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Mie, 29 de Junio 2011, 09:18:15 -- Actualizado: Lun, 27 de Junio 2011, 19:14:15
Perú acepta reclamos indígenas y se normaliza el tránsito a Bolivia
La normalización del paso internacional de un país a otro fue resuelta anoche en una masiva asamblea de indígenas en la localidad peruana de Desaguadero, separada por el río del mismo nombre de su homónima boliviana.
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27 Jun (Télam).- El tránsito en la carretera que vincula a Bolivia y Perú, interrumpido desde hace 45 días, fue normalizado hoy luego que las autoridades peruanas aceptaran las exigencias de los indígenas que bloqueaban la ruta en rechazo a actividades mineras contaminantes en la región de Puno.
La normalización del paso internacional de un país a otro fue resuelta anoche en una masiva asamblea de indígenas en la localidad peruana de Desaguadero, separada por el río del mismo nombre de su homónima boliviana, reportó la estatal agencia boliviana ABI.
El líder indígena puneño Walter Aduviri comunicó a unos 15.000 pobladores los acuerdos a los que llegó una comisión con el gobierno, con lo que se decidió dejar de lado las medidas de fuerza.
Aduviri, citado por la agencia alemana DPA, enfatizó que se discutirá con el gobierno del electo presidente Ollanta Humala la revisión de las concesiones mineras en todo el departamento de Puno.
"Le daremos un plazo que se cumplirá el 30 de agosto para que trabaje este caso y el Congreso saque la ley de consulta", señaló Aduviri, en referencia a la consulta previa a los pueblos indígenas para la admisión de proyectos mineros.
La movilización y el bloqueo se inició el pasado 9 de mayo y provocó graves perjuicios no solamente al Perú, sino también al comercio y a los transportistas bolivianos.
El paro indígena-campesino y el bloqueo sólo fueron interrumpidos para dar paso a la segunda vuelta de la elección presidencial ganada el 5 de junio por el nacionalista Humala, quien obtuvo más de 70 por ciento de los votos en la región de Puno.
Humala instó la semana pasada al gobierno saliente del presidente Alan García, tras una visita a Bolivia, a solucionar en forma pacífica los conflictos sociales y a no dejarle la herencia de un "país minado".
El presidente electo manifestó preocupación por los daños económicos de la crisis, en especial para el comercio exterior boliviano, por el bloqueo fronterizo.
Un reporte de la agencia cubana Prensa Latina subraya que la solución fue alcanzada con la aceptación de las exigencias de los pobladores que el gobierno se había negado a atender a lo largo del conflicto.
De esa manera, el gobierno peruano accedió a anular por irregularidades una concesión minera a una empresa canadiense, estableció una moratoria de concesiones y condicionó las operaciones extractivas a consultas con las comunidades.
También dictó un decreto que declara prioritaria la descontaminación del río Ramis por sustancias tóxicas usadas por la minería informal.
Atendió así una demanda de una década de la provincia quechua de Azángaro, en el norte de Puno, tras graves disturbios que el viernes últimos dejaron seis muertos baleados por la policía.
Los uniformados abrieron fuego cuando miles de manifestantes de Azángaro penetraron en el aeropuerto de la ciudad puneña de Juliaca, a 1.286 kilómetros al sureste de Lima.
Las rutas que habían sido bloqueadas con piedras y palos a manera de protesta comenzaron a ser despejadas hoy, incluida la carretera binacional que conecta con Bolivia.
El gobierno del presidente Alan García fue criticado por un sector por su "inacción" frente a las demandas sociales. Sin embargo, García respondió que existen "oscuros intereses" que quieren presionar y desestabilizar a su sucesor con medidas de fuerza.
Desde 2008, 98 personas fallecieron y 1.379 quedaron heridas en conflictos sociales en el Perú, según la Defensoría del Pueblo.
El líder indígena puneño Walter Aduviri comunicó a unos 15.000 pobladores los acuerdos a los que llegó una comisión con el gobierno, con lo que se decidió dejar de lado las medidas de fuerza.
Aduviri, citado por la agencia alemana DPA, enfatizó que se discutirá con el gobierno del electo presidente Ollanta Humala la revisión de las concesiones mineras en todo el departamento de Puno.
"Le daremos un plazo que se cumplirá el 30 de agosto para que trabaje este caso y el Congreso saque la ley de consulta", señaló Aduviri, en referencia a la consulta previa a los pueblos indígenas para la admisión de proyectos mineros.
La movilización y el bloqueo se inició el pasado 9 de mayo y provocó graves perjuicios no solamente al Perú, sino también al comercio y a los transportistas bolivianos.
El paro indígena-campesino y el bloqueo sólo fueron interrumpidos para dar paso a la segunda vuelta de la elección presidencial ganada el 5 de junio por el nacionalista Humala, quien obtuvo más de 70 por ciento de los votos en la región de Puno.
Humala instó la semana pasada al gobierno saliente del presidente Alan García, tras una visita a Bolivia, a solucionar en forma pacífica los conflictos sociales y a no dejarle la herencia de un "país minado".
El presidente electo manifestó preocupación por los daños económicos de la crisis, en especial para el comercio exterior boliviano, por el bloqueo fronterizo.
Un reporte de la agencia cubana Prensa Latina subraya que la solución fue alcanzada con la aceptación de las exigencias de los pobladores que el gobierno se había negado a atender a lo largo del conflicto.
De esa manera, el gobierno peruano accedió a anular por irregularidades una concesión minera a una empresa canadiense, estableció una moratoria de concesiones y condicionó las operaciones extractivas a consultas con las comunidades.
También dictó un decreto que declara prioritaria la descontaminación del río Ramis por sustancias tóxicas usadas por la minería informal.
Atendió así una demanda de una década de la provincia quechua de Azángaro, en el norte de Puno, tras graves disturbios que el viernes últimos dejaron seis muertos baleados por la policía.
Los uniformados abrieron fuego cuando miles de manifestantes de Azángaro penetraron en el aeropuerto de la ciudad puneña de Juliaca, a 1.286 kilómetros al sureste de Lima.
Las rutas que habían sido bloqueadas con piedras y palos a manera de protesta comenzaron a ser despejadas hoy, incluida la carretera binacional que conecta con Bolivia.
El gobierno del presidente Alan García fue criticado por un sector por su "inacción" frente a las demandas sociales. Sin embargo, García respondió que existen "oscuros intereses" que quieren presionar y desestabilizar a su sucesor con medidas de fuerza.
Desde 2008, 98 personas fallecieron y 1.379 quedaron heridas en conflictos sociales en el Perú, según la Defensoría del Pueblo.
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