Transcribo el informe confidencial que me hicieron llegar desde la Bolivariana de Seguros y Reaseguros:

“La anterior Superintendente de Seguros, Teresa Ferrini, en providencia Administrativa de fecha 21/12/2009, autorizó a la Empresa Bolivariana de Seguros y Reaseguros S.A. (BSR), para ejercer la actividad de seguros quedando inscrita en el libro de Empresas de Seguros bajo el N° 121. Por tal razón, BSR procedió a presentar a la Sudeseg en el mes de diciembre 2009, todos los documentos para la aprobación de los cuadros de pólizas de patrimoniales y vida, sin obtener nunca respuesta alguna.

Esta empresa del Estado (fundada por el delincuente internacional Orlando Castro, desde la Vicepresidencia de la República), representada por el coronel Jesús Tovar, emprendió las acciones necesarias para poner en marcha a una empresa del Estado venezolano, que estaba incorporando personal y preparando toda la plataforma para la ejecución de sus obligaciones; por tal razón, contactó con organismos del Estado interesados en contratar con una empresa pública, que les disminuyera sus costos, en cuanto a comisiones e intermediarios, y mantuviera la calidad en el servicio. Así se inicio la prestación del servicio emitiéndole notas de coberturas provisionales (confiando en una respuesta oportuna de la Sudeseg) y manteniendo las mismas condiciones que venían obteniendo de las empresas aseguradoras privadas. El resultado de esta gestión se consolidó en relaciones comerciales con cuarenta organismos públicos, de los cuales se generaron ingresos por el orden de 56.000.000 bolívares, de los cuales hasta el día de hoy se han cobrado 14.000.000 bolívares; la empresa con sus altos y bajos, emprendió un camino y generó recursos, situación que empezó a incomodar al sector privado, al conocerse que también estaba en proyecto contratar 57 organismos públicos a incorporar a la plataforma de BSR en el ramo de personas y proyectando generar ingresos por el orden de 227.000. 000 bolívares,

Aunada a esta información, BSR, en fecha 6 de Marzo de 2010, se publicó una nota de prensa en el diario Vea donde se informaba el inicio formal de operaciones para el 1 de Abril. De inmediato el sector privado de la actividad aseguradora movió sus tentáculos para liquidar de hecho mas no de derecho, a la empresa cuya creación fue ordenada por el Jefe del Estado. La Superintendencia, de inmediato, inició el procedimiento administrativo sancionatorio y ordenó el cese de la emisión de nuevas pólizas, es decir, no podía BSR suscribir ninguna póliza por lo que paralizó todas las operaciones.

Se interpuso recurso y hasta la presente fecha no se ha dado respuesta, tampoco realizaron observaciones en cuanto a la documentación para la aprobación del cuadro de pólizas, se materializó un silencio total para con la actividad de la empresa por parte de la Sudeseg; situación que sucedió precisamente en el mes que todos los organismos públicos proceden a realizar los procesos para las contrataciones de pólizas de sus funcionarios. A este hecho casual se le agrega un detalle muy importante que pareciera favorecer a las empresas de seguros privadas y quitarles temor de la competencia: se eliminó en la página web de la Sudeseg el registro de Bolivariana de Seguros y Reaseguros, a la que ya se le había asignado el numero 121 y así aparecía hasta el mes pasado, es decir, EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS REVOCÓ LA AUTORIZACION DE OPERAR Y EL REGISTRO DE LA EMPRESA DE HECHO, porque no lo hizo de derecho.

