Caracas, 12 May (Enfoques365) ESPECIAL.- La abogada y especialista en asuntos de seguridad y defensa, Rocío San Miguel, quien ha sido amenazada de muerte por sus denuncias sobre injerencia política nacional e internacional en el seno de la Fuerza Armada Nacional, pdresentó ayer una denuncia sustentada ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, en la que hace revelaciones inéditas y solicita se investigue esas irregularidades anti constitucionales y se proceda a ordenar la protección de su persona como defensora de derechos humanos víctima de hostigamiento y riesgo de su integridad personal.
San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, fue acompañada por el también defensor de derechos humanos, Carlos Alberto Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, "bloque de organizaciones para la transformación penitenciaria de Venezuela, organización dedicada desde hace 12 años a la defensa y promoción de los derechos humanos de los hombres y mujeres que se encuentran en nuestras cárceles privados de libertad".
Nieto Palma informó que con esta denuncia no solo se pretende pedir que se le de seguridad a la Dra. Roció San Miguel por las amenazas que ha sufrido tanto ella como su familia, sino que será la antesala de acciones que intentaran en los próximos días ante instancias internacionales.
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LA DENUNCIA CONSIGNADA ANTE LA FGR
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CIUDADANA
DRA. LUISA ORTEGA DIAZ
FISCAL GENERAL
Ministerio Público
República Bolivariana de Venezuela
SU DESPACHO.-
REF: DENUNCIA ROCIO SAN MIGUEL. PRESIDENTE DE CONTROL CIUDADANO/ DEFENSORA DE DDHH
Yo, Rocío San Miguel, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 6.974.789, domiciliada en la ciudad de Caracas, Presidente de la Asociación Civil “Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional”, acompañada en este acto por la organización “Una Ventana por la Libertad”, me dirijo a usted en esta oportunidad, en mi carácter de defensor de derechos humanos y en virtud del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece el derecho de todo ciudadano de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer mi derecho de solicitar que se realice una investigación por parte del Ministerio Público en concordancia con el artículo 23 y 108 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a los hechos que a continuación expondré:
I.-ANTECEDENTES
El día jueves 06 de mayo de 2010, a las 7:00 p.m. aproximadamente; yo Rocío San Miguel en mi condición de Presidente de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional realice una denuncia pública y comunicacional a través del canal de televisión Globovisión, en el programa “Aló Ciudadano”. En esta denuncia referí la existencia de militares activos de la Fuerza Armada Nacional inscritos como militantes en el partico Socialista Unido de Venezuela (PSUV) violando flagrantemente el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Indique como pruebas de mi denuncia que al introducir los números de las cédulas de Identidad de tres altos militares activos de las Fuerza Armada Nacional –como en efecto lo hice en vivo ante la teleaudiencia- en la lista de inscritos en el PSUV, que se encuentra en la página web del CNE, podía verificarse como los siguientes oficiales de alto rango se encuentran inscritos como militantes en el Partido Socialista Unidos de Venezuela:
1.- Cédula: V-7151903
Nombre: ORTEGA CASTILLO FRANCISCO JOSE.
Grado: GENERAL DE DIVISION (GNB).
Cargo: JEFE DEL COMANDO REGIONAL NRO.7 DE LA GUARDIA NACIONAL
2.- Cédula: V-7613410
Nombre: BOHORQUEZ SOTO LUIS ALFONSO.
Grado: GENERAL DE DIVISION (GNB).
Cargo: JEFE DEL COMANDO REGIONAL NRO.4 DE LA GUARDIA NACIONAL
3.- Cédula: V-6436671
Nombre: GILBERTO PINTO BLANCO.
Grado: CONTRALMIRANTE
Cargo: MILICIA NACIONAL BOLIVARIANA
Así mismo indique, la existencia de al menos 30 militares activos inscritos en las filas del PSUV, según había constatado en la referida lista de inscritos en el PSUV, que se encuentra en la página web del Consejo Nacional Electoral.
II.-LOS HECHOS
Ese mismo día Rocío San Miguel recibí una llamada telefónica de número desconocido en mi teléfono celular, de parte de un ciudadano con acento extranjero quien me indico que debía estar disponible el día viernes a las 10 am para recibir otra llamada -preferiblemente en un teléfono que no fuese el mio y del cual debería darle el número telefónico cuando recibiera la llamada- con el fin de recibir información de una importante denuncia.
El día viernes 7 de mayo a las 10 am, Rocío San Miguel recibí la llamada de la persona que me había llamado el día anterior y le suministré un número telefónico donde podía llamarme, distinto al mio. Esta persona inmediatamente me llamo y procedió a decirme los siguiente:
a. Que debía enviarme a través de un correo electrónico información que comprometía a altos funcionarios del gobierno venezolano, con delitos de transferencias ilegales en dólares al exterior, videos donde se apreciaban actividades delictivas de funcionarios del gobierno, entres ellas actividades con menores ¨niños de la calle”, con la descripción de delitos perseguibles por la justicia internacional, además de la información de más de 1.400 mensajes de correos electrónicos donde quedaban en evidencia muchos delitos de un alto funcionario del gobierno venezolano.
b. También me indico que debía cerciorarse de tener disponible un equipo de computación de alta definición para poder recibir y poder abrir la información.
