Foto tomada del portal Laclase.info

Por Marino Alvarado
Coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Mañana 1º de mayo los trabajadores y trabajadoras de Venezuela tendrán poco que celebrar y mucho que reclamar. La situación que afecta al sector laboral del país es preocupante.

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas indican que el desempleo que bajó significativamente empieza a crecer ubicándose en 8,7%, es decir más de un millón de personas se encuentran sin empleo; la acelerada inflación disminuye el salario real, con lo cual ahora tienen menos posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas.

Cientos de contratos colectivos en el sector público continúan paralizados y en casi todas las industrias básicas se violan las contrataciones vigentes. Patrones privados también incumplen las contrataciones e incrementan los despidos.

Más de cien trabajadores sometidos a procesos judiciales por reclamar sus derechos y 16 se encuentran tras las rejas, entre ellos Rubén González secretario general de Ferrominera del Orinoco, uno de los más grandes sindicatos del país.

Sin embargo, una de las situaciones más preocupantes es el asesinato de sindicalistas. Un fenómeno delictivo que se extiende por distintos estados del país y por diversos sectores laborales. Lo que empezó ocurriendo principalmente en el sector sindical de la construcción, se extendió a la manufactura, el sector público y la industria petrolera.

De octubre del año 2005 a septiembre del año 2009 fueron asesinados 131 sindicalistas en el país. En los meses de marzo y abril del presente año fueron asesinados en Caracas, Carabobo y Aragua cuatro sindicalistas.

La indolencia frente a estos crímenes llega a niveles de alarma. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Trabajo asumen una actitud orientada a enfrentar esta grave situación y combatir la impunidad.

Es asombrosa la pasividad de la dirigencia sindical de la CTV, UNT y la Central Socialista de Trabajadores. En diciembre de 2008 el presidente Chávez ante el asesinato de tres dirigentes sindicales en el estado Aragua expresó que había dado instrucciones para que se investigara a fondo el asesinato de sindicalistas en el país. De esa fecha hasta el presente no se ven resultados.

Hay que destacar que la mayoría de los sindicalistas asesinados presuntamente estaban involucrados en mafias por la venta de puestos de trabajo y ello indica un grado importante de corrupción en la acción sindical, principalmente en el sector construcción.

Un número menor eran sindicalistas reconocidos como aguerridos defensores de las causas laborales. En cualquiera de las dos circunstancias la situación es condenable y la impunidad favorece que se repitan los hechos de violencia. Es urgente y necesario que se adopten medidas adecuadas para evitar que continúen asesinando sindicalistas en el país.

Hay que establecer la responsabilidad de autores materiales e intelectuales en los crímenes ya sucedidos. Una clara señal de combatir la impunidad puede ser la primera y más efectiva medida preventiva.

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