El proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social, que entrará a primera discusión el próximo martes, permitirá que las denuncias realizadas por las comunidades sobre irregularidades de empresas públicas o privadas sean atendidas con celeridad y sean vinculantes.

El vicepresidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, diputado Orésteres Leal Briceño, indicó que el objeto de esta norma es darle poder al pueblo para que ejerza la contraloría de manera más eficiente y para que las denuncias puedan ser atendidas con celeridad.

También se busca avanzar en la conformación de la constituyente agraria, para contar con un frente amplio ante los ataques de la oposición que se agudizarían en los próximos meses, porque han expresado que de llegar al parlamento trabajaran por la eliminación de leyes, entre éstas, la de Tierras y Desarrollo Agrario, hecho que “no permitiremos”, dijo el diputado Jhonny Milano.

La Asamblea Nacional (AN) exhortó al Ministerio Público (MP), al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República a que actúen de manera expedita y establezcan las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar contra el ex candidato presidencial, Manuel Rosales, y el ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, procesados por supuestos hechos de corrupción.

Miembros de la Asamblea Nacional mantienen reuniones con asociaciones de personas que están en condiciones de inquilinato, a fin de elaborar un anteproyecto de ley que regule esta materia, la cual será presentado a la plenaria del Parlamento, informó Darío Vivas, vicepresidente de la AN.

Tras la reciente aprobación de la Ley de la Actividad Aseguradora “entraremos en la regulación del sistema privado de salud (...) Nos corresponde ahora las clínicas”, anunció este viernes el diputado Tirso Silva, miembro de la Subcomisión Especial para el Control de Centros de Salud Privados.

De acuerdo al artículo 101 de la Constitución, la directiva de la Asamblea Nacional se elige una vez al año y solamente en caso de ausencia absoluta por muerte o renuncia se procede a la sustitución de las personas que ocupan esos cargos, lo que no ha sido el caso del diputado José Albornoz.

A propuesta de del diputado Mario Isea, del partido de gobierno, la Asamblea Nacional destituyó este martes al diputado José Albornoz, del partido Patria Para Todos (PPT), de la segunda vicepresidencia del parlamento y designó como sustituta a la diputada Marelis Pérez Marcano, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la AN, informó que se adelanta la consideración de varios instrumentos legales “con el objeto de hacer los arreglos jurídicos necesarios para adaptarlos al proceso revolucionario que se lleva a cabo en el país”.

El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Alfredo Murga, recordó que el cobro ilegal del IPC aún no se ha erradicado, pues algunas constructoras lo siguen cobrando como si se tratara de una tasa o un impuesto adicional.

El proyecto de ley contempla, entre otros aspectos, la eliminación de la clave para casos de emergencias, el reconocimiento de las enfermedades preexistentes y adquiridas, así como la prohibición de la banca-seguro.

A solicitud del Ejecutivo, la AN aprobó en primera discusión la liquidación del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y su sustitución por el FCI. Para el diputado Juan José Molina (Podemos) esto “es una arbitrariedad que mantendrá a los gobernadores y alcaldes sujetos a lo que diga el gobierno central”. Según el diputado Carlos Escarrá (PSUV) no se le quitarán recursos a los estados, sino que “se van a aprobar los proyectos que presente el pueblo”.

Esta normativa tiene por objeto establecer el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, que es el más alto tribunal de la República, contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo 26, numerales 1 y 14 de esta ley.

Con la reforma se busca tipificar también como delito la extracción de combustible, petróleo y sus derivados, alimentos subsidiados e importados con dólares preferenciales exentos de impuestos, entre otros.

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