En los múltiples intentos de liquidar Bolivariana de Seguros, aparece el último que ese si tiene una liquidación discreta, se firmó una mal llamada alianza estratégica comercial, porque si esta denominación es la contenida en la Ley de Contrataciones Públicas, es comercial o es estratégica, pero para el caso que nos ocupa pareciera que es estratégica, porque la misma dispone que se realizará un intercambio de recursos humanos y equipos, se llevarán los equipos porque el recurso humano lo deben liquidar ya que en el contenido de la alianza se señala que no existe relación laboral, es decir, que Bolivariana de Seguros debe seguir pagando su personal y ¿Cómo? ¿Si hay una prohibición expresa de emitir pólizas?, y las empresas del Estado para pagar las gestiones pendientes requieren formalizar contratos y el hoy presidente de la empresa no quiere reconocer el hecho de que se prestó un servicio de un ente público a otro ente público donde resultó favorecido el Estado, ahorrándose unos recursos e invirtió generando empleos.

En relación con el Decreto Presidencial de la fusión por absorción se presentaron algunas circunstancias que nos conducen nuevamente a la manipulación del sector privado asegurador. Al respecto conocemos que la Superintendencia, en sus instrucciones, solicita que no se implemente la palabra absorción en los trámites de la fusión: ¿cuándo puede una empresa privada absorber a una pública? Esto tiene una explicación: al momento de presentar el decreto ante el Comandante, se le ocultó que la situación legal de La Previsora era una empresa privada, de ahí que alguna mano con poder ordenó de inmediato, antes de que se publicara el Decreto de fusión, la publicación del decreto donde se adscriben los entes públicos al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas donde  Seguros La Previsora está como un ente público (véase GO 23/03/2010) de tal manera que es impresionante ver la manipulación para quedar bien con el gobierno y con los intereses del sector privado; y la publicación del decreto de fusión se ordenó el 26 de Marzo.

Siguiendo las líneas estratégicas para quitarle el temor de competencia a las empresas privadas, aparece la siguiente situación en C.N.A. Seguros la Previsora:

Actual presidente de la Junta Administradora: TOMÁS SÁNCHEZ RONDÓN.

Sobre la Administración de Previsora:

Al señor Tomás Sánchez, el Estado venezolano le encomendó la administración, custodia, vigilancia de los bienes y recursos propiedad de la C.N.A. Seguros la Previsora. Ante tamaña responsabilidad, se hizo acompañar de un equipo de profesionales recomendados por su hijo Tomas Sánchez Mejías, del grupo de gerentes de Juan Barreto y de sus familiares.

Este último grupo, necesariamente, merece especial atención: en la empresa, RONALD SANCHEZ MEJIAS, es la persona que dicta las pautas en materia económica. Este señor, que no tiene ningún cargo dentro de la empresa, se encarga de realizar las negociaciones con las empresas del Estado, realiza convenios de pago, en materia financiera, obliga al personal a informar para su aprobación todos los movimientos financieros que se realizan en la empresa, es la persona encargada de las relaciones comerciales, elige qué proveedor va a suministrar el servicio cual o no, mantiene las relaciones con los proveedores, se le ve salir y entrar a cualquier hora acompañado por ellos; todo esto con el apoyo irrestricto de su padre, que hasta el momento no ha justificado la presencia de este nuevo productor, corredor o intermediario, porque éstas son las actividades que realiza el personaje amparado bajo la palabra “el hijo del jefe”, en las cuentas a rendir por La Previsora al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, debe constar o verse por lo menos a qué persona natural o jurídica se le cancela las comisiones de intermediación que se genera de la contratación de pólizas de la administración pública.

Asimismo, no se explica el personal de la empresa cómo este joven “hijo del jefe”, mantiene el poder de decidir con quién contrata la empresa o no, qué cuenta va a ingresar o no. Este joven tiene asignado un vehículo y dos escoltas, se auto designó como Vicepresidente de Comercialización, pero no aparece por ninguna parte de la nómina de la empresa, posee gastos de representación, y merece la pena ver el movimiento migratorio del mismo, porque cada quince días manifiesta a vox populi que va a Miami; en cuanto a esto es sano también revisar los pagos por concepto de traslado del mencionado joven.

