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"Próximo a las 03H30 (06H30 GMT) hubo un incendio en la Cuadra Nº 2, está prácticamente descartado el tema de que fuera un incendio intencional, por la información primaria fue un incendio a raíz de un cortocircuito", sostuvo el jefe de Policía de Rocha, inspector Celso Sosa Lemossub, a un radio local.

La cárcel -ubicada en centro de la ciudad de Rocha (a unos 200 kilómetros al este de Montevideo)- albergaba 112 hombres y 21 mujeres, y estaba abarrotada, indicó Sosa.

"Es una cárcel que cuando fue construida era para que fueran alojados no más de 60 reclusos", explicó.

Según una primera hipótesis, el incendio pudo haber iniciado también por el incendio de una prenda que se encontraba muy cercano a alguna de las estufas que usan los procesados en la cárcel.

Pero la que cobra más fuerza es la del inicio por un cortocircuito cuando un calentador tomó contacto con una de las tantas frazadas que se utilizaban para separar un bloque de otro.

Algunos reclusos que resultaron heridos fueron llevados al Centro Nacional del Quemado (Cenaque) y hospitales de Maldonado y Rocha.

En algunos casos no han podido identificar a las víctimas ya que sus cuerpos quedaron irreconocibles tras ser alcanzados por las llamas.

Las camas que utilizaban los reclusos eran de madera y los colchones de polyfón, los cuales desprenden un humo muy tóxico cuando son quemados.

La Policía no maneja elementos de que se haya tratado de un motín que se fue de las manos, sino de un trágico accidente. Tanto el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, como el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, se trasladaban al lugar para conocer los hechos.

Durante su visita a Uruguay en el mes de marzo de 2009, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Tortura, Manfred Nowak, presentó un informe en el que señaló que "las condiciones de detención (en Uruguay) han ido constantemente empeorando", y que "existe una urgente necesidad de tomar medidas" para evitar posibles "violaciones a los derechos humanos".

Actualmente el Parlamento discute un proyecto de ley de emergencia carcelaria que prevé construir nuevos centros de reclusión y mejorar los ya existentes, además de contratar mil 500 funcionarios adicionales para cárceles.

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