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Por Luis Felipe Colina

* LAS EMPRESAS PETROLERAS de ex gerentes y ex ejecutivos de PDVSA que se establecieron en Colombia después del paro petrolero del 2002 -y fueron recibidas con todo entusiasmo y respaldo por el gobierno de Álvaro Uribe que les asignó importantes responsabilidades en las operaciones de Ecopetrol-, están siendo hostigadas ahora por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien en unos casos se niega a renovarles los contratos, y en otros, simplemente las sustituye por empresas de otros países. La ofensiva forma parte, al parecer, de los acuerdos entre los presidentes Chávez y Santos, entre los cuales también se incluye, no solo la extradición de guerrilleros y narcotraficantes colombianos, sino su contraparte, o sea,  la extradición de venezolanos que con expedientes por diversas causas huyeron de Venezuela y viven ahora en el vecino país.
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* LULA. Mucho malestar en el alto gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por las andanzas en el extranjero del expresidente, Lula Da Silva, quien actúa, según la cancillería, prácticamente como un presidente paralelo que se atribuye responsabilidades que solo compiten al responsable de la política exterior. Lo grave es que Lula está adquiriendo compromisos por cuenta propia que comprometen la política y la gestión de la presidencia Rousseff, como se vio en Cuba, donde afirmó en un discurso ante la dirigencia cubana “que Brasil jamás dejaría de prestarle ayuda a Cuba”. Con relación a su visita a Venezuela, Lula actuó, sin duda, con más discreción, aunque en Itamarati se teme sino se comprometió a resolver el caso de la refinería de Pernambuco, en el cual la directiva de Petrobras está convencida que el peor socio que puede tener es  PDVSA.
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* SE AGRAVA LA SITUACIÓN FINANCIERA y operacional del “Canal I” del magnate petrolero, Wilmer Ruperti, quien ha dicho en privado que hasta podría vendérselo a IBC, la empresa que fue propietaria de Radio Caracas Televisión. Por ahora, sin embargo, Ruperti trata de buscar socios en el exterior, o aquí mismo en Venezuela, aunque es dudoso que ningún empresario venezolano arriesgue un centavo en este momento en un sector, que como el de las comunicaciones, que está tan en la mira del gobierno. Otra solución  es que el mismo gobierno se interese en el “I”,  pero ya los representantes de la “revolución” contactados han hecho saber que no están interesados en incursionar en una nueva aventura mediática.
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* VECINOS del Municipio El Hatillo han exigido que el Ministerio Público investigue todo lo concerniente a la permisología que el ex alcalde Alfredo Catalán, le otorgó a los propietarios de lo que será el Cetro Comercial más grande de América Latina y que actualmente está en construcción en la Avenida Principal de Los Naranjos. Los dirigentes vecinales aseguran que en hubo pago de comisiones, que ahora trata de determinar el MP.
N MUD. Continúan los enfrentamientos internos en la Mesa de Unidad Democrática. Diversos sectores minoritarios insisten plantear una rectificación en la fecha de la convocatoria para las elecciones primarias. Sugieren la primera semana de diciembre de 2011 y se habla de presentar firmas en apoyo a esa proposición.

