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Intopress

Caracas, marzo 12.- De acuerdo con los señalamientos efectuados por el apoderado del hato Caroní, Jorge Rodríguez Abad, la intervención de esa propiedad por parte del Instituto Nacional de Tierras (NTI) representa un desacato a una medida de protección agropecuaria de los tribunales que fue dictada el pasado primero de diciembre de 2008.

Rodríguez Abad dijo que los propietarios del Hato cuentan con la documentación que los acredita como dueños legítimos de estas tierras que fueron intervenidas por los entes gubernamentales días atrás.

Tras una rueda de prensa el apoderado considera que se trata de una propiedad privada sujeta al cumplimiento de la "función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación".

Igualmente, indicó que la medida de "rescate" adoptada por el INTI para confiscar el hato Caroní es absolutamente nula en términos de derecho; puesto que "esta medida lesiona el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho al juez natural y por lo tanto es absolutamente nula".

Recordó que el hato data como propiedad privada desde 1958 por parte del Banco Agrícola y Pecuario que trasladó esa propiedad y que posteriormente en el año 1996, lo que se conoció en su oportunidad como el Instituto Agrario Nacional (IAN) hoy conocido como INTI, procedió a entregar la propiedad mediante un título "oneroso", a los actuales y "legítimos" propietarios.

Justificó las razones que lo llevan a señalar como ilegal a la acción interventora del INTI, en la medida que "esa unidad de producción goza además, de protección agroalimentaria; porque así como el informe que realizó el INTI en el año 2006 y 2008 en donde se indica que es una unidad agropecuaria que cumple con todos los requisitos de ocupación y de producción, el tribunal que otorgó la medida también realizó un informe técnico, así como una inspección en los predios de la finca a objeto de determinar y constatar que eso es así. En razón de esto se produjo esa medida agroalimentaria que es como un amparo constitucional".

Catalogó de falso que la propiedad pueda definirse como latifundio, como han señalado algunos funcionarios del gobierno y afirmó que la unidad de producción del Hato Caroní, cumple con todas sus obligaciones legales, con sus trabajadores y las normas establecidas en la ley. "El hato Caroní, produce 150 toros mensuales, que se envían a los mataderos y emplea a más de 200 personas".

Continuó señalando que los propietarios agotarán todas las instancias judiciales y administrativas, para evitar la confiscación de estas tierras y que esta situación pueda llegar a feliz término a través del diálogo con el gobierno.

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LUIS MIQUILENA / Yo fui el primer dueño del Hato Caroní