Por Luis Fuenmayor Toro
En mayo de 2005, se otorgaron 50 mil millones de bolívares para la construcción, en un máximo de 120 días, de 37 aldeas universitarias. Más adelante, en junio de 2006, fueron aprobados 206 mil millones de bolívares adicionales para la construcción de otras 73 aldeas, lo que hace un total de 113 aldeas universitarias y 256 mil millones de bolívares viejos de inversión. ¿Cuál fue el resultado de todo ese gasto? ¿Dónde están estas construcciones? Supuestamente han debido substituir a las “aldeas” improvisadas en aulas de pre-escolares, en salones de escuelas y liceos, en los escombros de mercados municipales demolidos, en galpones viejos abandonados y hasta en plazas y terrenos baldíos aprovechando la sombra de algún árbol.
El ministro Ramírez, y los ministros previos también, aunque con menor insistencia, han exigido transparencia a las universidades en el manejo de sus fondos, exigencia con la que estoy de acuerdo, pero la administración de recursos del Ministerio de Educación Universitaria y del resto de los ministerios, al igual que en el pasado adeco-copeyano, es mucho menos transparente que la de las universidades. A veces sonrío cuando oigo que el ministro del ramo dice que los presupuestos universitarios son unas cajas negras. Pareciera que se refieren a las universidades de la China, de Letonia o de Zambia, las cuales no están a sus alcances. Hablan de universidades a las que ellos le otorgan los recursos, que tienen que presentar solicitudes presupuestarias anuales e informes de ejecución según las indicaciones y formularios oficiales.
Se refieren a universidades con contralorías internas que dependen de la Contraloría General de la República, a las cuales pueden exigirles los informes pertinentes y revisar sus operaciones en cualquier momento, sin mucho escándalo, y las describen como si fueran extraterrestres, imposibles de controlar en lo que al gasto se refiere. ¿Por qué no investigan las adquisiciones y contrataciones que aprueban los consejos universitarios? Estudien las asignaciones directas, sin licitaciones, con el argumento inadecuado de razones de emergencia. Allí van a encontrar situaciones irregulares, pues autoridades y consejeros creen que emergencia es sinónimo de rapidez y apelan a ella muy a menudo para agilizar sus compras.
¿Por qué no se revisa la relación trabajadores/profesores y se toman medidas para reducir la enorme burocracia universitaria? Allí se va una gran parte del despilfarro de estas instituciones. Y no se trata de proceder a despidos, sino de establecer un plan a corto, mediano y largo plazo que corrija la situación ¿Por qué no se audita a los profesores a dedicación exclusiva y tiempo completo, en relación con la investigación que realizan? No para despedirlos sino para determinar las causas de un posible incumplimiento: Del Estado, de las instituciones educativas y de los docentes, de manera de instrumentar los correctivos del caso y hacer de todos ellos docentes-investigadores, como lo establece la ley.
En relación con los fondos de jubilaciones, en lugar de acusarlos de no pagar las jubilaciones, lo cual todos sabían era de imposible cumplimiento y está claramente dicho en sus estatutos constitutivos, se debería investigar cómo han administrado sus recursos, si los han hecho crecer en las proporciones debidas y con medidas financieras legales, si han sido eficientes en su administración y si se han cometido hechos de corrupción. Investigar que han hecho las universidades con los recursos recibidos de los fondos, si es que éstos les han transferido recursos, pues los mismos no se pueden gastar en cualquier ítem, sino que tienen que ser destinados a acciones que beneficien al tipo de personal que contribuye con la riqueza de los fondos o a cualquiera otra acción que compense a la academia por la jubilación de sus miembros.
¿Por qué no se audita, en el caso ucevista, a la Fundación UCV, dirigida por las peores manos que pudieran haberse encontrado? ¿Por qué no se denuncia a tanto delincuente de siempre existente en su directiva? ¿Por qué las sanciones no se extienden a las autoridades de universidades experimentales ya señaladas por la Contraloría. Quizás estas actitudes no produzcan tanta efervescencia política; a lo mejor no nos destacan como los funcionarios más decididos y posiblemente no nos ayuden a mantener el cargo por mucho tiempo, pero sin duda son las adecuadas y las que van al fondo de los problemas encontrados, además de castigar culpas reales.
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