Ccs. 13 jul. (Enfoques365).- La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras advirtió hoy sobre la “estrategia” emprendida por el gobierno venezolano para “controlar” la red social Twitter, “un espacio en el que hasta ahora no se conocía la censura”.

La advertencia la hizo RSF en relación con los casos de Luis Acosta Oxford y Carmen Nares, a quienes el Ministerio Público formuló  cargos por “difusión de información falsa”, destinada a desestabilizar el sistema bancario y a perjudicar la economía del país, en virtud del artículo 448 de la Ley General de Bancos de 2001.

“Después de abrir diligencias contra Noticiero Digital, acusado de publicar información falsa, el poder la emprende ahora con dos simples internautas que sólo se expresaron en Twitter”, dijo RSF en un comunicado en su página web.

“Estas medidas totalmente desproporcionadas confirman la estrategia del gobierno por retomar el control de un espacio en el que hasta ahora no se conocía la censura. Las autoridades tratan a usuarios de Twitter como a criminales y de esta manera ponen en tela de juicio a Internet como espacio de libertad”, agregó.

“El presidente Chávez conserva, por su parte, el derecho a afirmar su presencia y sus opiniones en la Red, en particular a través de su blog y su cuenta de Twitter,” declaró la organización.

RSF recordó que el pasado 30 de junio, Luis Acosta Oxford (@leaoxford) publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Señores para que no digan que no se les dijo retiren hoy de... quedan pocos días, se les dijo”.

La policía embargó un teléfono móvil desde el que el mensaje se habría enviado, así como dos discos duros externos y varios pendrives que pertenecían a los dos sospechosos, cuyas “cuentas de Twitter no parecen tener mayor influencia en la Red”.

Hasta ayer lunes, Acosta tenía 225 seguidores que pudieron leer sus 201 mensajes escritos, mientras que a Nares (@carmennares) sólo 6 personas la siguen, aunque su contador de tweets está en 0.

 

Los dos internautas fueron puestos en libertad condicional mientras se desarrolla el juicio. Deberán presentarse cada quince días ante el tribunal. También se les prohíbe seguir difundiendo este tipo de mensajes, tal como prevé el artículo 256 del código penal.

Reporteros sin Fronteras exigió que se retiren de inmediato los cargos contra Acosta y Nares, quienes se arriesgan a una condena de entre nueve y once años de cárcel, en virtud de la Ley General sobre los Bancos de 2001.

Las autoridades judiciales anunciaron que se abrirán nuevas diligencias en los próximos días contra otros quince internautas por motivos similares.

Según el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, las investigaciones pretenden saber si los dos detenidos y los otros quince sospechosos están en contacto con una organización específica que intentaría provocar una quiebra bancaria.

El 11 de julio de 2010, el ex vicepresidente José Vicente Rangel declaró que algunos usuarios de Twitter en Venezuela se dedican a tiempo completo a difundir rumores.

Por su parte, Hugo Chávez declaró, el sábado 13 de marzo, durante una intervención televisiva: “Internet no puede ser una cosa libre donde se haga y se diga lo que sea. No, cada país debe poner sus reglas”.

Un nuevo Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales fue presentado en el Parlamento. Prevé bloquear los sitios Web y el establecimiento de un único punto de entrada para el conjunto del tráfico Internet. Tal medida facilitaría el control y la vigilancia de la Web.

Por otra parte, el ensañamiento judicial contra el portal Web de noticias Noticiero Digital sigue teniendo lugar. El 12 de julio de 2010, los miembros de su redacción tuvieron que presentarse ante la Fiscalía General en Caracas, en relación con el caso Olivares.

La Fiscalía emprendió diligencias el pasado 8 de junio contra Noticiero Digital por, supuestamente, “atacar el orden constitucional” y “apoyar un golpe de Estado” después de que se publicase en el portal, el 2 de junio, un artículo de opinión firmado por Roberto Carlos Olivares.

Éste mencionaba una movilización de “militares jubilados y de patriotas” con el objetivo de una “transición cívico-militar” en la cumbre del poder a inicios de 2011. El pasado 11 de junio, el redactor jefe del portal, Juan Eduardo Smith, ya fue convocado por el mismo asunto. Enlace: http://es.rsf.org/venezuela-abren-nueva-investigacion-contra-09-06-2010,37704.html.

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