Por Humberto Márquez

Caracas, Jun. (IPS) - "Quiero un techo propio, mi casa definitiva, no vivir entre cortinas y tabiques provisorios en medio de un gentío", declama Elena Díaz, planchadora de ropa, habitante de un refugio en el centro de la capital venezolana.

Desde que las lluvias dejaron 134.000 damnificados en noviembre pasado, el tema de la vivienda salió de la penumbra y se colocó como protagonista de la vida en Venezuela, con desplazados habitando insólitos refugios, inmuebles invadidos o expropiados, protestas callejeras, nuevas leyes y ambiciosos planes gubernamentales.

Díaz, con 37 años y tres hijos, vivió en Alta Vista, un barrio del oeste caraqueño. Está refugiada en el estacionamiento de un centro comercial que el gobierno intervino pocos días antes de su estreno para convertirlo en refugio. En ese lugar las familias reciben alimentos, agua, luz, atención médica y la oferta de recibir una vivienda que está en construcción.

"Pero me dicen que el apartamento adjudicado podrá estar en La Guaira (en el litoral caribeño, unos 30 kilómetros al norte) y cuando un grupo de nosotras fue a ver el lugar les mostraron un terreno baldío que ni siquiera todavía es del gobierno", señaló Díaz a IPS.

Como la suya, miles de familias fueron llevadas a refugios improvisados en plazas y escuelas (ya desocupadas), hoteles, galpones, fuertes militares, sedes de ministerios y otros institutos estatales, e incluso a instalaciones de la propia Presidencia de Venezuela.

Por ejemplo en la Casa Amarilla, sede de la cancillería frente a la céntrica Plaza Bolívar de Caracas, se enviaron archivos a un depósito y se improvisaron cubículos para albergar a un grupo de familias. Cada mañana podía verse a los damnificados, toalla en mano, haciendo una fila entre el despacho y un hotel cercano para tomar una ducha.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que en 10 años lanzó una veintena de programas sociales, como el de alimentación, salud, educación y empleo, al margen de las instituciones convencionales, llamándolas "misiones", creó entonces un plan especial para atacar el problema a partir de la actual emergencia llamado la "Gran Misión Vivienda".

"En estos próximos seis años, nosotros en el gobierno, el pueblo, los empresarios que quieran, países aliados, llegaremos a construir dos millones de viviendas. Yo me comprometo, me juego el pellejo. La tragedia que hemos vivido con las fuertes lluvias en los últimos meses nos obliga y nos apura”, dijo Chávez al lanzar la nueva misión.

El objetivo de corto plazo será construir 150.000 viviendas en 2011 y 200.000 en 2012, cuando de nuevo Chávez será candidato a la reelección presidencial para el sexenio 2013-2019.

Sus opositores criticaron esa oferta recordando que en los 11 años transcurridos desde que Chávez llegó al gobierno construyó 325.000 viviendas, y no se explican cómo se podrá quintuplicar esa cifra en la mitad del tiempo disponible mientras que ha descendido la producción de insumos como cemento y barras de acero.

La población venezolana, según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas, es hoy de 29 millones de personas, más de 90 por ciento radicada en zonas urbanas, que se distribuyen en 6,5 millones de hogares, 26 por ciento los cuales aún viven en la pobreza pese a la caída de 23 puntos porcentuales desde 1999.

El déficit de viviendas es de 1,8 millones, más otras 750.000 que necesitarían urgentes reparaciones o dotaciones.

Toda América Latina presenta un fuerte déficit de vivienda, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pesar de los buenos niveles de urbanización (76 por ciento) y de tenencia de vivienda (73 por ciento) entre sus 540 millones de habitantes.

Todavía existen, según datos del BID, 26 millones de unidades de vivienda que son inadecuadas en la región --128 millones de personas viven en barrios marginales-- y se requieren con urgencia 28 millones de unidades adicionales para reducir el hacinamiento y las pésimas condiciones de habitabilidad.

Para cuantificar mejor el problema en Venezuela, la Misión Vivienda comenzó con un censo de las familias que necesitan techo en la tercera parte de los 24 estados del país, y ya se inscribieron 1,3 millones de solicitantes, según las autoridades.

"Yo me anoté a ver si me saco esa lotería. Mi madre y una de mis hermanas también", dijo a IPS Boris González, de 27 años y con trabajo de taxista a bordo de su motocicleta, quien vive con su mujer, dos hijos, su madre, dos hermanas y un sobrino en un "rancho" (vivienda informal) de dos habitaciones en Las Mayas, una barriada en el sudoeste caraqueño.

La organización humanitaria Provea, a menudo crítica de las políticas públicas, saludó la iniciativa gubernamental "porque es un esfuerzo que parte del reconocimiento del déficit en su labor y despliega recursos legales y financieros para satisfacer un derecho humano fundamental, la vivienda", como indicó a IPS su coordinador, Marino Alvarado.

Dirigentes políticos opositores consideran, en cambio, que el censo y la construcción y entrega de algunos miles de viviendas en el marco de la nueva Misión pretenden crear la ilusión de que trabaja por solventar el problema, al tiempo que alimenta la esperanza de los más necesitados en que quizás les alcance la fortuna de recibir una casa.

Marco Negrón, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, comentó a IPS que, "con el sector económico de la construcción desmantelado, sólo mentirosos compulsivos pueden prometer que en los próximos dos años construirán casi 100.000 viviendas más que las levantadas en los pasados dos sexenios".

"Detrás de la nueva Misión no hay la mínima planificación ni de viviendas ni de nuevas ciudades, sino promesas insensatas y expropiaciones al azar de edificios, galpones o estacionamientos, y maquetas, muchas maquetas", según Negrón.

Chávez pidió a sus seguidores que ubiquen espacios vacíos o subutilizados donde el gobierno pueda construir viviendas. A la vez, autoridades intervinieron con tal fin galpones de empresas agroindustriales, edificios viejos o semiconstruidos, áreas de parques o jardines, y estacionamientos junto a comercios o edificios residenciales.

Habilitado por el parlamento, el gobierno dictó leyes que le autorizan a ocupar de urgencia terrenos o inmuebles que considere ociosos o subutilizados, y otras que protegen a los inquilinos, estableciendo que no podrán ser desalojados si carecen de otra vivienda en la cual residenciarse.

En este nuevo clima, en Caracas y otras ciudades, grupos de familias que alegan necesitar vivienda han invadido desde edificios o casas en construcción o que consideran abandonadas, hasta estacionamientos, locales comerciales, áreas verdes urbanas e inclusive templos evangélicos.

Cada vez con más frecuencia, los habitantes ya establecidos en un vecindario se organizan para bloquear a los invasores y la policía debió intervenir para sofocar conatos de violencia.

Gente como Díaz asegura que no participan en esas cosas. "Nos han advertido que, si invadimos o hacemos protestas callejeras, perderemos la opción de que algún día nos entreguen una casa. Pero este país es muy rico como para que nos pasemos la vida sin dormir alguna vez debajo de un techo propio", apuntó.

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