Ccs. 01 mar. (Enfoques365).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió hoy un comunicado en el cual rechaza por “inaceptable” y por tener una “motivación política”, la acusación de un juez español sobre la supuesta cooperación entre el gobierno del presidente Hugo Chávez con el grupo subversivo de las FARC, de Colombia, y el grupo separatista vasco ETA, de España.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, abrió una investigación sobre las conexiones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el grupo separatista vasco ETA para determinar si, como sostiene la Fiscalía, cinco miembros de ETA participaron en 2003 y 2007 en cursos sobre explosivos impartidos en la selva colombiana.

Los investigados son Iñaki Domínguez Atxalandaburo y otro etarra conocido con el apelativo de Martín Capa, que habrían impartido cursos sobre explosivos en agosto de 2007, y José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán, que los habrían recibido entre julio y agosto de 2003.

En la actualidad, todos ellos se encuentran huidos en Cuba y Venezuela, según señalan versiones periodísticas.

El escrito del fiscal, que parte del análisis de 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Édgar Devia, alias «Raúl Reyes», durante estos entrenamientos las FARC pidieron a ETA su colaboración para atentar en España contra el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y otros líderes políticos y militares del país sudamericano.

El curso duró unos 20 días, a razón de dos horas diarias, e incluyó sesiones teórico-prácticas sobre el manejo del C-4, un explosivo con «un efecto destructivo superior» al de la dinamita y de fácil adquisición en Venezuela.

A continuación transcribimos el comunicado del MRE:

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tuvo conocimiento, por vía de prensa, del auto de procesamiento emitido por un juez español, en el cual se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano.

En el mencionado auto, se hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González.

Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo, mientras que el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano.

La totalidad de los cuestionamientos formulados por este juez, son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes, durante la operación militar que implicó el bombardeo ilegal del territorio ecuatoriano y durante la cual fueron masacradas decenas de personas. Resulta también sorprendente que el juez resucite la desgastada farsa del computador, que ya ha pasado a formar parte del folklore político colombiano.

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, en comunicación con el Canciller del Reino de España, recordó el acuerdo de 1989 producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español, repudió los señalamientos infames de este juez español y reiteró el profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela”.

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