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Ccs. 02 Jun. (Enfoques365).- La Asamblea Nacional (AN) exhortó al Ministerio Público (MP), al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República a que actúen de manera expedita y establezcan las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar contra el ex candidato presidencial, Manuel Rosales, y el ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, procesados por supuestos hechos de corrupción.

La exhortación del parlamento está contenida en un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial número 39.436, de fecha martes 1 de junio de 2010, reportó la gubernamental Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

La Contraloría General de la República inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por 12 meses a Rosales, quien también fue gobernador del estado Zulia, por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas durante su gestión, entre ellas la presentación jurada de patrimonio al cese de sus funciones.

En abril del año pasado, el Gobierno de Perú le concedió a Rosales asilo político, pues asegura ser un perseguido político del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Rosales está incluido en la lista de postulados de los partidos de oposición a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Aspira a una curul en la Asamblea Nacional (AN) por la circunscripción número 6 del Zulia.

Al ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, la Contraloría General de la República lo inhabilitó también para ejercer cargos públicos durante los próximos ocho meses.

La resolución de la contraloría especifica que Martínez fue inhabilitado “por incumplir reiteradamente en la obligación de presentar sus declaraciones juradas de patrimonio, correspondientes al ingreso y cese de sus funciones como mandatario estadal, entre los años 2004 y 2008”.

El 8 de diciembre de 2009, el Juzgado Segundo de Control del estado Sucre ordenó la captura y prohibición de salida del país de Martínez, por presuntas irregularidades en proyectos que se desarrollaron durante su gestión como gobernador.

Esos proyectos incluyeron construcciones de la Misión Barrio Adentro y un Plan de Producción Pesquera para el cual se destinaron 800 mil bolívares, pero quedaron inconclusos.

Estos delitos suponen penas de entre seis meses y 10 años de cárcel.

Martínez también recibió asilo político del Gobierno de Perú.

La inhabilitación para ejercer cargos públicos es una potestad que, según la ley, posee el Contralor General de la República.

El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, aclaró en su oportunidad que a Rosales y a Martínez no se les está imponiendo una sanción política, sino administrativa.

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