Iván Márquez/Integrante del Secretariado de las FARC-EP

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En la jerga militar y policial de Colombia, un “positivo” significa captura o eliminación de personas consideradas enemigas del Estado. Tales partes “positivos” siempre fueron premiados con ascensos, recompensas en dinero y vacaciones. Fue este abominable procedimiento del Estado, ligado a la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo que detonó en Colombia los “falsos positivos” o crímenes de lesa humanidad. Desde siempre, como antes en Vietnam o en El Salvador, en Colombia se asesinan civiles para presentarlos como guerrilleros.

 

Durante la administración del presidente narco-paramilitar Álvaro Uribe Vélez, estos “falsos positivos” alcanzaron el máximo peldaño de la perfidia humana mediante el pago de millonarias y desbordas sumas de dinero, ascensos en el escalafón y franquicias a integrantes de las fuerzas armadas oficiales, por personas muertas o capturadas, material incautado o información.

 

En el marco de su política de seguridad democrática o inversionista, Uribe dio luz verde al Ministerio de Defensa para la aplicación de la directiva ministerial permanente, número 29, de noviembre de 2005 “que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.

 

Dicha Directiva, firmada por su entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, establece los siguientes montos para cancelar recompensas:

 

$5.000 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) por máximos cabecillas.

$1.719 millones de pesos (859 mil 550 dólares) por cabecillas de estructuras mayores de relevancia nacional.

$191 millones de pesos (95 mil 500 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel regional.

$68 millones 760 mil pesos (34 mil 380 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel local

$3 millones 815 mil pesos (1.900 dólares) por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local.

 

Estas recompensas fueron difundidas en todas las unidades militares con la lista de las personas incluidas en los niveles I y II.

 

Le quitaron valor a la vida y le pusieron precio a la muerte. Midieron el éxito de su política criminal de seguridad en litros de sangre. Como consecuencia de esta Directiva los noticieros de la radio y la televisión, y los titulares de la prensa se llenaron de muertos, casi todos presentados por los militares como “jefes de finanzas” de la guerrilla, “mano derecha” del comandante tal, o simplemente, “terroristas” muertos en combate…

 

Las Brigadas Militares accionaron sus gatillos para alzarse con las recompensas en dinero, ascensos en el escalafón y las vacaciones remuneradas, ofrecidas por el gobierno.

 

Lo sucedido en la municipalidad de Soacha es emblemático: decenas de jóvenes desempleados fueron recogidos por contactos del ejército en las esquinas con ofertas de trabajo y en menos de 24 horas aparecieron en los titulares de los diarios como guerrilleros muertos en combate, en otro extremo de la geografía nacional. Les habían colocado uniformes y armas para hacer creíble la noticia. Lo raro es que mientras sus uniformes aparecían intactos, los cuerpos de las víctimas semejaban un colador por efecto de las balas. Esta luctuosa historia se repitió impunemente durante los últimos años bañando con sangre inocente el territorio de la patria.

 

En sus comparecencias ante la Fiscalía General de la nación los capos paramilitares han confesado que entregaron miles de personas asesinadas por ellos al ejército para que cobraran la recompensa y mostraran eficacia en su lucha antisubversiva. Así fueron tejiendo ante opinión la fábula de la derrota y del fin del fin de la guerrilla.

 

Cuando estalló el escándalo, cuando ya era imposible ocultar la barbarie, salió Uribe, el cerebro y autor intelectual de la Directriz criminal, a rasgarse hipócritamente las vestiduras, y con él hicieron lo mismo sus ministros de Defensa Camilo Ospina Bernal y Juan Manuel Santos (hoy candidato a la Presidencia de la República), los generales Padilla de León y Mario Montoya, comandantes de las fuerzas Militares y del ejército respectivamente, y el Director de la policía nacional, general Oscar Naranjo.

 

Intentaron hacer creer que se trataba de hechos aislados que no comprometían a la institución, para eludir así su responsabilidad penal. Sin embargo, la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, cuya copia adjuntamos, es un mentís incontestable a los asesinos y una denuncia al mundo de que los “falsos positivos” son el resultado directo de una política oficial y de terrorismo de Estado.

 

Ninguno de los inculpados está tras las rejas. Los militares de menor rango que estaban siendo procesados por la Fiscalía, todos fueron liberados. Los generales involucrados simplemente fueron destituidos, mientras su responsabilidad penal empieza a hundirse en el olvido.

 

¿Dónde están los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad?

 

Los pagos fueron realizados con recursos de la nación y otros provenientes de la cooperación económica nacional e internacional, como lo consigna la mencionada Directiva.

 

El mismo documento oficial reconoce textualmente que “se creó un comité técnico de seguimiento de la Directiva conformado por un delegado de la División Administrativa y un analista del J-2 del comando general de las fuerzas militares, el jefe de la división administrativa de la Dirección de inteligencia del Ejército Nacional, el jefe nacional de la JINA de la Armada Nacional, el jefe administrativo de la JIN de la Fuerza Aérea Colombiana, dos funcionarios de la policía nacional (DIPOL-DIJIN), un analista del DAS y un analista del CTI de la Fiscalía.

 

¿Quiénes son estos señores? ¿Por qué no han sido llamados a Juicio? Todos ellos deben comparecer ante los tribunales acompañados de su jefe, el presidente Uribe.

 

En el municipio de La Macarena, en un terreno colindante con la base militar del lugar, ha sido descubierta recientemente una gran fosa común con más de dos mil cadáveres. En los últimos años, en una ininterrumpida como ruidosa procesión de muerte, los helicópteros del ejército descargaron allí a los asesinados. Esos muertos son el parte de victoria de la política de seguridad de Uribe y de sus “falsos positivos”.

 

Durante el gobierno de Uribe Vélez las Fuerzas Armadas oficiales fueron convertidas en una fría máquina de matar inocentes. Estos crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen como responsables a altos funcionarios del Estado colombiano. No hay pruebas en contrario. Ellos constituyen un hecho notorio.

 

Estos crímenes fueron complementados con el encarcelamiento en el primer cuatrienio de Uribe, a través de redadas masivas, de más de 150 mil personas bajo la falsa imputación de apoyar a la insurgencia. El empapelamiento jurídico y los  montajes de la inteligencia militar obraron simultáneamente como falsos positivos judiciales.

 

El drama humanitario de Colombia y la degradación de la guerra como política de Estado, es el grito de un pueblo victimado que reclama la solidaridad de las naciones del mundo.

 

Montañas de Colombia, abril 27 de 2010

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