Estas actuaciones de toma de poder realizadas por RONALD SANCHEZ MEJÍAS, se justifican en la empresa, dada la incapacidad de su padre en tomar decisiones. Es vergonzoso ver a este señor paseando por los pasillos de la empresa y cuando tiene que tomar una decisión acude al piso dos para tomarla, es decir no se vale de sus conocimientos para ejercer e imponer los criterios o lineamientos, cada vez que se le plantea alguna situación relacionada con la actividad de la empresa, él mismo se remonta a la época de la cuarta república cuando era liquidador de bancos, los cuales por cierto nunca logró finiquitar; habla de cualquier cosa menos del asunto que se le consulta; al personal le pide sacrificios de austeridad, pero el gana 18.000,00 más bonos y gastos de representación; cuando lo vemos acompañado de cuatro custodias nos da risa, cómo se vale del socialismo para vivir un capitalismo; la empresa no arranca, porque este señor no tiene planes ni decisiones, las cuentas las fabrican para llevarlas al Ministerio; es impresionante ver cómo entre todos arreglan las cosas a su conveniencia para decir en el alto nivel que ellos están trabajando y los demás que están en la empresa robando. El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas debería ordenarle una auditoria pero con su unidad de auditoría interna, no como en La Previsora que lo único que saben hacer es contratar auditores para poder saber qué van a hacer algún día.

La situación legal de la empresa no se termina de concretar. Que si las acciones están a nombre de una empresa (Frigux) y no logran convencerla, porque la Consultora Jurídica mantiene constantemente conversaciones con esa empresa, situación que da lugar a dos hipótesis: o no logra convencer a la empresa para que formalice la cesión de los derechos accionarios de los bancos Baninvest y Real y que no fueron inscritos en el libro de acciones; o la empresa la está convenciendo a ella de extender el plazo de la formalización para obtener la empresa algún beneficio. Sería conveniente indagar en este aspecto, porque cinco meses de negociaciones y ningún resultado enriqueciendo con esta inactividad a los accionistas minoritarios, eso sí solo tenemos claro, que cada cinco minutos nos recuerdan que cuando se arregle el traspaso de acciones viene una reestructuración donde vamos a salir todos.

En materia de infraestructura:

El cuñado de TOMAS SANCHEZ RONDON, es el encargado de esta actividad. Da lástima ver las instalaciones de la empresa, las mudanzas las realiza sin ninguna coordinación, pero lo único que realiza con coordinación es la de las empresas contratadas para las remodelaciones, obviando los procesos de contrataciones que rigen la actividad administrativa del Estado, porque de paso ellos como encargados de la administración de los bienes de una empresa bajo custodia del Estado deben fundamentar sus actuaciones en los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, porque están administrando bienes públicos: los bancos Baninvest y Real son bancos intervenidos por el Estado venezolano, y La Previsora es propiedad de estos bancos; en consecuencia, La Previsora de hecho es publica, por lo que están obligados a actuar apegados a las normas del derecho público.

En el edificio siguen funcionando las mismas empresas que tenían alquilados con los Maldonado los locales, y que de paso no pagan nunca, hasta los diarios opositores ‘Quinto Día’, y ‘Reporte Diario de la Economía’ tienen sus oficinas comerciales en el edificio; esta morosidad no permite generar fuentes de ingresos para invertir bien en esa área o en otras.

En cuanto a Recursos Humanos:

No se explica la incorporación del personal de otra empresa del estado, Bolivariana de Seguros, en esta empresa donde no hay nada qué hacer, los trabajadores pasean de un lado a otro sin poder justificar sus ingresos, y eso es por la inactividad de este grupo de gerentes, quienes de paso se formaron en el área de seguros y reaseguros en cuestión de días, solo dos días de un curso que hicieron y ya son maestros de todo el personal.

