Por Humberto Márquez
CARACAS, 11 feb (IPS) - Una semana atrás una turba detuvo a un presunto violador en El Valle, populoso sector del sudoeste de la capital venezolana, lo masacraron a palos y prendieron fuego el cadáver dos veces para que la prensa captara la escena. Pese al horror de las imágenes, casi ningún actor político se refirió al caso.
Aunque el linchamiento se perpetró en plena recta final de la campaña para el referendo sobre la propuesta de cambio de la Constitución que permita la reelección ilimitada de todos los cargos electivos, apenas si mereció la atención de los protagonistas de la contienda, salvo la condena del gobierno y acusaciones de la oposición por la inseguridad ciudadana.
Es que toda la materia social parece oculta por el fragor meramente político de esta confrontación, que se dilucidará en las urnas el próximo domingo y que se centra en la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha gobernado 10 años y aspira a seguir al menos otra década.
En una cuña publicitaria para pedir el voto por el Sí, que pregona Chávez, una mujer pobre llega a una clínica privada en busca de auxilio y es rechazada por no tener tarjeta de crédito, pero se trata de una pesadilla porque en verdad está a las puertas de un centro gratuito de Barrio Adentro, el programa de salud que impulsó el mandatario desde 2003.
Sin embargo, soluciones como Barrio Adentro, su instrumentación o su crítica también fueron relegadas en la batalla electoral, de apenas cuatro semanas. "No hay tiempo para convencer a tanta gente, lo que debemos hacer es movilizar a nuestros votantes, que son mayoría", dijo Chávez en una de las reuniones con su comando de campaña.
La propuesta de enmienda constitucional es suprimir todo límite distinto al voto para que puedan ser reelegidos los funcionarios de elección popular. Chávez, quien llegó a la presidencia en 1999, se relegitimó en 2000 y fue reelegido en 2006 para un mandato que expira en enero de 2013, aspira a postularse para gobernar "al menos hasta el 2019", según sus propias palabras.
"El saldo de estos 10 años de gobierno es muy positivo, pero aún falta mucho por hacer", dijo el mandatario en una entrevista de televisión. "Hace una década, la mitad de la población estaba en la pobreza y la hemos reducido a 25 por ciento", señaló.
Invocó en su auxilio declaraciones de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para quien Venezuela muestra "indicadores muy positivos en el ámbito social", pues "es uno de los países que destina más gasto público a su gasto social: prácticamente 14 por ciento" del producto interno bruto.
Bárcena corroboró que, según las estadísticas gubernamentales, en 10 años en Venezuela la pobreza extrema se redujo de 25 a 8,5 por ciento de la población.
"Las cifras dan cuenta de una reducción de la pobreza general y extrema, y de una positiva continuidad en las políticas de inclusión en educación, así como mejoras en la alimentación y el consumo de los venezolanos", señaló a IPS Marino Alvarado, coordinador de Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos.
El desempleo abierto, que rondaba 12 por ciento de la población económicamente activa hace una década, ha bajado a casi seis por ciento, recordó Chávez. "A pesar de eso, la gente lo ubica como el segundo mayor problema después de la inseguridad, lo cual se explica por la persistencia de un empleo muy precario y mal remunerado", observó a IPS Luis León, director de la firma encuestadora Datanálisis.
El Ministerio de Información presenta como otro logro avances en la equidad de género. "Numerosos consejos comunales (organizaciones vecinales que impulsa el gobierno) están dirigidos por mujeres, cuatro de los cinco poderes públicos están dirigidos por mujeres y 16 por ciento de los parlamentarios son mujeres".
Chávez admite fallas en materia de vivienda. Frente a un déficit estimado hasta en dos millones de unidades, para este país con casi siete millones de hogares, se construyen sólo unas decenas de miles de unidades cada año.
El tema de la inseguridad ciudadana alcanza, en las encuestas, cotas de hasta 80 por ciento como primer problema del país. Venezuela registra más de 13.000 homicidios por año, una tasa cercana a los 50 por cada 100.000 habitantes. En las barriadas más pobres de Caracas se registran decenas de muertes cada fin de semana, una media de más de 130 por 100.000 habitantes.
Esa situación se ha convertido en un reclamo opositor, sobre todo después que ante un posible desborde de manifestaciones estudiantiles contra su propuesta de enmienda, Chávez ordenó "echarle gas (lacrimógeno) del bueno" a los jóvenes, mientras que las comunidades, como las de El Valle, reclaman que la policía luche contra el crimen.
"El tema de la inseguridad está en nuestra agenda de todos los días", se defendió Chávez. "Yo no tengo una mentalidad represiva, y cuando estamos luchando contra el desempleo, la pobreza y por la inclusión, combatimos la delincuencia", aseveró.
Sin embargo, en una de sus principales réplicas, la oposición ha asociado el "no" a la inseguridad con el "no" a la propuesta de lo que llama "reelección indefinida".
Chávez ya propuso eliminar trabas a su posible reelección dentro de una reforma a la Constitución que fracasó en referendo en 2007, al ser rechazada por 51 por ciento de los votantes y gracias a la abstención de millones de quienes le reeligieron como presidente en 2006.
Esa abstención, al provenir de los sectores pobres donde son mayores los problemas de seguridad y tienen otras carencias, fue interpretada como un voto de protesta social. Quizá por ello, aunque presenta logros en materia social, el presidente Chávez, en numerosas cadenas nacionales de radio y televisión y en una copiosa publicidad oficial, "trata de reconectarse con su electorado apelando a elementos afectivos, más que a un balance sobre la obra realizada o no", comentó a IPS Oscar Schémel, analista de la firma encuestadora Hinterlaces.
La oposición, por su parte, apenas si ha podido ocupar el puñado de gobernaciones de estados y alcaldías que consiguió en las elecciones regionales de noviembre de 2008, y se ha encontrado con que dependencias e instalaciones de salud, de educación, policía, transporte y aún de televisión, fueron traspasadas al poder central.
Por eso, y por lo fulminante de la campaña tras un año de agotadores esfuerzos por las gobernaciones y alcaldías, los opositores a Chávez no han podido estructurar un mensaje que relieve lo social frente a la propuesta netamente política de la enmienda.
Como ocurre con los posibles ajustes económicos en el marco de la crisis global, lo social aparece en Venezuela como una materia aplazada para después del domingo próximo.
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