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Por Humberto Márquez

El gobierno de Venezuela sancionó con casi 2,2 millones de dólares al canal de noticias Globovisión, de línea editorial opositora, por su cobertura de la crisis en una cárcel que en junio dejó decenas de muertos. Se le atribuye apología del delito e instigación al odio y a la intolerancia.

Es otra vuelta de tuerca en la confrontación que ya lleva varios años entre el gobierno izquierdista de Hugo Chávez y los medios de comunicación privados más críticos.

En el marco de esta disputa, el gobierno no renovó en 2007 la concesión de la señal y le ocupó los edificios de transmisión a Radio Caracas Televisión, que era el canal por aire más antiguo y popular del país. Un año después perdieron también sus permisos temporales 32 estaciones privadas de radiodifusión.

La multa a la emisora televisiva de 24 horas de noticias Globovisión, que equivale a 7,5 por ciento de los ingresos brutos de 2010, "es impagable", aseguró a IPS su vicepresidenta ejecutiva, María Fernanda Flores. "No tenemos ese dinero… representa la quiebra financiera de la empresa", añadió.

Posteriormente, el empresario Guillermo Zuloaga, principal accionista de Globovisión, anunció desde Estados Unidos, donde está radicado, que gestionará los recursos para encarar la sanción, "pues no es con multas que nos van a cerrar".

La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) denunció que "el gobierno de Chávez pretende cerrar al canal de noticias mediante asfixia económica".

"Aplicando una modalidad de terrorismo financiero de Estado, se comete una agresión más hacia el derecho de estar informados de los venezolanos. Este nuevo intento disfrazado de cierre de un canal de televisión es otra muestra de la intolerancia y el miedo a la verdad que sufre el gobierno", declaró la MUD en un comunicado. Los venezolanos están convocados a las urnas para octubre de 2012 con el fin de elegir presidente para el período 2013-2019. Se prevé una recia medición de fuerzas entre Chávez, que aspira a una segunda reelección, y un abanderado opositor que la MUD escogerá en comicios primarios y abiertos el 12 de febrero.

"A un medio al que se le sancione con 2,2 millones de dólares de multa se le está decretando la quiebra. Y, si existe una clara tradición en temas de libertad de expresión, es que todo castigo no implique el cierre del medio", observó a IPS Andrés Cañizález, del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Católica Andrés Bello.

En cambio, el diputado oficialista Diosdado Cabello, arquitecto de las regulaciones sobre los medios radioeléctricos, saludó "la buena noticia de que se le ponga freno a los desmanes de Globovisión, que incitó a la desestabilización con los sucesos de El Rodeo, manipulando la verdad para crear caos".

En la cárcel El Rodeo, ubicada 30 kilómetros al este de Caracas, se registró un motín en junio que evidenció el poderío de las bandas que controlan a los reclusos de las cárceles venezolanas, con abundantes y pesadas armas de fuego, municiones y granadas.

Miles de efectivos de la Guardia Nacional (policía militarizada) coparon la primera sección de la cárcel, El Rodeo 1, con el saldo de 22 presos y un visitante muertos, mientras que los alojados en la segunda sección, El Rodeo 2, resistieron atrincherados por un mes el asedio de las autoridades que buscaron dominarlos combinando persuasión y fuerza.

Al final se evadieron un centenar de presos, se denunciaron arreglos entre líderes de las bandas y autoridades, y al menos otra media docena de reclusos fallecieron.

El drama fue profusamente cubierto por el periodismo, con la particularidad de que los reporteros de los medios estatales accedían a las inmediaciones de la cárcel y obtenían declaraciones de funcionarios, mientras que los enviados de los privados, nacionales y del extranjero, eran bloqueados a un kilómetro de la prisión.

A ese lugar alejado de los muros acudían familiares de los presos a denunciar y presentar reclamos ante los micrófonos, por lo que, según ellos, ocurría en la cárcel y en demanda de información acerca de las decisiones de las autoridades.

Globovisión difundió con abundancia –más de 200 veces en apenas cuatro días, según el gobierno– las versiones de los familiares que más protestaban y reclamaban.

Esa fue la base para una investigación en su contra por parte de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo la presunción de que la emisora privada había incurrido en faltas penadas por la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que la mayoría oficialista impuso en el parlamento en 2005 y que fue reformada en 2010.

El abogado Pedro Maldonado, presidente de Conatel, anunció el martes 18 que se multó a Globovisión por haber incurrido en "apología del delito, incitación al desconocimiento del orden jurídico, alteración del orden público, fomento a la zozobra de la ciudadanía e instigación al odio y a la intolerancia".

El directorio de Conatel, un organismo que depende de la Vicepresidencia de la República, está integrado por 11 miembros, ocho de los cuales son representantes del Poder Ejecutivo.

La Ley de Responsabilidad Social establece que el directorio de Conatel decide y califica cuáles delitos se cometen en el ámbito de la radio y televisión, sin que medie trámite alguno ante tribunales, e impone las sanciones según valore la gravedad de las faltas.

Ricardo Antela, abogado de Globovisión, indicó que, para respaldar si hubo "fomento de la zozobra" o "instigación al odio", Conatel se basó en una consulta a "un experto que no ha sido identificado y cuyas opiniones bastaron para dictar la sanción".

"Se sanciona el contenido y el modo en que se presenta una información, las veces que un canal informativo presenta o repite una noticia", señaló a IPS Carlos Correa, de la organización no gubernamental sobre temas de comunicación Espacio Público.

Para Correa, "se está castigando la línea editorial de un medio y el trabajo de sus periodistas, olvidando que los medios lo que hacen es precisamente mediar entre la gente, en este caso los familiares de los presos, que expresaban sus pareceres, y las autoridades y el público".

"La decisión de Conatel responde a la necesidad de sentar un precedente para que se respeten las leyes. Globovisión es un canal que viene desafiando y faltándole el respeto al Estado venezolano reiteradamente. Llega el momento en que se tienen que aplicar las sanciones correspondientes", dijo el diputado oficialista Julio Chávez.

La organización no gubernamental Periodistas por la Verdad, afín al partido de gobierno, justificó la medida porque "Globovisión miente y manipula a la opinión pública, ya que se comprobó la comisión de apología del delito, fomento de la zozobra a la ciudadanía e instigación al odio por razones políticas".

En el exterior, organizaciones como la empresarial Asociación Internacional de Radiodifusión, la Sociedad Interamericana de Prensa, de propietarios de diarios y revistas, y Human Rights Watch criticaron la multa, porque atentaría contra la libertad de expresión y buscaría en la práctica cerrar Globovisión./IPS

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