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Al cumplirse 500 días de sus detención, los directores de Econoinvest Casa de Bolsa, emitieron un comunicado en el que insisten en irregularidades graves en el juicio en su contra por lo que consideran injusta su reclusión.

Miguel Osío, Ernesto Rangel, Herman Sifontes, y Juan Carlos Caravallo plantean que lo que comenzó con una denuncia de la Superintendencia Nacional de Valores, el 12 de mayo de 2010 contra tres casas de bolsa por efectuar operaciones con divisas sin los respectivos soportes en títulos valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el Estado y un monto altamente significativo para el sector privado, garantizando más de 10.000 empleos, e incorporando al pequeño ahorrista al mercado de valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000 inversionistas directos, 3.500.000 indirectos y 1.200 cajas de ahorro.

Plantean que quedó comprobado que todas las operaciones estaban debidamente soportadas y autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (Sicet), sin embargo, un juez de control, el abogado Robinson Vásquez, saltándose el principio de legalidad penal que reza que no puede haber delito sin ley previa, decidió, contra toda lógica, que las operaciones con los títulos valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) eran ilícitas.

Lo que sigue es el resto del comunicado de los directores de Econoinvest y lo que ha ocurrido hasta ahora.

La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de 2005, reformada en febrero de 2008, autorizaba expresamente en su artículo 9 las operaciones con títulos valores y la excluía de responsabilidad penal. Sin embargo, luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada por el Banco Central de Venezuela y la propia Comisión Nacional de Valores, el juez Vásquez, inaugurando un nuevo e inconstitucional derecho, decidió que tales operaciones que realizaban entes públicos, privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las autorizaba.

Bajo esta aberración, hoy cumplimos 500 días privados ilegítimamente de nuestra libertad con los cargos de Comercialización Ilícita de Divisas y Agavillamiento.

Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, podría investigarse y juzgarse a todos aquellos que utilizaron legalmente estos mecanismos de ahorro e inversión: importadores, miembros de los sectores de la industria y del comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y sociedades de corretaje, a la banca nacional, pionera en la utilización de títulos valores para proteger sus capitales y negociarlos en divisas o en bolívares, a pesar de que todos actuaron amparados en las excepciones que brindaba la ley.

Mucha agua ha pasado bajo el puente. Clientes y accionistas minoritarios de la que fuera nuestra empresa han consignado ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República, denuncias por graves irregularidades cometidas en el proceso de intervención, tales como clonación de cheques, desaparición y aparente venta de los títulos valores de los usuarios, desaparición del mobiliario de la empresa, manipulación del orden de prelación del pago de las acreencias, el cual terminó favoreciendo a ciertos clientes corporativos en detrimento de los pequeños inversionistas, contrataciones de servicios externos de asesores, peritos, abogados, auditores y contadores, sin justificación real y pagos estrambóticos, contratación indebida de familiares de los interventores, pagos de publicidad sobrefacturada a supuestas agencias de publicidad al doble de su precio de mercado, venta de la cartera de bonos TICC los días previos a la devaluación, operación que representó una pérdida de 102 millones de bolívares fuertes a la casa de bolsa, a los clientes, y a los accionistas de la empresa.

Estas numerosas irregularidades denunciadas llevaron a la destitución de la junta liquidadora de Econoinvest, la misma que por medio de la difamación por medios de comunicación y presentación de acusaciones falsas, manipulación documentos y pruebas, nos mantienen en esta injusta reclusión, separados de nuestra familia.

Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa, seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro derecho a la justa aplicación de la ley, con el convencimiento irrestricto de que tarde o temprano habrá de imponerse la justicia./ENFOQUES365

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