* Cancillería peruana tramitará, a la mayor brevedad, la solicitud de asilo del dirigente de UNT

* Alcalde de Maracaibo gestiona, en Lima, protección diplomática a su condición de perseguido político

* El ex gobernador del estado Zulia realiza intensas relaciones, a nivel internacional, para exponer su caso

* Aspira que a través de la mediación internacional se le juzgue en libertad, con sus jueces naturales y sin "contaminación política"

* Rosales llegó a Perú el pasado sábado 4 de abril, procedente de Panamá

Por Noel Gómez Herrera

Por considerarse un perseguido político y no contar con las garantías judiciales mínimas para enfrentar el juicio que se le sigue, el alcalde de la ciudad de Maracaibo, Manuel Rosales Guerrero, ha solicitado protección al gobierno de la república del Perú, país donde se encuentra desde el pasado sábado 4 de abril, en horas de la noche.

Rosales, quien llegó a Lima procedente de Panamá, ha realizado diversos encuentros con los más altos representantes del gobierno peruano, para exponer su caso, el cual ya era del conocimiento del presidente Alan Garcáa, por la vía de dos conocidos dirigentes políticos venezolanos domiciliados en Estados Unidos, así como por encargo de líderes de la Internacional Socialista, organización de la cual es miembro el "Partido Aprista", que preside García, quien estuvo exiliado en Colombia y Francia, desde 1992 hasta el año 2001, fecha en la que regresó a su país tras la caída de Alberto Fujimori en noviembre de 2000.

El caso Rosales, que la cancillería peruana maneja de manera estrictamente confidencial, como se acostumbra en estos casos, sería planteado por el presidente peruano a su colega venezolano Hugo Chávez, durante la venidera reunión de jefes de Estado a realizarse a partir del 17 de abril, en la ciudad de Puerto España, Trinidad, en el marco de la V Cumbre de las Américas.

Una versión, aún no confirmada por los reporteros de "La Razón", da cuenta que el caso Rosales fue tratado también durante la conversación telefónica, de veinticinco minutos de duración, sostenida el pasado viernes 10 de abril entre los presidentes de Perú, Alan García y de Estados Unidos, Barack Obama, con motivo de la referida reunión de mandatarios del continente. La solución del caso Rosales, en términos de respeto a sus garantías constitucionales, podría incluso ser una condición para la realización del encuentro entre Obama y Chávez, solicitado por el propio jefe de Estado venezolano a través del gobierno de Brasil, hace varias semanas, según indicó una importante fuente diplomática peruana, consultada por "La Razón".

GESTIONES DIPLOMATICAS

 

 

 

Las gestiones diplomáticas iniciadas por el alcalde de Maracaibo tienen como objetivo obtener garantías judiciales mínimas en el juicio que se le sigue, de manera particular que sea juzgado por sus jueces naturales del estado Zulia y que el proceso se realice en libertad, tal como está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) y en caso contrario obtener la protección diplomática de asilado, que le correspondería como perseguido político.

Como se sabe, la audiencia preliminar del caso Rosales fue convocada por la jueza Reina Morandi, titular del juzgado décimo noveno de control del área metropolitana de Caracas, para el próximo lunes 20 de abril, a pesar de la solicitud de los abogados defensores Morris Sierralta y Magaly Vásquez, de postergar la fecha, para tener conocimiento de todas las piezas que conforman el expediente. Una nueva estrategia de la defensa para aplazar la audiencia podría ser la recusación de la jueza Morandi el mismo día lunes 20, tomando en cuenta que ya habría fijado posición contra el ex gobernador Rosales en el juicio que se le sigue en ese mismo tribunal al comisario José Sánchez ("Mazuco"), ex jefe de la policía del Estado Zulia, además de la vinculación de la funcionaria judicial con importantes personeros del gobierno nacional.

Por su parte la Fiscalía del Ministerio Público ha anunciado que anexará nuevos documentos al expediente sobre diversos hechos de corrupción, con la finalidad de reforzar la petición de medida privativa de libertad solicitada contra el alcalde Rosales.

En medios políticos se da como un hecho que el alcalde Manuel Rosales no se presentará al juzgado de la causa.

El líder político fue acusado por el Ministerio Público, a mediados del pasado mes de marzo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la gobernación del estado Zulia, lo cual implica una pena de entre tres y diez años de cárcel.

Rosales ha negado insistentemente las acusaciones y ha señalado que se trata de "una orden de Chávez" para eliminarlo como rival político, denunciando a la vez que se le han violado sus derechos constitucionales, humanos y procesales.

 

 

La Fiscalía solicitó el pasado 19 de marzo, una medida privativa de libertad, petición no ha sido aún respondida. Por su parte, las autoridades policiales confirmaron no haber recibido orden alguna para detener al alcalde, ni para prohibirle la salida del país.

 

El pasado 31 de abril, el presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Omar Barboza, señaló que Rosales se encuentra en "resguardo" y no se entregará a la justicia hasta tanto no se le garanticen sus derechos constitucionales.

A todas estas, se espera que las autoridades electorales, luego del actual receso laboral, convoquen el correspondiente proceso comicial para suplir la ausencia de Rosales, luego de que el tribunal contencioso administrativo del estado Zulia, a cargo de la jueza Gloria Urdaneta, dejara sin efecto el decreto 016 de la cámara municipal de Maracaibo, que le otorgó permiso a Rosales para ausentarse del cargo de Alcalde por noventa días, así como la designación del alcalde interino Elías Matta.

Previamente, dirigentes políticos vinculados al alcalde marabino, habían agotado gestiones similares con los gobiernos de Panamá y Costa Rica, obteniendo respuestas negativas de parte de ambos Estados. Mientras Panamá alegó sus óptimas relaciones con el gobierno venezolano, la diplomacia costarricense hizo ver que se encuentra en una etapa de "recomposición" de relaciones con el gobierno de Chávez, las cuales incluyen la reciente incorporación de ese país centroamericano a los beneficios de "Petrocaribe", la alianza petrolera regional patrocinada por el gobierno venezolano.

 

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Caracas, 12.04.2009