Estas situaciones nos pudieran llevar a pensar que definitivamente el poder del sector privado en el campo asegurador mueve muy bien sus tentáculos porque este grupo de Superintendente, Presidente de La Previsora, vicepresidentes, gerentes y familiares tienen seis meses en sus cargos y nada que se obtiene calidad de servicio, porque de paso todo es un saboteo y una demora”.

EL CONFESIONARIO

·        LA CRISIS DEL FONJUCV CONTINÚA: “Desafortunadamente para el profesorado ucevista, los Representantes de la Junta Directiva (JD) de la APUCV ante el FONJUCV le han causado un gravísimo daño a la seguridad social profesoral. Habiendo el presidente de la APUCV sostenido ante el Consejo Universitario (CU) que tales representantes actuaban en el FONJUCV respondiendo a las directrices que les daba la JD de la APUCV, es una absoluta falta de responsabilidad, seriedad y compromiso universitario el que aquellos representantes hayan decidido cerrar el FONJUCV, declarando a su personal en vacaciones a partir del viernes 30 de julio de 2010; es decir, dos semanas antes de la fecha prevista para tal receso vacacional, dejando a muchos profesores y profesoras sin oportunidad alguna para realizar trámites ante el FONJUC, entre el 02 de agosto y el 13 de agosto; diligencias como, por ejemplo, liberación de hipotecas y pagos de mensualidades por préstamos, entre otras, quedaron sin posibilidad de realización”. Lo dice Rómulo Orta, representante profesoral ante el Consejo Universitario de la UCV.

·        MÁS DETALLES: “El lunes 02 de agosto de 2010, la Comisión de Buenos Oficios del CU, presidida por la Rectora de la UCV, no pudo efectuar la instalación de la Comisión de Disolución del FONJUCV  ni la reunión prevista entre esta comisión y los dos únicos miembros que en nombre de la APUCV quedan en la Junta Directiva del FONJUCV, porque los profesores Oscar Bastidas y Abilio Carrillo habían adelantado las vacaciones en el FONJUCV. Este bochornoso acto de irrespeto a la institucionalidad universitaria fue categóricamente rechazado por el Consejo Universitario, en su sesión del 04/08/2010. Y hubo miembros del CU que le solicitaron al profesor Víctor Márquez que los profesores Bastidas y Carrillo sean inmediatamente destituidos por la Junta Directiva de la APUCV como sus representantes ante el FONJUCV, en virtud de que el Presidente de la APUCV manifestó que no fue consultado ni informado oportunamente sobre tal cese irregular e intempestivo de las actividades del FONJUCV. El desacato que la JD de la APUCV ha propiciado respecto a las decisiones que para la disolución del FONJUCV ha tomado el Consejo Universitario, ya  comienza a tener sus malos frutos”.

·        MARÍA CORINA MACHADO, candidata independiente apoyada por la Mesa de la Unidad (MUD) en el circuito mirandino Nro. 2 de los municipios Chacao, Baruta y El Hatillo y la parroquia Leoncio Martínez de Sucre, “sube como la espuma” en las encuestas, según fuentes que no precisaron números. Su proyección se estaría haciendo nacional, lo que preocupa a los partidos de la MUD, porque ella los dejaría a un lado contando además con apoyo internacional de la derecha estadounidense, incluida la familia Bush. Sería, además, la materialización del sueño de la derecha latinoamericana, que nunca ha podido cuajar una concentración del poder en Venezuela. Mis fuentes indican que MCM cuenta ya con “dos asesores arrechísimos” que intentarán proyectarla hacia las presidenciales del 2012, lo que entraría en conflicto con las aspiraciones de Henrique Capriles Radonski (Primero Justicia), Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo) y Leopoldo López (Voluntad Popular), entre otros. Sus desplazamientos nacionales cuentan con abundante apoyo financiero, bajo la consigna “Somos mayoría…”, que claramente rebasa el circuito 2 de Miranda, donde ella no necesita hacer campaña porque tradicionalmente allí arrasa la oposición, predominantemente opositora, derechista y pro-estadounidense.

 

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