Debo decir que el tono de esta persona era compulsivo e incluso amenazante con lo cual quede consternada.
Ese mismo día viernes grabe aproximadamente a las 2:00 pm de la tarde en la sede de la página Web de Noticias 24 N grabe un vídeo a ser colgado en dicha página donde ratificaba el contenido de mi denuncia y en horas de la noche aproximadamente a las 7 pm, en la ruta entre Colinas de San Román y Santa Rosa de Lima de la ciudad de Caracas, encontrándome en mi vehículo con mi hija de 11 años, fui seguida por un vehículo gris de dos puertas en cuyo interior se encontraban varios sujetos. Estas personas me siguieron hasta aproximarme a la entrada de una calle ciega. Allí me pasaron y giraron en u, para ponerse delante de mí con el objeto de que yo pudiese darme cuenta que claramente me estaban siguiendo. Allí se detuvieron mirándonos fijamente desde el vehículo, en un instante que se hizo lo suficientemente largo como para temer cualquier atentado contra mi hija y mi propia integridad personal.
Tuve que bordearlo y pasar una caseta de vigilancia y continuar al interior de la calle ciega a donde me dirigía.
El día sábado 8 de mayo, a las 8:30 am aproximadamente nuevamente ratifique publica y comunicacionalmente mi denuncia, en el programa “Entre Noticias” de Globovisión sobre la presencia de militares activos inscritos en el PSUV, entre ellos oficiales de alta graduación con importantes competencias jurisdiccionales y de comando de unidades militares en el país. Concluido el programa me dirigí a mi domicilio y nuevamente recibí la llamada del sujeto extranjero a quien pedí de manera firme que no me llamara más.
Horas más tardes, ese mismo día sábado 8 de mayo aproximadamente a las 11 de la mañana me llamó el Dr. Carlos Nieto, Defensor de Derechos Humanos para informarme que una juez de control le había indicado que había recibido una orden de detención en mi contra y que por no estar debidamente sustentada en la ley, se negó a firmarla.
En relación a los eventos descritos anteriormente y la coincidencia de la solicitud de una medida de detención en mi contra, sospecho se pretendía poner evidencias en mis manos que pudieran alegarse configuraban secretos de Estado con el fin de ordenar mi detención.
Ese mismo día sábado en la noche recibí la llamada de un supuesto oficial de la Fuerza Armada Nacional indicándome que debía entregarme datos de maniobras de la Milicia Nacional Bolivariana que se realizarían el 22 de mayo en el Estado Vargas, que eran muy graves para el país.
Debo decir que este tipo de llamadas no son usuales en el desempeño de mis actividades como defensora de derechos humanos y solo encuentran un precedente similar en julio y agosto del año 2007, oportunidades en las que ocurrieron dos atentados en mi contra: uno que afecto mi integridad personal, con riesgo de perder la vida y el otro, un robo a mi vivienda; siendo que tales hechos ocurrieron después de denunciar en mi calidad de Presidente de la Organización Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, la inconstitucionalidad de la Ley que creaba el Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia aprobada por el Presidente de la República, situación que obligo al ciudadano Presidente de la República a derogar la ley, ante el repudio nacional a dicha legislación.
En aquella oportunidad el patrón de eventos previos a tales atentados vino configurado con llamadas telefónicas de un supuesto funcionario militar que quería poner denuncias en mi conocimiento. Supongo que a través de ese medio –llamadas telefónicas- pudieron corroborar los datos de localización posicional que emite mi teléfono celular y detectar los momentos de mayor vulnerabilidad para mi seguridad personal, como en efecto ocurrió.
III.- PRECEDENTES DE HECHOS SIMILARES EN MI CONTRA Y LA AUSENCIA DE UNA INVESTIGACION jUDICIAL QUE PERMITA DETERMINAR RESPONSABILIDADES.
Debo señalar que los incidentes referidos al año 2007, fueron debidamente denunciados ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Lamentablemente a la fecha no se ha adelantado una investigación, ni diligencia judicial al respecto que permita determinar responsabilidades.
IV.- OTRAS AMENAZAS
En el contexto de la actividad que como defensora de derechos humanos realizo, escribo una columna semanal en el diario Tal Cual, donde procuró edificar aspectos de control democrático, respeto a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, además de expresar mi propia opinión . Debo decir, que en fecha reciente, concretamente el 12 de marzo de 2010, el ciudadano Presidente de la República, leyó a través de los medios de comunicación social, un extracto textual de un artículo mío publicado en Tal Cual e indicó el mismo representaba “propaganda de terror, que está prohibida en la Constitución”.
