Ccs. 20 Abr. (Enfoques365).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) solicitará a la Fiscalía General de la República una investigación de los jueces y fiscales que dieron libertad al boxeador Edwin Valero luego de ser procesado por maltratos a su esposa, a quien terminó asesinando el pasado domingo y tras lo cual se quitó la vida.
Elena Linares, secretaria general de la mujer del PCV, apoyada por movimientos femeninos del país, exigirá que se investigue a los fiscales y jueces que dejaron en libertad a Valero y que “no dieron respuesta inmediata” a la situación que venía sufriendo su esposa, Jennifer Carolina Viera de Valero, de 24 años, quien resultó asesinada por su cónyuge el pasado domingo cuando se encontraban en un hotel en Valencia, estado Carabobo.
Según Linares, la justicia debe actuar “independientemente” de quien sea el agresor, y más aún en casos como el de Valero, ya que por tratarse de una figura pública “debió actuarse con mayor rigor, pues debe darse el ejemplo de lo que significa incurrir en un hecho de violencia contra la mujer”.
Valero, ex campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CBM), se había convertido en “el mejor embajador deportivo” del programa Boxeo Olímpico de Calle, el cual es impulsado por la Asociación de Boxeo del Distrito Capital, reseñó en una oportunidad ABN.
Linares señaló que a pesar de los avances y conquistas que durante el “proceso revolucionario” se han alcanzado en materia de protección y defensa de los derechos de la mujer, persisten en el país casos de maltrato y violencia doméstica como parte de los códigos que aún persisten en la sociedad en relación a este tema.
“Realmente es un problema que vivimos en nuestra sociedad, en Venezuela. Se resalta el hecho porque fue realizado por una figura pública; sin embargo este nuevo hecho se suma a una cantidad importante de casos de mujeres asesinadas por sus esposos a través de la violencia contra la mujer que se da en el mundo entero”, indicó Linares en declaraciones difundidas por ABN.
Resaltó que los medios de comunicación enmascararon este suceso, aspecto que considera debe llamar la atención de todas y todos los venezolanos.
Linares destacó que “debe profundizarse la atención inmediata a las mujeres que son víctima de violencia, razón por la que todas las instituciones deberían estar encaminadas a este tema que representa un problema de salud pública, pues afecta el entorno de la pareja en la que ocurre estos hechos de violencia doméstica”.
“Cada diez días hay una mujer que muere por violencia, y muchas de ellas son anónimas porque resulta que nadie toma en cuenta estas dificultades que presenta nuestra sociedad, a pesar de todo lo que se ha hecho”.
“Por esto es necesario impulsar esos programas que se tienen en el Instituto Nacional de la Mujer, como es el 0800MUJER, para la atención a tiempo de esta problemática”.
Destacó que ese tema no es un problema de tendencias políticas sino de la conciencia de la sociedad, razón por la cual “desde todos los ámbitos debe trabajarse en función a reforzar la responsabilidad de los venezolanos y venezolanas para que casos como este no se repitan”.
Los antecedentes de Valero
El Ministerio Público informó el pasado domingo que Valero fue aprehendido el pasado 25 de marzo de 2010 en Mérida por, presuntamente, agredir a su cónyuge, quien horas antes se había presentado en un centro de salud de esa jurisdicción, donde los médicos, después de tratarla, le detectaron varias lesiones. Seguidamente, los galenos informaron sobre el caso al Cicpc de ese estado.
No obstante, en esa ocasión, según consta en el acta policial, cuando una de las funcionarias del Cicpc tomó entrevista a la víctima, ella señaló que sus lesiones eran producto de una caída. Segundos después arribó al lugar el boxeador y le habría prohibido conversar con la agente, a quien supuestamente también se dirigió en forma amenazante.
Ante tal circunstancia, el 27 de marzo el Ministerio Público, a través de la fiscal 20º de esa jurisdicción, María Rivas, lo imputó ante el Tribunal 6° de Control de Mérida, especializado en materia de violencia de género, por la presunta comisión de los delitos de amenaza, acoso, hostigamiento y resistencia a la autoridad en perjuicio de su cónyuge y de la citada funcionaria del Cicpc.
Los delitos imputados están previstos en la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, la fiscal solicitó al Tribunal medida privativa de libertad contra Valero. Sin embargo, el juez le otorgó al boxeador medidas cautelares, consistentes en prohibición de acercarse a las víctimas y a sus residencias, presentación periódica ante el referido juzgado, someterse a un proceso de desintoxicación para curarse del consumo de alcohol y drogas, y acudir a un centro especializado en tratamiento para las personas implicadas en violencia contra las mujeres.
Al Ministerio Público, la Ley le otorga un lapso de cuatro meses para presentar un acto conclusivo en este caso ocurrido el pasado 25 de marzo.
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