Montevideo, jul 18 (Telam).- Gregorio Álvarez, un teniente general retirado de 83 años, el último presidente de facto durante la dictadura militar que se instaló en Uruguay en 1973 y duró hasta 1985, será sentenciado por su vinculación con la desaparición de militantes de izquierda que fueron trasladados en vuelos clandestinos desde Argentina a Montevideo, en 1978.
El ex dictador está preso desde diciembre de 2007, cuando fue procesado a raíz de su responsabilidad en el secuestro de 21 integrantes del izquierdista Grupo de Acción Unificadora de Uruguay ocurrido entre julio y diciembre de 1977, en Buenos Aires, y su posterior traslado a Montevideo en abril de 1978.
Según el sistema judicial penal uruguayo, con el procesamiento se inicia el proceso que concluye con una sentencia de absolución o la condena. La fiscal Mirtha Guianze, que actúa en el caso de Álvarez, propuso una condena de 25 años de prisión, que puede ser aceptada o rechazada por el juez, trascendió hoy.
El ex dictador "estaba informado" de los secuestros de opositores al régimen dictatorial y tuvo responsabilidad en la "desaparición forzada" de esas personas por su rol de comandante en jefe del Ejército en la época, expresa Guianze en su escrito, según fragmentos citados hoy por el diario "La República".
En un hecho sin precedentes, durante el actual gobierno del presidente de Uruguay, el socialista Tabaré Vázquez, fueron encarcelados varios militares retirados y ex policías por su responsabilidad en la desaparición de personas en la última dictadura.
Se trata de casos que habían sido excluidos de la ley aprobada en 1986 que amnistió a oficiales que participaron en la represión durante la dictadura.
En noviembre de 2006 también fue encarcelado el ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry, por su responsabilidad en violaciones de los derechos humanos ocurridas durante los años setenta. Por motivos de salud cumple prisión domiciliaria.
Bordaberry ganó las elecciones presidenciales de 1971 y asumió el cargo en marzo de 1972, pero en 1973 recurrió a las Fuerzas Armadas para disolver el Parlamento e instaurar una dictadura.
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