Ccs. 22 Mar. (Enfoques365).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso del venezolano Joe Castillo González, defensor de derechos humanos asesinado en un atentado presuntamente perpetrado por cuerpos de seguridad del Estado, el cual permanece aún impune.

En el atentado en el que murió Castillo, ocurrido el 27 de agosto de 2003, también resultaron gravemente heridos su esposa e hijo, que en ese entonces contaba año y medio de edad, Yelizte Moreno de Castillo y Luis César Castillo Moreno, informó este martes la CIDH en una nota de prensa.

El atentado contra Castillo González “permanece en la impunidad, pues el Estado no llevó a cabo investigaciones serias y efectivas para identificar a los responsables y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan”, aseveró la CIDH.

La investigación iniciada “tuvo serias irregularidades y fue archivada por el Ministerio Público sin que se practicaran diligencias tendientes a esclarecer los hechos de acuerdo con líneas lógicas de investigación”, agregó.

La Comisión dijo que dio por probado que en la investigación “aparecieron indicios de presunta connivencia y/o participación de agentes estatales en el atentado” contra Castillo, indicios que “fueron desechados sin agotar las respectivas investigaciones”.

“Esta falta de investigación seria y efectiva, además de constituir una violación del derecho a la vida y a la integridad personal y una denegación de justicia respecto de los familiares de Joe Luís Castillo González, tuvo un efecto amedrentador contra defensores y defensoras de derechos humanos en la zona de Machiques, Estado Zulia y, particularmente, en el Vicariato Apostólico”, agregó.

Al remitir el caso a la Corte, la CIDH indicó los contextos de violencia y hostigamiento que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela, así como “el efecto amedrentador que puede generar este asesinato en la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos, el cual se incrementa con la situación de impunidad en la que se encuentran los hechos”.

El caso se envió a la Corte IDH el 22 de febrero de 2011 en vista de que la Comisión “consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo”.

La CIDH también remitió a la Corte IDH el caso de Gudiel Álvarez y otros, de Guatemala, relacionado con la desaparición forzada de 26 víctimas, con la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz y con la detención y tortura de la niña Wendy Santizo Méndez.

“Estos hechos se encuentran en la impunidad, en tanto el Estado de Guatemala no ha realizado una investigación seria y efectiva ni ha identificado ni sancionado a los responsables materiales e intelectuales de los mismos”, apunto la CIDH.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el propósito de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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