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Rafael Uzcátegui *  
En el museo de la ignominia quedará la justificación que realizó la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, sobre la
medida de privación ilegítima de libertad contra Franklin Brito. Esa decisión, de recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante su huelga de hambre, causó la radicalización del conflicto, dificultando el diálogo y apostando por un desgaste que terminó, en última instancia, con su fallecimiento.
 
Como se recordará el 15 de enero del 2010 la Fiscal anunciaba, a través de los medios estatales que el productor agropecuario padecía de “trastorno de ideas delirantes”. La doctora Díaz se convirtió en una figura activa de la campaña de criminalización y desprestigio, a la cual también se sumó la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el 14 de diciembre del 2009 sostuvo que Brito “no reunía la mejor condición mental”. Por defender lo que consideraba como sus derechos violentados, las máximas figuras del llamado “Poder Moral” lo llamaban loco.
 
Debido al drama relacionado con sus sucesivas huelgas de hambre, con frecuencia se olvida que la violación de la titularidad de sus tierras era sólo un capítulo de una serie de atropellos contra un humilde trabajador, oriundo de Rio Caribe, que empezaron cuando tuvo el “trastorno” de señalar, con pruebas, la inminencia de actos de corrupción en los organismos estatales. Como consta en la comunicación que Brito dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009, y en las primeras informaciones sobre su caso ventiladas por los medios, en abril del año 2001 el biólogo denunció que un millonario proyecto de fumigación con agroquímicos, contemplado por la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolívar a ser financiado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no era la mejor alternativa para combatir las enfermedades en los cultivos de ñame de la región. En cartas dirigidas a la Asamblea Nacional, El Bloque Parlamentario Región Guayana y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse ese proyecto constituiría un “uso inadecuado de los recursos”, pues no era recomendable para el modelo de siembra utilizado en la zona. El INIA le dio la razón, recomendando el uso de variedades de ñame resistentes a las plagas como una solución más económica y ecológicamente sustentable. En consecuencia la CVG desistió del financiamiento, desbaratando el negocio que involucraba, entre otros funcionarios, al alcalde del municipio, Juan Carlos Figarella.
 
Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin Brito y su familia. Como retaliación por su denuncia, se dispararon diferentes resortes del poder para hacerle pagar con intereses sus “ideas delirantes”. El 16 de abril del 2001 es despedido del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo Agrario (IAMDA), una institución dependiente de la Alcaldía del Municipio Sucre. Paralelamente fue cesanteado en su cargo de profesor de la Unidad Educativa Nacional “El Guarataro”, cuya directora, Griselda Álvarez, era prima del alcalde Figarella. Como si lo anterior no fuera suficiente, también es botada su esposa, Elena
Rodríguez de Brito, de su rol de docente en la Escuela Integral Bolivariana “El Guarataro”. Como parte de este ensañamiento ocurre el otorgamiento de cartas agrarias, por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al biólogo y que eliminaban la única vía de acceso a su fundo de 290 hectáreas, imposibilitándole la entrada y el trabajo en el mismo. Y es aquí donde Franklin Brito decide la “locura” de pelear, sin descanso, por el resarcimiento de sus derechos, en la parte de la historia cuyo desenlace es lastimosamente conocido por todos y todas.
 
Ante su determinación de hacer visible las irregularidades, el Ejecutivo Nacional asumió una estrategia incoherente. Por un lado cumplieron parcialmente algunas de sus demandas, como bien las enumeró la postura oficial tras el fallecimiento del huelguista, sin embargo por otro se apostaba a la estrategia del desgaste y la difamación, para intentar doblegarlo en su determinación. Algún día tendrá que responder por sus actos un conductor del programa nocturno del Canal 8
que aseguraba tener una filmación de la esposa de Brito con otro hombre; o aquellos que manipularon y difundieron un video para
intentar demostrar que Brito era un chantajista. Su caso tenía una fácil solución si hubiese existido la franca voluntad de dialogar y resolver el problema, sin embargo lo que imperó fue el irrespeto, la soberbia y la intolerancia.
 
El error homicida del gobierno fue secuestrarlo en el hospital militar pues obligó a Franklin a radicalizar su huelga. Cuando el gobierno intentó retomar el diálogo el deterioro de su salud era irreversible.
En ese momento las demandas principales de Brito eran formalizar como reparaciones materiales a daños contra su persona, las diferentes  medidas tomadas por el Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a favor o en contra, del propio presidente de la República.
 
En cualquier otro país la muerte de un huelguista de hambre hubiera originado diferentes responsabilidades y renuncias. La Fiscal General de la República debe meditar, concienzudamente, si es pertinente su permanencia en el cargo. En cualquier escenario, la próxima Asamblea Nacional debe revisar con la mayor rigurosidad su informe de gestión, y decidir si la funcionaria ha cumplido cabalmente con sus funciones, o por el contrario debe ser removida.
 
Como dice el trovador peruano Daniel F en su versión del tema “De cartón piedra” de Serrat: “Me gusta estar con locos porque me llegan al pincho los tipos demasiado sanos, los cuerdos, esos que dicen “para que vamos a hacer tal cosa si ya todo esta perdido”. En Venezuela hay una nueva denominación para quienes deciden no claudicar en la defensa de sus derechos: “trastornados de ideas delirantes”.
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* Coord. Monitoreo e Investigación PROVEA
 
www.rafaeluzcategui.wordpress.com

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