Bogota, 08 junio (Telesur).- El vicepresidente Ejecutivo de Colombia, Angelino Garzón, y el defensor del pueblo, Volmar Pérez, lamentaron este miércoles el asesinato de la líder de un grupo de pobladores desplazados, identificada como Ana Fabricia Córdoba, a manos de un pistolero desconocido en Medellín (noroccidente del país).

"Llegó el momento de las víctimas en Colombia. Este Gobierno reafirma su compromiso con las víctimas y sus derechos y advierte a los delincuentes que casos como el de Ana Fabricia no quedarán en la impunidad", advirtió Garzón a través de un comunicado.

Además, aseguró que el Gobierno estaba al tanto de las amenazas en contra de Córdoba. En este sentido, indicó que los documentos respectivos fueron enviados al Ministerio del Interior y de Justicia para evitar que las amenazas fueran efectivas.

El segundo al mando del Ejecutivo llamó la atención a los organismos del Estado para que hechos como estos no se vuelvan a repetir, pues “este fue un asesinato que hubiéramos podido evitar”.

“No podemos dejar a la gente que es amenazada, sola; lo que ha pasado es muy grave. Yo creo que vamos a tener que revisar todos los procedimientos que tenemos en el Estado, de protección a la gente porque a veces son demasiado engorrosos, a veces hay demasiadas trabas y lo que ha pasado es lamentable”, señaló Garzón.

De acuerdo al sitio web de la Radio Nacional de Colombia, el Vicepresidente recibió un comunicado por parte de la Mesa Metropolitana de los Derechos Humanos de Medellín, entidad que representaba a la señora Córdoba, en el que se aseguraba que los responsables eran “sicarios al servicio de policías”.

Ante la denuncia, Garzón anunció que denunciará este documento ante la Fiscalía y otras instancias con el objetivo de identificar a los responsables.

“En la declaración que saca en el día de hoy, hace una denuncia muy grave, es que en el asesinato de esta señora pueden estar implicados algunos policías y que ‘sicarios al servicio de policías’, esto es muy grave; a mi me corresponde como Vicepresidente, mandar este comunicado con una nota firmada por mi persona, a la señora Fiscal General de la Nación, al Director General de la Policía Nacional”, aseguró.

Por su parte, el Defensor del Pueblo advirtió en otra nota de prensa que la muerte de Córdoba "pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los programas de protección de los líderes amenazados".

"Se deben agilizar los procesos de evaluación del riesgo para que se puedan adoptar eficaces medidas desde el punto de vista preventivo, lo mismo que esquemas de protección que garanticen seguridad de las personas amenazadas", acotó el ombudsman.

La occisa, de 51 años de edad, fue baleada en momentos que se trasladaba en un autobús en Medellín (400 km al noroeste de Bogotá), donde vivía.

Córdoba había sido desplazada hace una década por la actividad de grupos armados en la región bananera de Urabá, noroeste del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, luego de que asesinaran a su esposo.

Se trata del décimo crimen contra un líder de campesinos que reclaman sus tierras desde que el presidente de la nación, Juan Manuel Santos, asumió el poder en agosto de 2010.

La muerte de Córdoba, quien también trabajaba por la reparación de las víctimas del conflicto armado interno del país suramericano, se registró en víspera de que el presidente Juan Manuel Santos sancione una ley orientada a reparar a las víctimas del conflicto armado y restituir las tierras a campesinos desplazados.

La promulgación de la Ley, aprobada por el Congreso colombiano la semana pasada, está programada para el próximo viernes en presencia del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon.

De acuerdo a cifras oficiales entre 2007 y marzo de 2010, al menos mil 499 desplazados fueron asesinados en Colombia.

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