Foto Prensa AN

Ccs. 15 Dic. (RNV).- En sesión permanente de este miércoles la Asamblea Nacional aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

La presentación de la propuesta estuvo a cargo del presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación Social, Manuel Villalba (PSUV), quien explicó que la reforma del texto vigente busca controlar la explotación y el desarrollo del espacio radioeléctrico en períodos de 15 años, lo que calificó como tiempo suficiente para tal fin.

En cuanto al aspecto satelital, hizo referencia a que en el país no existe un marco normativo, lo que hace necesario que se reglamente el uso y disfrute del satélite Simón Bolívar. “Sectores oposicionistas no terminan de aceptar que el país puede adaptarse a las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones de manera positiva y en bienestar del pueblo”.

Algunos quieren satanizar esta reforma y obvian que lo que se quiere es permitir la participación del poder popular en la explotación del espectro radioeléctrico y en el desarrollo del país.

El diputado oposicionista Ismael García (Podemos) cuestionó el proyecto de reforma explicando que la propuesta, específicamente en sus artículos 5 y 6, es negativo para los medios de comunicación opositores al gobierno nacional.

En su opinión, el proyecto no tiene nada que ver con la ampliación del espectro radioeléctrico, “se trata de colocar una espada sobre la cabeza de los medios de comunicación opositores. Cuando quieran salir de un medio, lo podrán hacer, así como de cualquier circuito de radio. No podrán detener el deseo de cambio que quieren los venezolanos ni las protestas que se desatarán”.

Villalba defendió la propuesta puntualizando que los venezolanos tienen el deber y el derecho de utilizar debidamente el espectro radioeléctrico y todo lo que abarque el satélite Simón Bolívar. “Lo que estamos impulsando es el desarrollo. No se busca cerrar medios de comunicación, para ello existe una Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión”.

Advirtió que la oposición busca resguardar la impunidad de la que gozan a pesar de sus permanentes ataques contra el gobierno, autoridades e instituciones. “Pero aquí hay un pueblo que construye la consolidación definitiva del país. Por qué negarle la tecnología a las escuelas y universidades, por qué negarle al pueblo el desarrollo y la tecnología satelital. Nos asiste la razón porque lo que se está planteando tiene suficiente cabida en el proyecto de país que se adelanta”.

Juan José Molina (Podemos), contrario a Ismael García, acusó al gobierno de no atreverse a colocar en la reforma las restricciones que realmente desea el Ejecutivo “porque saben que se les va a embochinchar el país con las trifulcas y las protestas. Estamos opuestos a un texto que no le reconoce a las empresas de medios de comunicación que ese servicio está garantizado en la Constitución Nacional”.

Enfrentando la manipulación

Para el diputado Hermes García (Podemos) la propuesta no solamente busca la articulación del sistema venezolano, sino que se pretende amordazar a los MCS. En su opinión, no hay voluntad para que en el país coexistan diferentes medios que reflejen líneas distintas, diversidad o pluralidad de opiniones. “Este instrumento no nos dará garantía de la información veraz. Esta ley no permitirá consolidar la democracia”.

Al paso salió la parlamentaria Desiré Santos Amaral (PSUV) para aclarar que se trata de reformar una ley vigente. Exhortó a los oposicionistas a reflejar una conducta ética frente a la libertad de expresión y la información veraz y oportuna, “porque cada vez que ustedes se paran aquí es para mentir descaradamente”.

Leyó el artículo 5 de la propuesta porque estima que la oposición lo está tergiversando:

“ARTICULO 5.- Se declaran servicio e interés público el establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y producción nacional audiovisual, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso, de ser necesario, en los casos y condiciones que establece esta Ley, sus reglamentos y las Condiciones Generales que al efecto establezca la Comisión Nacional de Telecomunicaciones...”

“Lo que se quiere es que todo el mundo tenga acceso a la explotación de las telecomunicaciones. Ya no sólo lo tendrán los monopolios, los mismos de siempre. Y exhorto a que sean responsables y que no manipulen y confundan. El pueblo tiene derecho de recibir información oportuna y veraz”.

El diputado Manuel Briceño (PSUV) sentó posición al enfatizar que no se trata de regular los contenidos, tal y como lo expresa la propuesta textualmente:

“ARTICULO 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes”.

Se excluye del objeto de esta Ley la regulación del contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.

“Como en otros países, es el Estado quien se reserva la posibilidad de normar el uso, el manejo y la gestión para que la comunicación se efectúe. Lo que duele es que los monopolios dejen de serlo para darle paso al pueblo en redes sociales de comunicación y en medios comunitarios”.

En su segunda intervención, Juan José Molina expresó que existe una ambivalencia entre la propuesta y la Constitución. Calificó de triste las intervenciones de los diputados del PSUV y aclaró que la oposición no está negada a la democratización de las telecomunicaciones y puntualizó que se está violando el artículo 58 de la Carta Magna.

El primer vicepresidente de la AN, diputado Darío Vivas, le dio lectura a ese apartado de la Constitución para demostrar la tergiversación que los parlamentarios de oposición le están dando: ARTICULO 58: La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Tomó la palabra el legislador Ulises Ramón Daal (PSUV) para recordar que antes de 1999 existían 8 televisoras en el país, así como unas 35 emisoras en todo el territorio. “Una élite tenía la exclusividad de los medios de comunicación hasta que llegó el presidente Hugo Chávez. Esta ley está fundamentalmente orientada a reconocer el derecho de los empresarios venezolanos. Garantiza que todos puedan participar plenamente en las transmisiones”.

Ricardo Gutiérrez (Podemos) opina que la exposición de motivos de la propuesta carece de la precisión de los artículos que están por reformarse. “Esta situación debe corregirse porque éste no es cualquier tema. No cuestionamos que el Estado asuma la rectoría de las telecomunicaciones, lo que criticamos es que el texto no recoja aspectos importantes”.

Terminado el debate, se aprobó el carácter orgánico de la propuesta de ley y la totalidad del texto en primera discusión. El proyecto fue remitido a la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación, que debe elaborar el informe para la segunda discusión.

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