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Caracas, 17 Nov (Enfoques365).- Los hermanos Gabriel y Leopoldo Castillo Bozo, propietarios principales del grupo financiero "Banvalor", apelarán la próxima semana la orden de captura internacional, impuesta recientemente por la Interpol, a solicitud de la Fiscalía venezolana.
 
          Según el sitio web de la organización financiera intervenida y nota de prensa enviada a los medios de comunicación social, el decreto de alerta roja contra los banqueros, que son acusados por el delito "fugitivos por fraude", corresponde a la petición del Tribunal 16 de Control de Caracas.
 
          Este Tribunal dictó medida privativa de libertad en contra de los directivos el 21 de mayo de 2009, por el delito de "Simulación de Operaciones Bursátiles", previsto en el artículo 138 de la derogada Ley de Mercado de Capitales y vinculado con la empresa Banvalor Casa de Bolsa, C.A. Esta decisión fue apelada el pasado viernes por los abogados de los imputados, quienes introdujeron una "Acción de Amparo" ante la Corte de Apelaciones de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas. 
  
          En el documento introducido, los abogados alegaron que el Tribunal mencionado dictó la sentencia actuando "fuera de su competencia" y que además lo hizo el mismo día de la solicitud fiscal, sin otorgarles el derecho de ser "oídos, citados y notificados de manera previa".
 
         "Además, con ausencia total de pruebas en su contra, ni testifícales", cita el Amparo.
 
        "La solicitud fiscal de privativa de libertad en mi contra se basó en copias fotostáticas sin informe pericial y sin ni siquiera haberme citado para alegar pruebas y evidencias a mi favor", dijo al respecto, Leopoldo Castillo Bozo, quien también es dueño de la compañía Seguros Banvalor, intervenida el pasado 23 de septiembre.
 
         El implicado también aseguró que la medida fue dictada por el Juez 13 de Control, que "no conocía del expediente" contra Banvalor Casa de Bolsa, y que lo hizo por inhibición del Juez 16 de Control de Caracas, que se lo remitió.
 
        "Esa orden fue dictada por un juez que no tuvo real conocimiento del caso", agregó vía correo electrónico.
 
         Castillo Bozo también aclaró que Banvalor Casa de Bolsa "siempre" actuó en sus operaciones cambiarias, a través de Títulos Valores, "lo cual estaba permitido por la ley".
 
         "Además es una empresa con una solidez patrimonial que cuenta con suficientes activos en bolívares y dólares, que puede cubrir todos sus pasivos y el remanente le pertenece a todos los accionistas, que somos varios", dijo el también presidente del banco BBA Bank NV, en Aruba y una empresa aseguradora en Panamá. 
 
         El documento también indica que en la lesión al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, Principio de Igualdad y Derecho a la Libertad, descrito en las normas penales, "no hay en los autos las pruebas de carácter técnico, financiero y experticias".
 
         De igual forma argumentaron que la Fiscalía 23 del Ministerio Público no citó, tal y como debía hacerlo según las leyes, a los agraviados en este proceso para imputarlos.
 
         El escrito indica que era "perfectamente factible" hacer la notificación en su lugar de trabajo, conocido Grupo de empresas Banvalor, y que sin embargo, no se hizo.
 
         "Además se les decretó la detención sin darles oportunidad de conocer y explicar la imputación que se les formulaba", indica.
 
         Una vez presentados todos los argumentos, los abogados solicitaron a la Fiscalía de la República que en conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la Doctrina establecida por la Sala Constitucional, se suspenda la orden de privación de libertad de los hermanos Castillo Bozo.
 
         "Solicitamos se declare 'con lugar' la presente acción de Amparo Constitucional incoada en contra de la decisión de fecha 21 de mayo de 2010 y que en consecuencia se declare la nulidad de la Resolución Judicial de dicha fecha", cita el documento. 
 
         Leopoldo Castillo Bozo aseguró que tomará medidas y demandará nacional e internacionalmente, puesto que considera que su caso es "una persecución política".

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