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Abr. 24 (RNV).- El Ministerio Público comisionó al fiscal 23° ambiental del estado Lara, Andrés Rodríguez Sánchez, para que investigue los daños ecológicos que presuntamente han sido producidos por la minería ilegal en la zona del Alto Caura, en el estado Bolívar.

Así lo informó la directora de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, Rosalba Melillo, en el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela.

Melillo mencionó que se ha observado con preocupación la deforestación de uno de los territorios que se había mantenido intacto por años.

Puntualizó que El Caura es una de las zonas de reserva forestal que aún se mantiene prístina. "Quedan bosques originarios, que nacieron con la reserva. Por esto y más, debemos salvaguardarla para proteger las cuencas, los animales, las especies vegetales", subrayó.

Acotó que el objetivo de las autoridades es que el proceso de explotación sea bien dirigido, con permisología legal, a fin de evitar el daño de la capa de la superficie de la tierra.

Asimismo, refirió que las maquinarias pesadas no permisadas son incautadas a fin de mitigar los daños, y que es preciso la conjunción de todos los entes en materia ambiental para abordar la problemática y bajo una sola directriz resolver la situación.

Vale destacar que fiscales ambientales solicitaron en su debida oportunidad, y fueron acordadas, medidas precautelativas iniciales para la zona selvática del estado Bolívar, por lo que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, cada vez que incauten materiales, herramientas o elementos destinados a la actividad minera deben ser destruidos en su totalidad inmediatamente.

Por otro lado, a través de un contacto telefónico, el fiscal Rodríguez Sánchez, indicó que el objetivo principal de participar en las reuniones conformadas por un equipo multidisciplinario e interinstitucional es asumir compromisos para atacar desde distintas ópticas el problema de la minería ilegal.

En la actualidad, distintos organismos en materia ambiental y seguridad como el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Energía y Petróleo, Industrias Básicas y Ligera, Instituto Nacional de Parques, Ejército Bolivariano, Poder Judicial y Ministerio Público, se han unido para evitar de manera indiscriminada la explotación, y por ende, el comercio de oro que tiene un impacto ambiental, muchas veces irreversible. 

Vea también:

Gobierno venezolano emprende “operativo militar de envergadura” contra minería ilegal en Bolívar y Amazonas

http://bit.ly/dlY8t9

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