El vicepresidente Elías Jaua no precisó los medicamentos incluidos en esta etapa de aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos, pero dijo que se trata de "un conjunto de medicamentos especialmente sensibles para la población venezolana".
Así lo informó la superintendente de costos y precios, Karlin Granadillo, quien precisó que los usuarios pueden llamar al (0212) 393.88.91 y 393.88.92, de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, para canalizar las denuncias en relación con comercios y empresas que incumplen la normativa, así como solicitudes y requerimientos de los consumidores.
Además, fue nombrada la junta directiva del fondo, que estará conformada por los ministros de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y de la Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres, así como por el presidente del Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat, Mario Isea, y el ciudadano Víctor Aular.
Así lo señaló este martes, Consuelo Cerrada, presidenta del Indepabis, durante su participación en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión. Cerrada explicó que desde el 30 de marzo hasta el día de ayer lunes, la institución que preside ha recibido 90 denuncias y 430 visitas de fiscalización de oficio.
Esta normativa busca establecer las regulaciones, así como los mecanismos para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios, a toda la población en igualdad de condiciones, "en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital".
El Plan Bienal establece la siembra de 500 hectáreas adicionales de algodón; 7 mil 209 de arroz; 151 de batata; 214 de café; 62 de cambur; 1.569 de caña de azúcar, además de las 6 mil que se encuentran en proceso de recolección; 1.893 de caraotas; 70 de cebolla; 1.454 de frijol, y 651 de girasol, aparte de las 1.903 en producción.
Elías Eljuri precisó que los registros corresponden a la Misión Hijos de mi Pueblo Venezuela, diseñada para ayudar a madres pobres, y Misión En Amor Mayor, creada para ofrecer a adultos mayores los beneficios de la pensión del seguro social.
El vicepresidente y ministro de Agricultura dijo que no están cumpliendo con fondo de la Misión Vivienda, donde la banca deposita parte de la cartera agrícola. En cuanto a Juan Carlos Loyo, dijo que está enfermo, pero las cosas laborales del ex ministro no venían funcionando como el Ejecutivo requería, y salió tras un proceso de revisión.
Vecinos indicaron que en galpones expropiados por el alcalde Jorge Rodríguez funcionan una empresa de transporte, ventas de cerámicas, talleres, cerrajería, fábrica de muebles y una fábrica de zapatos, y al parecer, el alcalde se equivocó porque donde se encuentran refugiados de la tragedia de Vargas de 1999 es en otros galpones cercanos.
Con esta decisión del presidente Hugo Chávez “sólo inversiones de dudosa procedencia y de carácter especulativo tendrían interés en traer capitales a un país que no garantiza instancias internacionales para solventar sus diferencias”, dijo la coalición de partidos de oposición.
El gerente general de Venamcham dijo que les gustaría que se examinara el cierre porque es importante tener ese consulado abierto y funcionando" porque EE. UU. es el principal socio comercial de Venezuela. Sólo en 2011 el comercio entre ambos países alcanzó los 45 millones de dólares.
La Cámara de Comercio Internacional determinó que la estatal venezolana debía pagarle la Exxon Mobil 907 millones de dólares. La disputa no es sobre el poder de Venezuela de expropiar los activos, sino más bien por el fracaso de Pdvsa para cumplir con las disposiciones contractuales para compensar a Exxon Mobil, destacó un vocero de la empresa norteamericana.
En el 2011 el Instituto de Asistencia y Financiamiento para los Pescadores Artesanales (Inafinpes) distribuyó entre 1.623 trabajadores del mar, un total de 27 millones 576 mil 752 bolívares, para la adquisición de motores fuera de borda, peñeros, artes de pesca y reparación de embarcaciones.
Apiur considera que entre los afectados de esta ley están todas aquellas personas que construyeron su vivienda y le hicieron un segundo piso para alquilar. Ahora resulta que de la noche a la mañana se quiere convertir eso en un pecado y hay que quitarle esto a esa gente para dárselo al inquilino.
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