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Por Antonio José Monagas

 
Esta vez la historia de la Universidad venezolana, se trazó de color rojo violencia, rojo vileza, rojo infame. Color éste que al final exhala tristeza, agonía y desconsuelo. La historia universitaria, ciertamente se ha visto mancillada por una suerte de desventuras corridas en los últimos tiempos a consecuencia de la inversión de valores que viene caracterizando el mundo de la micro política. O sea, el terreno donde tienen lugar los desmanes políticos marcados por nuevas prácticas incitadas desde los mismos escaños de gobierno mediante discursos que estimulan actitudes que chocan con la dignidad, el pundonor, el respeto, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la humildad y la hermandad. Es decir, comportamientos que denotan carencia de sentimientos democráticos lo cual se correlaciona con desorden, transgresión  y obstinación.
 
En el marco de tales realidades, la Universidad venezolana en tanto que basada en la institucionalidad autonómica que le deparó el artículo 109 de la Constitución de la República en 1999, se vio convulsionada por causa de oprobiosas mezquindades que el propio gobierno central expuso por razones alevosamente ideológicas. Así, se incita un infundada ofensiva a la institución universitaria para lo cual el Ejecutivo nacional se valió de un presupuesto anual fijo, al margen de la perversa inflación, con resultados calamitosos para su desarrollo y expansión. Por consiguiente, tuvo que declarar un “cierre técnico” en perjuicio de la investigación y la extensión. No obstante, la Universidad siguió forjando su devenir académico.
 
En el curso de estos problemas, surgen otros que gravaron peor aún la debilitada situación que vivió la Universidad autónoma después de 2002. Queda diferida la discusión de una nueva Ley de Universidades. Se establece un sistema paralelo de educación superior azuzado por la inconsistente figura de las misiones lo que descalabró la estructuración del subsistema educativo superior que refería los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001–2007 al apostar a su fortalecimiento. Posteriormente, la derrota política sufrida por el gobierno de Miraflores en 2007, con la negación de su proyecto de reforma constitucional, lleva a formularse nuevas vías de truncamiento de la Universidad autónoma. De esta manera, aprueba la ley orgánica de educación cuya principal propuesta implica la aniquilación de la academia universitaria por cuanto luce molesta su autonomía.
 
Estos aires de intriga politiquera, sirven de excusa a todos aquellos que presumen de revolucionarios (guerrileros de la palabra, militantes de la insubordinación) para irrumpir groseramente espacios consagrados por la institucionalidad para debatir respetuosa y educadamente las desavenencias propias de la vida institucional universitaria. Indistintamente si quienes así actúan los asiste la razón, las acciones deben corresponderse con la normativa que regula las transacciones, relaciones y conciliaciones de toda organización, cualquiera sea su naturaleza y objetivos.
 
El lunes 19 de octubre pasado, la Universidad de Los Andes fue ultrajada en su condición de Alma Mater, de recipiendaria de conocimientos que son puntal del desarrollo nacional. No había razón de justa necesidad para que, quienes esa tarde manifestaron sus posiciones ante la comunidad universitaria, tuvieran que lograr sus propósitos razonables o no, apoyándose en la violencia de otros que cobardemente arremetieron contra el patrimonio de la Nación cual es el edificio del Rectorado. Eso es injustificable, pues las ideas se impugnan con más y mejores ideas. Sobre todo, cuando la disertación exalta la Universidad para honrar su espiritualidad. No para profanarla ni para ultrajarla.

VENTANA DE PAPEL

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