Caracas, 07 Feb (Enfoques365).- El Ministerio Público (MP) se reunió con 1.678 afectados por presuntas estafas ejecutadas por más de 110 empresas inmobiliarias en el país, a fin de dar a conocer los avances de las investigaciones que desarrolla esta Institución.
Durante los encuentros, el viernes pasado, efectuados por instrucciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, los fiscales superiores de 21 estados informaron a los asistentes que se han solicitado medidas de prohibición de salida del país contra directivos de varias empresas constructoras y promotoras inmobiliarias.
Asimismo, le indicaron a los presentes sobre las solicitudes efectuadas ante los tribunales de cada jurisdicción el bloqueo de las cuentas personales y de las empresas, además, de la prohibición de enajenar y gravar bienes.
De igual manera, se les notificó de las acciones orientadas a facilitar a las víctimas un mayor acceso a la justicia, a través de la implementación desde el año 2009, del Plan contra el Fraude, la Estafa y la Usura (FEU), el cual consiste en investigar casos vinculados con irregularidades en la comercialización de desarrollos habitacionales.
En la reunión los fiscales superiores respondieron las inquietudes de los asistentes, quienes expresaron su confianza en las actuaciones que llevan a cabo los distintos despachos fiscales.
También se propuso transmitir dicha información a otros afectados, para que acudan a denunciar ante el MP y se inicien las investigaciones correspondientes.
La Fiscal General tiene previsto reunirse hoy lunes 7, con los afectados por estafas inmobiliarias, en el auditorio sede del Despacho, ubicado en la avenida México, a fin de explicar y orientar a todas las personas que se consideren víctimas de estos casos e informar sobre las investigaciones que se adelantan.
Ayer domingo, Luisa Ortega Díaz, entrevistada por el periodista Carlos Croes en programa transmitido por Televen, señaló que el Ministerio Público continuará trabajando en conjunto con otras instituciones del Estado, con el fin de garantizar los derechos de los afectados. Los casos, desde 2009, están siendo atendidos por decenas de Fiscales en todas las entidades federales, bajo la coordinación de siete Fiscales Nacionales para sendas regiones que agrupan varios estados, cada una.
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