construcción. No se sabe cómo se van a terminar (si es que se terminan) ni cómo va a operar esa comunidad residencial. El elefante en la cristalería se llevó todo por delante.

Y con las nuevas leyes en camino la oferta privada de inmuebles tenderá a desaparecer. Como ocurre en todos los países comunistas, que nadie construye ni mantiene inmuebles, viven en ruinas (ver Cuba) o en ranchos o cuevas dependiendo del clima. Y lo único que desarrolla el gobierno son ciudades barracas (como las de Fuerte Tiuna y la que está en la vía a Vargas), horribles conglomerados de pequeños apartamentos, todos iguales, con arquitectura básica, de baja calidad en materiales y en propiedad social.  Es decir se ocuparán, pero no serán propiedad de los ocupantes. Y no habrá condominios.

Estafar es actuar bajo engaño. Así actúa el gobierno de Chávez. Se apresta a demoler el mercado inmobiliario, el más profundo de los mercados nacionales, para sustituirlo por presupuestos públicos de vivienda, donde sólo se construye según la capacidad que tenga el gobierno.

Si no pregútele a quienes ayer mostraban las “actas de entrega” por televisión. Pregúntele si hoy puede vender ese apartamento y a cuánto. Pregúntele dónde trabajan, si no se habían atrasado en sus cuotas. Pregúntele al Indepabis dónde están sus actuaciones, sus soportes sobre “la estafa” inmobiliaria. Pregúntele al ministro de Vivienda dónde ha estado estos años.

Esos compradores “estafados” son utilizados por el gobierno para estafar a la opinión pública y continuar con su agenda confiscatoria de lo privado.

Por eso no siento solidaridad hacia esos “compradores”. Es como sentirla con el que justifica el robo porque tenía hambre.

David Moran
Analista de entorno

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