La víctima, Joe Castillo, se desempeñaba como coordinador de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, donde también trabajaba su esposa Yelitze Moreno de Castillo. En este caso se señala al Estado venezolano por violaciones al derecho a la vida y otras.

Gabriela Ramírez cree que los medios han ocultado la verdad sobre el Caracazo, por eso es interesante presentar la verdad. Es muy importante que la gente recuerde, sostuvo la funcionaria y anunció que la Ley de la Verdad va a sistematizar todo lo que quedó en el olvido.

A propósito del Caracazo, el 27 de febrero de 1989, la Fuerza Armada Nacional tomó las calles para imponer el orden, lo cual ahora es cuestionado por el Alto Gobierno, el mismo que combatió fuertemente contra mujeres y estudiantes en años recientes.

La doctora Luisa Ortega Díaz explicó que la investigación no ha sido fácil no sólo por el tiempo que ha pasado desde que ocurrieron los hechos sino por el interés que hubo de ocultarlos. Se han agrupado 336 causas que actualmente cursan en el Ministerio Público. Tenemos incluso el Plan Ávila a través del cual se ordenó masacrar a la población, detalló.

Cofavic denuncia que bajo ningún concepto en casos de violaciones de derechos humanos se puede dejar de investigar con el argumento de la prescripción de los hechos. Estos delitos son imprescriptibles y quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

La defensa solicitó, una vez más, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, que obedezca la orden del Presidente Chávez, quien durante su Memoria y Cuenta el pasado 13 de enero, ordenó la revisión del caso de la Jueza Afiuni y aún no se ha hecho.

El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (Idhaia) considera que la detención de Afiuni es arbitraria, y las condiciones de su arresto domiciliario, no se ajustan al Código Orgánico Procesal Penal ni a las reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas.

Piden al juez que vista la disposición del CNE y de la MUD de garantizarle el derecho al voto a la jueza, ordene al destacamento 52 de la Guardia Nacional, Comando Regional Nro 5, realizar su traslado el día 12 de febrero de 2012 hasta su centro de votación. Entregaron documento de la MUD.

Vicente Díaz recordó que para que a alguien se le suspendan sus derechos políticos tiene que estar sentenciado por una corte y este no es el caso del mencionado ciudadano. Dijo además que será en el año 2013 cuando el CNE aborde el tema.

La diputada Dinorah Figuera entregó documento e informó que solicitó a ese organismo internacional encargado de la protección de los niños, niñas y adolescentes, que sean vigilantes y fiscalicen la situación que vivimos en Venezuela, donde en los sectores populares existen grupos que arman a nuestros infantes, los adiestran ideológica y militarmente.

Lorent Saleh, representante de Operación Libertad, dijo que expusieron los casos de los Policías Metropolitanos a quienes ya les corresponde una medida sustitutiva de libertad, pero también pidieron veedores electorales internacionales e imparciales.

Se trata del chileno Felipe González, quien es un "enemigo comprometido de la democracia bolivariana", según el representante de Venezuela ante la OEA, embajador Roy Chaderton.

José Amalio Graterol, uno de los abogados defensores de la jueza, denunció que fueron arrancadas algunas páginas importantes del expediente con lo que desapareció el acta manuscrita donde el fiscal reconoce que sí hubo boleta de excarcelación del exbanquero Eligio Cedeño.

Señaló que en el juicio en su contra, lo que quedó evidenciado fueron las relaciones del régimen actual con las FARC, el ELN y ETA de España, que tocan hasta actividades del narcotráfico en Venezuela. Antiguas y recientes noticias internacionales ofrecen abundantes detalles sobre el tema.