La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó investigar a las empresas de telefonía Movistar y Digitel, por incumplir con lo dispuesto en la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, que establece un tiempo máximo para suministrar la información requerida por el Ministerio Público, según reseñó una nota de prensa institucional.

Vidalina Vera, madre de Wilmary Brizuela, quien fuera detenida por funcionarios del CICPC el pasado viernes 18, denunció ante la Fiscalía General de la República las torturas a las que fue sometida su hija luego de ser sacada de forma violenta de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Ciudad Bolívar, donde trabaja como profesora.

Dos de los detenidos fueron imputados por homicidio intencional en perjuicio Miguel Ángel Carrero y Elsa Mejías, periodistas del Diario La Prensa, quienes murieron de manera instantánea, y por lesiones personales en perjuicio de Derwin José Giménez y Nabetsa Damas, quienes también iban a bordo del vehículo Aveo con los otros dos comunicadores sociales fallecidos. Los otros dos detenidos son menores de edad.

También serán enjuiciados Verónica Cubek, vicepresidenta de operaciones de InverUnión, y Diego Mata, empleado de Gonzalo Tirado y Asociados, por los delitos de apropiación de fondos de una institución financiera y asociación para delinquir.

Pedro Aranguren, abogado del columnista de prensa Leocenis García, anunció este lunes que a solicitud de su defendido, recusó al Juez 20 de juicio, Jesús Ramírez, por considerar que está parcializado con el Ministerio Público y por conocer nuevamente la causa del periodista una vez que fue recusado anteriormente.

Ana Díaz, esposa de Edicson González, uno de los detenidos, dice que al momento del asesinato de la profesora universitaria su esposo se encontraba en su casa y que fue detenido sólo por tener una camioneta parecida a la usada para perpetrar el hecho.

“Yo, como se sabe, estoy privado de libertad, así que no entiendo en qué parte del Código Orgánico Procesal se prevé la detención de familiares de un preso porque se le ocurra a alguien la teoría de que un hecho tan horrible, como es la muerte de una persona, pueda ser responsabilidad de alguien que está privado de libertad”, dijo el recluso en un comunicado que hizo llegar hoy a la prensa.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística del estado Táchira incautaron 3 mil kilos de soda caústica y 25 mil kilos de jabón en polvo, sustancias químicas precursoras utilizados en la elaboración de cocaína.

Fueron detenidos dos ciudadanos que mostraron documentos incompletos para la adquisición de monedas fuera de circulación con el objeto de fundirlas y comercializar el metal.

Los presuntos autores del atraco y asesinato contra el conductor José Porras, hecho ocurrido el pasado 8 de junio que generó una protesta por parte transportistas, fueron capturados por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El Ministerio Publico será implacable en el caso de los contenedores de comida en descomposición. Así lo manifestó este jueves la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa realizada en la sede de esta institución.

Producto de la acusación realizada por el Ministerio Público, José Gregorio Hernández e Isidro José Chiquito Montilla, fueron condenados con penas que oscilan entre 6 y 8 años de prisión, por su participación en el secuestro y posterior homicidio del empresario italiano Filippo Sindoni, interceptado por una falsa alcabala policial en la avenida Las Delicias de Maracay, estado Aragua, el 28 de marzo de 2006.

El Ministerio Público comisionó al fiscal auxiliar 73° del área metropolitana de Caracas, Jairo Flores, para que investigue las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión del lanzamiento de unos artefactos explosivos contra la Torre de la Prensa, sede de la editorial Cadena Capriles, ubicada al final del bulevar Panteón, parroquia Altagracia, hecho ocurrido este lunes 07 de junio en horas de la noche.

A solicitud del Ministerio Público, fueron detenidos en las ciudades de Caracas y Los Teques, Ronald Flores y Vilyeska Betancourt, quienes fungieron como gerente general y directora ejecutiva de Operaciones de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) durante el año 2009, por su supuesta relación con la investigación sobre alimentos de la cesta básica encontrados en mal estado en contenedores en un almacén en Puerto Cabello, Carabobo, el pasado 25 de mayo.

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