Igualmente que a partir de las denuncias realizadas sobre la inscripción de militares activos, como militantes del PSUV, han sido reiterado constante y ofensivo contra mi persona la emisión de mensajes escritos por algunos “twitteros“ definidos como defensores de la revolución y del proyecto del Presidente Hugo Chavez Frias. Debo recordar que en Venezuela hace unos 25 días nació la llamada “guerrilla comunicacional” promovida por el gobierno nacional que tiene por objeto combatir lo que el gobierno considera “terrorismo mediático”.
Entre los mensajes puedo transcribir textualmente aquellos que amenazan mi integridad personal quiero señalar este en particular:
@JUANDIAZYARACUY hay rocio no te me metas a loca con lo del 333 te estoy siguiendo vas hacer la primera en buscar quedate sana!!!
Debo señalar que el día 10 de Mayo esta persona protegió sus twetts con el fin de impedir constatar las amenazas que profirió ne mi contra a través de de su cuenta.
V.- LOS HECHOS MÁS RECIENTES E INMEDIATOS
Durante el día de ayer 10 de mayo de 2010, una ofensiva de descalificaciones personales se esgrimieron en mi contra desde el discurso oficial y desde el canal del Estado.
En efecto, el Diputado Carlos Escarra con el fin de descalificar mi denuncia, se refirió a mi persona como: una "señora que se la pasa inventando tonterías". Igualmente el Gobernador oficialista del Estado Guarico William Lara se refirió a mis denuncias como “mentiras”.
A las 7:00 pm del día de ayer a través del Canal del Estado, en el Programa “Los Papeles de Mandinga”, su conductor, el ciudadano Alberto Nolia arremetió con descalificaciones difamatorias que califico muy graves contra mi honor y reputación, exponiéndome al escarnio público, además de cuestiona la labor como defensora de derechos humanos por recibir financiamiento externo.
VI.- DEL DERECHO
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su título III, De los Deberes, Derechos y Garantías, el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 47), el derecho de petición (artículo 51) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26). De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por la República de Venezuela, consagra la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el derecho a la a la protección de su honra y dignidad (artículo 11.2), a las garantías judiciales (artículo 8), a la protección judicial (artículo 25), lo cual está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.1 del citado instrumento internacional. Y asimismo el Código Penal venezolano establece en su artículo 158 la inviolabilidad del domicilio por parte de funcionarios públicos.
VII.- FUNDAMENTO JURÍDICO
(i) En relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio:
El Artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:
El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.
Por su parte el Pacto de San José establece en su artículo 11:
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Es por lo anteriormente expuesto, que los hechos narrados pueden constituirse como un hecho delictivo y como una violación grave a los derechos humanos hacia mi persona, en especial en razón de mi condición de Defensor de Derechos Humanos, y de las anteriores vulneraciones a mis derechos humanos que se han suscitado en los pasados años.
(ii) En relación a la integridad personal
El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece:
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.
En relación a este artículo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que deben considerarse como una violación de la integridad personal todas aquellas amenazas y actos de hostigamiento sufridos tanto por la víctima, como sus familiares.[1]
(iii) En relación con la obligación de investigar
Igualmente prevé el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.” De igual manera, el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal establece la obligación del Ministerio Público de investigar la presunta comisión de los hechos punibles y hacer constar la responsabilidad de los autores y demás partícipes, a los fines de ejercer la acción penal de conformidad con lo previsto en el artículo 24 eiusdem.
Por tales razones, solicito al Ministerio Público realice una amplia y exhaustiva investigación de los hechos y las circunstancias denunciados, a los fines de determinar si se cometieron hechos punibles, identificar a los responsables y solicitar en contra de éstos una sanción penal ante los organismos jurisdiccionales competentes.
VIII.- DE LA PROTECCIÓN QUE DEBEN DAR LOS ESTADOS A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
La Asamblea general de la ONU en su resolución 53/144 de 9 de diciembre de 1998 aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre los defensores de Derechos Humanos). La Carta Democrática Interamericana reafirma el carácter esencial de la democracia para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas[15], donde el respeto a los derechos humanos es elemento esencial para su existencia[16]. Igualmente, la Carta Democrática resalta la importancia de la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional para el desarrollo de la democracia[17]. Las defensoras y defensores de derechos humanos, desde distintos sectores de la sociedad civil y, en algunos casos, desde las instituciones estatales, brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento de las sociedades democráticas. De allí, que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático dependa, en gran medida, de las garantías efectivas y adecuadas que gocen las defensoras y defensores para realizar libremente sus actividades.
Desde hace más de una década, la Asamblea General de la OEA se ha pronunciado en diversas oportunidades acerca de la importancia que asigna a la protección de las defensoras y defensores, y ha mostrando la preocupación primordial de la OEA por la situación de éstos y de sus organizaciones. El 8 de junio de 1990, en la resolución AG/RES. 1044, la Asamblea General “reiteró la recomendación hecha en años anteriores a los Gobiernos de los Estados miembros para que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones”. (CONTINÚA EN PARTE II) http://bit.ly/aJLwzi
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