Dic. 19 (Télam).- Empresas, gremios y universidades comenzaron a sumarse a la red de teletrabajo impulsada por el Gobierno argentino, con la cual se busca dar un entorno “seguro” tanto a las firmas del sector privado como a los teletrabajadores, por lo que incluso ya ha comenzado a mencionarse la posibilidad de crear una ley de teletrabajo.

Telecom, Cisco, YPF, la UTN, la OIT y el Sindicato de Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH) son algunas de las organizaciones que ya adhirieron a la Red.

Participar de esta red, según explicó la coordinadora de Teletrabajo de la cartera laboral, Viviana Díaz, tiene para las empresas un beneficio económico.

"Si una empresa contrata una persona que está capacitada en alguno de los programas de alfabetización digital del Ministerio, el 20% de la remuneración será pagada por el Ministerio de Trabajo", explicó Díaz en diálogo con Télam.

Esta reducción impacta también en los aportes patronales, la empresa se ahorra la inversión en capacitación y además "tienen la posibilidad de ingresar al programa de crédito fiscal", agregó.

La participación en la red también implica beneficios para el teletrabajador, que van más allá de la posibilidad de administrar su tiempo de trabajo.

Además de tener cubiertos los gastos de conexión de banda ancha, un porcentaje de los consumos de luz y gas, los acuerdos alcanzados hasta ahora incluyeron el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad así como la provisión de una computadora o notebook, silla ergonométrica, botiquín de primeros auxilios, en algunos casos teléfono y en otros también el escritorio.

"Uno de los mitos alrededor del teletrabajo, es que los trabajadores perdían gimnasia sindical, y la cobertura que da su representación", señaló Díaz.

Al respecto apuntó que se realizó un "trabajo de concientización y talleres" para analizar la situación y lograr "conformar cláusulas de teletrabajo", como las alcanzadas entre YPF y el SUPEH y entre Telecom y Upjet.

Díaz subrayó la importancia de que las representaciones sindicales "participen de la red porque ellas son las que llevan la bandera de la protección de los trabajadores". Los programas con el beneficio económico "se piensan para los primeros seis meses, y se entiende que durante ese período la persona comienza una adaptación con la empresa y viceversa".

Para Díaz "el nicho de los mayores de 45 años, es un colectivo al que apuntamos especialmente", porque este grupo etario "fue golpeado especialmente a partir de los 90, ya tiene experiencia laboral y con cursos de capacitación se adaptan rápidamente al perfil".

De todos modos Díaz reconoció que "ni todas las actividades se pueden hacer por teletrabajo ni todas las personas pueden ejercer esta modalidad". "El maestro panadero tiene que estar frente al horno y no puede hacer pan a la distancia", ejemplificó la funcionaria para quien además "una persona que no puede autogestionar su tiempo no puede ser teletrabajador".

El Ministerio implementó la certificación de teletrabajador para tutores (capacitación a distancia), diseñadores y administrativo, y están elaborando las condiciones para certificar un rol genérico que permita incluir una variedad de ocupaciones "teletrabajables".

En general se considera teletrabajo al cumplimiento de actividades a distancia mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación (tics), en el propio domicilio o en otro siempre que sea ajeno al empleador.

Por lo tanto, un empleado que trabaje en una sucursal de la empresa no es un teletrabajador, o un empleado de call center tampoco ingresa en esta categoría. Además el teletrabajo es una decisión voluntaria, "aunque yo quiera que me contraten si el empleador no quiere teletrabajadores, o al revés, la empresa quiere pero yo me niego, no se puede implementar la modalidad".

El programa de certificación de competencias es gratis y está disponible en todo el país y una vez obtenida le permite demostrar al individuo que está en condiciones de ejercer un trabajo a través de esta modalidad.

Ante la "ausencia" de una ley de teletrabajo, la cartera laboral se comprometió a enviar al Parlamento en el primer trimestre del 2010, un proyecto en base a las experiencias observadas a través de la red creada por el Ministerio.

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