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Caracas, 13 Ago. ABN.- La Asamblea Nacional (AN) en la sesión de este jueves, aprobó la Ley Orgánica de Educación aunque con reformas propuestas por los diputados y la Comisión que elaboró el proyecto de Ley.

En vista de las modificaciones, la ley fue devuelta al seno de la Comisión de Educación, donde será redactado el informe para su lectura en cámara plena.

La aprobación de la ley pudo darse luego que la presidente de la AN, Cilia Flores prorrogara la discusión.

El debate que se inició desde tempranas horas de la tarde estuvo, acompañado por cientos de ciudadanos que, en apoyo a la propuesta de ley, se apostaron a las afueras de la AN gritando consignas y viendo en pantalla gigante la actividad parlamentaria.

Durante la discusión, parlamentarios de la bancada opositora Podemos se retiraron al ver frustrados sus intentos por sabotear el orden de debate y promover disturbios dentro del hemiciclo. Además de la bancada de Podemos, se retiraron también de la plenaria diputados del Frente Popular Humanista.

Los opositores gritaron a su salida que promoverían actos de calle y un referendo abrogatorio para esta ley por considerarla anticonstitucional.

Entre los beneficios que trae la novedosa ley se encuentra el incremento de los días de escolaridad, donde se establece que el año escolar tendrá un mínimo de 200 días de clase, manteniendo los 60 días de vacaciones.

Contrario a los argumentos usados para hacer campaña negativa a la ley de educación, esta propuesta afianza la Patria Potestad, al plantear que “las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la formación de valores, principios, creencias, actitudes, normas y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos'.

De igual forma, se respeta la pluralidad ideológica que señala que se fundamenta por una parte en la doctrina bolivariana, en la de Simón Rodríguez y en el humanismo social además de estar abierta a todas las corrientes del pensamiento.

PROTESTAS Y REPRESIÓN

Caracas, ago 14 (Enfoques365).- La capital venezolana estuvo convuslionada ayer, por las manifestaciones que a favor y en contra de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, se produjeron desde la mañana: una protegida y tolerada por el gobierno, que se plantó en las afueras del Palacio Federal Legislativo, con pantalla gigante, sonido y protección policial y militar; y la otra, frustrada por la represión policíaco-militar y el accionar de las conocidas bandas parapoliciales del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, cuya acción dejó una docena de periodistas atropellados, en su mayoría pertenecientes a la Cadena de Publicaciones Capriles, editora de los diarios Últimas Noticias y El Mundo.

Las autoridades, docentes y estudiantes de diversas universidades públicas y privadas, junto con partidos políticos opositores y organizaciones no gubernamentales del área educativa y de defensa de los Derechos Humanos, habían convocado movilizaciones adversas al proyecto de ley, con la exigencia de última hora de postergar su discusión, a lo que no accedió la mayoría parlamentaria.

Los piquetes de manifestantes críticos al proyecto que sería discutido, fueron repelidos por las fuerzas anti motines de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, habitualmente utilizadas por el gobierno del presidente Chávez, para controlar y reprimir protestas opositoras.

Entre tanto, la manifestación convocada por el gobierno, fue protegida por la fuerza pública y permitido su acceso a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, posibilidad vedade en Venezuela a cualquier protesta opositora. Siempre niegan los permisos, cuando de crítica a los proyectos oficialistas, se trata.

El debate parlamentario comenzó cerca de las dos de la tarde, y se prolongó hasta pasadas las once de la noche, con intervenciones favorables y contrarias al fondo y al articulado de la ahora Ley Orgánica de Educación, que está pendiente de modificaciones menores en la Comisión de Educación de la AN, y su promulgación por el parlamento, para luego ser autorizada por el Presidente de la República, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución.

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