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* PRECANDIDATOS. Con el inminente retorno del ex gobernador y empresario zuliano Manuel Rosales y la posible ratificación de la habilitación de Leopoldo López se le complica aún más el panorama político a algunos sectores opositores aglutinados en la MUD 
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* CICPC. En medios judiciales se asegura que la olla podrida recientemente destapada en el C.I.C.P.C. se hace oportuna para que el brazo de ejecución  de la Banda de Los Enanos  sea puesta al descubierto y definitivamente desarticulada ya que sus principales jefes habrían quedado al descubierto.
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* VIENEN MEDIDAS JUDICIALES para constructores ligados a un empresario asegurador que de operador financiero de la campaña electoral de Chávez, pasó a “mánager” y patrocinador de varios dirigentes de oposición.
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*  EL GOBIERNO Nacional por diferentes vías investiga la gigantesca fortuna que maneja un ex diputado adeco convertido ahora en “mega-constructor.
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* POR INSTRUCCICONES del alto gobierno, los cuerpos de seguridad del Estado investigan la procedencia de los 20 mil millardos de bolívares que comenzó a invertir un precandidato de oposición en el proceso interno de la MUD.
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* LA DIRECCION DE INTELIGENCIA MILITAR (DIM) investiga una poderosa red de extorsión, sicariato y narcotráfico que desde hace varios años vienen operando en Caracas.
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* POR ORDEN PRESIDENCIAL el Ministerio Público reactivó la investigación contra la Lotería del Zulia que involucra a un conocido empresario y sus testaferros; los cuales continúan operando a sus anchas en esa institución benéfica.
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* LOS TRABAJADORES del Estado Nueva Esparta están solicitando una sede regional del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Insapsel) para que se atiendan todos los reclamos por accidentes laborales en la entidad. Un trabajador accidentado y con pocos recursos, no puede ir a Barcelona, estado Anzoátegui, advirtieron en la isla. El insapsel, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo, y es este despacho el que debe atender los reclamos de la masa labora. 
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* ORO. Corre riesgo de parálisis en la  actividad artesanal y de la industria del oro en el estado Bolívar, y especialmente en El Callao, debido a la falta de transparencia en las actividades comerciales de Minerven, empresa aurífera adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana. Laos afectados esperan que la reciente intervención de Minerven puede permitir una limpieza administrativa en la alta gerencia para acabar con estas mafias que  en las últimas administraciones se han apoderado de los procesos de venta de oro, aproximadamente un 30 a 40 por ciento de la producción. Grupos al servicio de la vieja gerencia logran adquirir el oro a precio de dólar oficial y luego lo revenden  cotizado con dólar de mercado negro, es la denuncia que reiteradamente se escucha. Se saben nombres, que tienen el apoyo de pesados, que han hecho fortuna bajo este modus operandi. 
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* ADULTO MAYOR. Familiares de abuelitos (as) postulados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, y Asistencia al Adulto y Adulta Mayor (Inass) denuncian que funcionarios inescrupulosos les piden hasta 4 mil bolívares fuertes, por "agilizar los trámites", para las asignaciones económicas mensuales, que funcionarios inescrupulosos les piden hasta 4 mil BF, por "agilizar los trámites". Como se sabe, es muy difícil salir en las listas que todos los meses colocan en carteleras de las oficinas principales. Ya muchos abuelitos se han muerto de tanto esperar. Además refirieron los denunciantes, que el Inass no entrega medicinas, pañales y que la atención hacia las personas de la tercera edad es cada vez peor y desean que el propio presidente Chávez le meta la lupa a estas irregularidades.

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* RUGE EL GATO. La tan anunciada guerra entre el gobernador de Monagas, José Gregorio (“El Gato”) Briceño, contra los hermanos Diosdado y José David Cabello Rondón, estalló el jueves pasado cuando los acusó desde su programa de radio “En contacto con el Gato” (que retrasmiten 30 emisoras y 3 televisoras regionales),  al primero, de "inepto, cínico, fracasado, cobarde,  mentiroso, y  cómplice que le entregó el estado Miranda a los enemigos del presidente Chávez y de la revolución",  al segundo, de haber convertido al Seniat “en una guarida de ladrones”, y a los dos, de haberse encompichado con el director de la DIM, Hugo Carvajal, alias “El Pollo” “para levantarme expedientes, grabarme para llevarle chismes al presidente Chávez y  ahora lavó el expediente sobre el contrabando de extracción para perjudicarme". Luego, en lo que parece una huida hacia adelante, después de haber conocido la reciente aprobación unánime de la Asamblea Nacional para investigar más de setenta casos de sicariato en Monagas, “El Gato” arremetió contra el Director del CICPC, Wilmer Flores Trossel, a quien acusó de "haber venido a Monagas encompinchado con Diosdado, para tratar de vincularlo al caso del doble crimen de los muchachos de Caicara" En otro aparte de su alocución, igual denunció que todos sus teléfonos y los de sus familiares habían sido intervenidos por el CICPC durante la investigación del doble asesinato, dejando entrever que tal medida había sido adelantada ilegalmente. El Sebin y la Guardia Nacional no se salvaron de la andanada de “El Gato”, acusando a dichos organismos de formar parte de una conspiración "para joderlo".

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Semanario LA RAZÓN

www.larazon.net

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