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Bogotá, 18 May, ABN.- La Fiscalía General colombiana citó, este martes, al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, como parte de las investigaciones por espionaje.

Así lo dio a conocer la agencia de noticias Prensa Latina quien señaló que, según fuentes del ente acusador, el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, llamó a indagatoria a Moreno -uno de los hombres más cercanos al presidente Álvaro Uribe- y a Hurtado, a fin de escuchar sus versiones y determinar si levanta o no cargos en su contra.

Ambos funcionarios fueron acusados por ex miembros del DAS (policía secreta) como las personas que ordenaron o recibieron los informes sobre el espionaje a magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, hecho que desató uno de los escándalos más sonado en la historia institucional del país.

Las acusaciones también alcanzan, entre otros altos cargos, al secretario Jurídico del Ejecutivo, Edmundo Del Castillo, acorde con recientes revelaciones de testigos vinculados a las investigaciones y divulgadas el pasado domingo por la revista Semana.

La publicación cita declaraciones de seis ex integrantes del controvertido Departamento, sin revelar sus nombres por motivos de seguridad, quienes afirman -entre otras cosas- que entregaron datos sobre la gigantesca operación a funcionarios de la Casa de Nariño.

Varios de los testigos sostienen que en varias oportunidades acudieron a la sede de la Presidencia para llevar y recibir informaciones, así como órdenes directas e indirectas de monitoreos ilegales.

La revista también asevera que a estas contundentes declaraciones en los próximos días se sumaran las de por lo menos otros tres funcionarios activos.

En tanto, el gobierno rechazó a través de un comunicado la versión publicada por Semana y señaló que su relación con entidades como el DAS siempre ha sido de carácter institucional, es decir, a través de sus directores.

'Como se ha sostenido en reiteradas oportunidades, jamás se dieron instrucciones sobre actividades indebidas contra ningún ciudadano', refiere la nota.

Magistrados, políticos, ex funcionarios públicos, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de las redes de vigilancia ilegales de la policía secreta.

A la fecha, un total de 18 funcionarios o ex miembros del DAS, ente subordinado directamente a la Presidencia, así como cuatro de sus ex directores, son investigados por estos hechos.

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