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En días recientes el embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, fue irrespetado por la Policía Nacional de ese país al arribar al aeropuerto de Barajas. Un tratamiento verbal desconsiderado y “manifiestamente hostil”, ha dicho Rodríguez. Que esto haya sucedido no tiene por qué asombrar a nadie, ni aquí ni en España, porque es el trato que a diario se le da a muchos viajeros venezolanos que van a ese país.

Lo que sí llama la atención es que esto haya ocurrido con un representante diplomático, cuyo arribo al aeropuerto era conocido con anterioridad por los funcionarios de inmigración. Por esta razón, no parece que estuviéramos simplemente en presencia de esa actitud xenofóbica que algunos miembros de los cuerpos policiales de España muestran con frecuencia hacia venezolanos y latinoamericanos, sobre todo en estos tiempos de crisis económica y elevado desempleo, cuando se descargan  las culpas en los extranjeros.

Posiblemente la conducta agresiva de los funcionarios de la Policía Nacional obedeció, en este caso particular, a razones adicionales. ¿Cuáles?  Al parecer, se trata de una represalia de un grupo de policías que se produjo por unas opiniones emitidas hace algunas semanas por Rodríguez, en las que aludía a informaciones sobre el comportamiento de la Guardia Civil en el caso de la detención de Javier Atristáin, según las cuales las declaraciones de éste fueron obtenidas  por medio de la fuerza y en violación de los derechos humanos.

De ser así, es decir si se trata de un acto de escarmiento por parte de la policía hacia el embajador venezolano, el asunto es verdaderamente delicado para España.  En lo externo, porque perjudica las relaciones con un país con el que existen profundos lazos de amistad. Y en lo interno, porque muestra que los cuerpos policiales se han autonomizado en un grado muy peligroso, ya que asumen decisiones que no les competen como es la política exterior y las relaciones con el cuerpo diplomático. Por alguna causa han dejado de lado el principio de subordinación a las instituciones. Lo peor para la democracia española es que la actual crisis social puede profundizar todavía más esta situación de un poder oculto que nadie está en capacidad de controlar. La institucionalidad democrática de España es frágil, con una corta tradición y levantada sobre la impunidad. Las pulsiones de muerte del período franquista todavía perviven.

En cuanto a Venezuela, resulta sorprendente la actitud que ha sumido la oposición --que va desde la indiferencia hasta el respaldo a la mala conducta de la policía española--, simplemente porque se trata de un funcionario chavista, como si importara poco la degradación de las instituciones en España o no fuese preocupante para nada el maltrato hacia el representante oficial de nuestro país, sólo porque es un adversario político.

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