Ante la situación económica nacional

La economía venezolana viene padeciendo de alta y creciente inflación, lo cual es un problema que ya se vuelve crítico para la economía venezolana y especialmente para las familias de menores ingresos. La inflación ha tomado fuerza en nuestro ambiente no obstante la vigencia de un régimen de controles de cambio y de precios, y el sostenimiento de un tipo de cambio fijo e invariable desde comienzos de 2005. Las políticas económicas del gobierno, fundamentadas desde 2003 en controles de variada naturaleza, represión económica y vulneración de los principios constitucionales de libertad económica y derecho de propiedad, han generado graves distorsiones en los patrones de producción y consumo. El deterioro de la producción agrícola, la escasa inversión en nueva capacidad productiva industrial y agrícola; la corrupción generalizada, tanto en la administración de los controles como en el funcionamiento ordinario del Estado, que persistentemente se señala en los medios; el estancamiento de la producción petrolera, el colapso de las empresas básicas de Guayana y la insolvencia de las empresas financieras públicas, son todos síntomas de problemas económicos graves, que se han manifestado con mayor virulencia desde que los precios del petróleo iniciaron su drástica declinación en el tercer trimestre de 2008.

En éste contexto, el gobierno presentó un Plan Anticrisis el 21 de marzo de 2009. Las medidas que lo componen se corresponden con una equivocada interpretación fiscalista de la naturaleza de los desequilibrios, además de atribuirlos a supuestas perversiones del mercado y del sistema capitalista, y a conductas desviadas de los paradigmas que se corresponden con el llamado “Socialismo del Siglo XXI”.

Esa interpretación conduce a prescripciones de política ajenas a las causas que provocan los desajustes.

Entre las causas reales se inscriben las propias políticas del Estado, las cuales se retroalimentan en respuesta a su ineficacia, enfatizando así su signo distorsionador. La conducción de los asuntos públicos se resume, a gran escala, en un proceso de cambios económicos e institucionales improvisado, cuyo elemento más destacado es la creciente intervención del Estado en la economía como ente regulador, pero también como un productor, altamente ineficiente, de bienes y servicios, devenido en esa condición a través de un proceso errático de expropiaciones y compras coactivas de empresas privadas.

Esta circunstancia, unida a la debilidad de la producción nacional, ha exigido un flujo creciente e insostenible de importaciones, y al desbordamiento del gasto público, lo cual ha exacerbado la dependencia de la actividad petrolera, precisamente cuando se ha revertido el ritmo creciente de los precios internacionales de los hidrocarburos. La severa crisis económica global, intensificada a partir del tercer trimestre de 2008, ha contribuido a agravar el cuadro económico nacional, pero en modo alguno puede ser invocada como la causa originaria de los trastornos que afectan a los venezolanos.

El deterioro institucional

Según la Constitución de 1999, la República es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, organizado en forma Federal con fundamento en el principio de la descentralización. Se preservan en esa Constitución, en general, los derechos civiles, políticos y económicos que ya venían del ordenamiento constitucional precedente. Entre los principios que acoge la Constitución económica se encuentran el de libertad económica y el derecho a la propiedad, limitados solamente en los términos que fijen la Constitución y la ley en función del interés colectivo. La expropiación sólo procede por causa de

utilidad pública y social, mediante sentencia firme y mediando el justo pago de indemnización. Estos principios han sido consistentemente vulnerados por el Ejecutivo, con la anuencia y el respaldo de los restantes poderes públicos. Se confiere, además, rango constitucional a la coordinación de políticas macroeconómicas y se consagra, aunque con deficiencias, la autonomía del Banco Central de Venezuela.

Las políticas económicas

Desde la aplicación de las medidas de recorte del gasto público en 1999, como consecuencia de la merma en los ingresos petroleros, pasando por las políticas derivadas de la turbulencia política interna y los ataques terroristas a EE UU en los primeros años del siglo y, luego, por una fase de intensa expansión del gasto público en correspondencia con los altos precios del petróleo registrados, fundamentalmente, a partir del año 2008, el país enfrenta, de nuevo, una sensible reducción tanto en los precios como en la producción de hidrocarburos, que ha determinado una mayor presión tributaria y la intención de reducir drásticamente el gasto público. Desde la perspectiva de la política fiscal, la respuesta a los vaivenes del mercado petrolero ha sido la de adaptarse a los cambios, elevando o

reduciendo las contribuciones y el gasto público, según el caso. En Venezuela se carece de los mecanismos estabilizadores que reclama su condición de país petrolero y, de hecho, los recursos que existían en el entonces llamado Fondo de Estabilización Macroeconómica, fueron consumidos en dos años. Desde el punto de vista cambiario, persiste la política de sustentar la lucha contra la inflación en la relativa estabilidad del tipo de cambio –como fue el caso hasta 2003– y en los controles administrativos con un tipo de cambio fijo, a partir de ese año.

Del Plan Anticrisis de marzo 2009 y otros planes por venir

El precio promedio del barril del petróleo venezolano fue de US$ 86,8 en 2008, por lo que una reducción estimada hasta US$ 40 para 2009, en el contexto de los serios problemas económicos acumulados, representa un impacto de magnitud considerable en el orden económico y social, y de allí, en la gobernabilidad del país. Sin embargo, la situación pudo haber sido distinta si hubiese prevalecido un mínimo de sensatez y de orden en la conducción de los asuntos públicos. Al tomar en cuenta el precio promedio del petróleo que ha prevalecido desde 2004, el gobierno podría disponer hoy de elevados

ahorros en el fondo de estabilización que contribuyeran a suavizar los efectos de la caída del ingreso petrolero. Más aún así, si hubiese adoptado una política racional de producción y de comercialización, preservando el interés nacional por encima del interés geopolítico circunstancial. Pero no es ese el caso.

de la realidad nacional y de diseño y ejecución de las políticas que se llevan a cabo bajo la presente gestión gubernamental.

www.pensarenvenezuela.org.ve

Caracas, martes 12 de mayo de 2009

SARY LEVY

DOMINGO MAZA ZAVALA

PEDRO PALMA

HECTOR SILVA MICHELENA

HECTOR MALAVE MATA

HUMBERTO GARCIA LARRALDE

CARLOS HERNANDEZ DELFINO

ISAAC MENCIA

FRANCISCO FARACO

JOSE GUERRA

ORLANDO OCHOA

VICTOR OLIVO

LUIS CARLOS PALACIOS

TEODORO PETKOFF

RONALD BALZA

JESUS CASIQUE

ALCIDES VILLALBA

WILLIAM CAMACARO