Allí Ramírez pidió que sean auditados específicamente los recursos que les han sido asignados por vía de diferentes y consecutivas leyes de presupuesto, para constituir los fondos de jubilaciones y pensiones del personal obrero, administrativo y docente de estas instituciones.
Sobre esto último, ahondó en que se trata del destino y los usos del dinero que les ha entregado el Estado venezolano desde la década del 70, una cifra que supera el billón de bolívares fuertes y donde las autoridades universitarias, conjuntamente con las fundaciones privadas y las asociaciones civiles a lo interno, han tomado esos recursos para la compra de bienes inmuebles, para depositarlas en bolsas de valores, bancos internacionales y para comprar clínicas privadas.
Dijo que hasta la fecha las instituciones no han cancelado ni una pensión ni una jubilación, refiriéndose específicamente a las Universidades Central de Venezuela (UCV), de Los Andes (ULA), del Zulia (LUZ), de Carabobo (UC), de Oriente (UDO), Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (Ucla), “Simón Bolívar” (USB), Nacional Experimental del Táchira (Unet), Nacional Abierta (UNA), Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (Unexpo). “Seremos implacables contra los corruptos”, precisó.
“Queremos decir categóricamente a la oligarquía corrupta de las Universidades Autónomas y Experimentales que aquí hay un Gobierno dirigido por el Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, que vino para establecer justicia social y para que profesores, obreros y empleados puedan tener el derecho a sus jubilaciones y pensiones de acuerdo a lo que establece la normativa legal”, recalcó.
En este sentido, el Ministro Ramírez denunció además ante la Fiscalía General de la República que las universidades nacionales dispusieron la creación de contribuciones parafiscales de obligatorio cumplimiento para sus trabajadores, y que a partir de las disposiciones creadas por los Consejos Universitarios a éstos se les retiene un aporte para el fondo, pues por esta vía han escapado del control y la supervisión del Estado venezolano, ya que las mismas se han regido por las normas de administración propias del derecho privado.
De igual manera, lo hizo ante la Defensoría del Pueblo, representada por su titular Gabriela Ramírez, por ser notoria la inconstitucionalidad de las normativas legales y reglamentarias, que posibilitaron la creación de regímenes de seguridad social en las universidades.
Esto a fin de que dicho organismo instruya lo conducente para el ejercicio de las acciones que garanticen los aportes realizados por los trabajadores de dichas casas de estudios a lo largo de sus años de servicio, el cual ha sido desviado hacia otros fines en menoscabo de sus derechos.
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