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Omar Antonio Pérez Hudson, sargento técnico de primera, quien participó directamente en la masacre, fue nombrado director nacional de investigaciones de la Disip en el año 2002.

Celso Rincón Fuentes, funcionario de la Disip, quien engañó a los pescadores al solicitarles que le pescaran unos Coporos para llevarlos a San Cristóbal, siendo que ya tenían pensado emboscarlos para pasarlos como guerrilleros; ocupó el cargo de subdirector y jefe de seguridad de la cárcel de Yare en el año 2002.

El coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez militar en el caso, y falló a favor de los agresores y en contra de los sobrevivientes, era en 2006 consultor jurídico del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social. Durante el cargo de José Vicente Rangel como ministro de la Defensa, fue asesor jurídico del Ejército y ocupó luego la Consultoría Jurídica de ese despacho durante la gestión del general Jorge García Carneiro.

También tenemos el genocidio cometido contra el pueblo venezolano luego del estallido social del 27 de febrero de 1989, donde el general Wilfredo Silva (Jefe del Cufan hasta julio de 2007 y mano derecha de Hugo Chávez) confesó en el libro “Militares junto al pueblo” de Marta Harnecker, que le correspondió dirigir las operaciones del Ejército en el Valle de Caracas; zona donde se produjo el mayor número de muertos con armas de guerra

Otro hecho repugnante que evidencia el falso discurso revolucionario y de justicia de Chávez es el cargo de diputado que hoy en día ocupa por el PSUV el general Roger Cordero Lara, quien es señalado de autor material en el bombardeo que originó la conocida “masacre de Cantaura” aquel lunes 4 de octubre de 1982.

El Ministerio Público inició una investigación penal para determinar si el presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, habría incurrido en algún delito por instar a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a que desobedezcan las órdenes… Asumiendo la investigación como un pase factura política.

Pero ese mismo Poder es ciego, sordo y mudo ante la denuncia que Robin Rodríguez, Amado Borjas y Carlos Marcano realizaron el 7 de septiembre del presente año, solicitando una investigación del alcalde de Puerto La Cruz, Stalin Fuentes, por una supuesta apropiación indebida de 7.500 millones de bolívares (de los viejos) de los descuentos por concepto del pago del Seguro Social Obligatorio a los 5 mil trabajadores de dicha alcaldía.

Los que hoy  ejercen la justicia en Venezuela serán condenados por la historia.

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