Por Diego Cevallos

MÉXICO, 29 ene (IPS) - La denuncia por maltrato doméstico que la mexicana Itzel Bernal presentó contra su ex esposo en mayo de 2008 habría quedado enterrada en archivos policiales y sus llamadas telefónicas para preguntar por el caso quizás perdidas en la memoria de algún agente. Pero ella no olvida.

Seis meses después de presentar su denuncia, que según Bernal tuvo seguimiento, el agresor fue a visitarla, le llevó flores y le pidió perdón. Pero perdió la cabeza frente al rechazo de su ex compañera y le propinó una golpiza mayúscula. La mujer terminó en el hospital con una costilla rota.

El gobierno y diversos grupos sociales habían recibido con fanfarrias la entrada en vigor en febrero de 2007 de una nueva y amplia ley contra la violencia hacia las mujeres. Ahora, un informe difundido por la organización no gubernamental Amnistía Internacional este jueves, indica que tal normativa sirvió de muy poco.

Por su experiencia personal, Bernal sostiene que la ley no sirvió de nada.

Los legisladores que redactaron la llamada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estaban tan entusiasmados en 2007 que contrataron espacios publicitarios por varias semanas en lo que afirmaban que gracias a ella "esta será la última vez que le peguen a Patricia", personaje encarnado en una mujer que aparecía con golpes en el rostro.

Pero la historia de Bernal fue otra. Tras la golpiza y por desconfiar de la policía, que en caso de haber realizado su trabajo posiblemente habría evitado el ataque, no volvió a presentar su caso ante las autoridades ni pidió apoyo de ninguna organización pública o privada.

Su ex marido, en tanto, desapareció del mapa.

"No volvió más y no sabemos donde está, es lo mejor que podía pasar", relató a IPS esta mujer de 40 años que vive en el estado de México, distrito vecino a la capital.

Datos difundidos por el gobierno del conservador Felipe Calderón cuando se promulgó la ley, indican que 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más han sufrido algún tipo de violencia.

Según Rupert Knox de Amnistía Internacional, uno de los autores de la evaluación que ese grupo hizo a los dos años de vigencia de la norma, gran parte de esa herramienta quedó en letra muerta.

"Es evidente que hubo falta de voluntad y compromiso de las autoridades de todos los niveles para cumplir con la ley, pero lo mismo sucede con otra infinidad de normas, lo hemos visto por muchos años en México", dijo Knox a IPS desde Londres, sede central de esa organización defensora de los derechos humanos.

En la ley contra la violencia a las mujeres, que fue el resultado de amplios debates políticos en los que hubo una activa participación de las organizaciones no gubernamentales, se indicaba que los 32 estados de este país con organización federal debían replicarla en sus propias legislaciones. De acuerdo al informe de Amnistía, dos estados aún no lo han hecho.

"De las 30 entidades que han pasado la ley, pocos han cumplido con algunas de sus principales normas: sólo cinco han cumplido con la obligación de establecer procedimientos reglamentarios esenciales para convertir la ley en más que papel y sólo 20 tienen un sistema de coordinación de agencias para la prevención de violencia contra las mujeres", reza el documento.

En cuanto a la construcción de nuevos refugios para mujeres víctimas de violencia, que según la normativa debía multiplicarse a partir de 2007, tampoco hay avances. A los 60 existentes en el país hace dos años, entre estatales y regentados por organizaciones sociales, sólo se añadieron dos y todavía están en proceso de construcción.

Knox indicó que apenas cinco estados emitieron reglamentaciones sobre la ley, "lo que es un paso esencial para su implementación".

"El resumen es que la ley y la violencia contra las mujeres no han sido prioridades para ninguna autoridad, ya sea federal o local", expresó.

Además y pese a alguna campañas oficiales y al trabajo de muchos grupos no gubernamentales, para "nosotros no ha habido un descenso de la violencia contra las mujeres", declaró Knox.

En la ley de 2007 se contempló que para abril de ese año debía quedar integrado el llamado Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar a Violencia contra las Mujeres, en el que estarían autoridades del gobierno central, estaduales y municipales.

También se estipulaba que en 2008 debía estar listo un programa de acción sobre la materia, un diagnóstico y una base de datos sobre casos de violencia.

Consultas realizadas por IPS entre autoridades y fuentes del Poder Legislativo indicaron que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar a Violencia contra las Mujeres se reunió una sola ocasión y fue en mayo de 2007.

En cuanto al diagnóstico y al programa de acción ofrecidos, ambos siguen pendientes.

La norma contra los maltratos domésticos fue aplaudida en su momento, pues sanciona la violencia psicológica, física y patrimonial (actos que impliquen el despojo de bienes y dinero) ejercida contra mujeres, cualquiera sea su edad y estado civil, dispone la detención inmediata del presunto agresor y estipula la protección de la agredida.

Además, indica que debe darse una acción encadenada del Estado para eliminar la violencia de género.

Bernal, quien prefiere "para no ser molestada" no ofrecer detalles sobre dónde presentó su denuncia por violencia doméstica, dijo que se enteró de la ley de 2007 por la propaganda en los medios de comunicación.

"Yo hice la denuncia porque llegué a tener miedo de que me mate (su ex marido), pero sin saber de leyes ni nada y eso porque mi comadre me acompañó (a las oficinas de una fiscalía)", relató.

Bernal reconoció que fue bien tratada por el personal que recabó su denuncia, algo no muy común según han señalado otras mujeres al presentarse ante autoridades por casos similares.

Sin embargo, según la versión de esta mujer, ningún agente o policía dio seguimiento a su caso y, ante sus insistentes llamados telefónicos para preguntar, recibió siempre vagas explicaciones. "Luego terminé en el hospital y de eso no me olvido", puntualizó.

Knox, quien realiza desde hace siete años diversas investigaciones sobre derechos humanos en México, expresó que los grupos de mujeres que trabajan en el tema de violencia han intentado sin mucho éxito promover la ley.

El Estado con su ineficiencia "ha puesto trabas de todo tipo, no ha habido la seriedad que se esperaba ni se ha promovido la coordinación de acciones. Hay que presionar mucho más por los cambios", expuso.