Por Manuel Isidro Molina

El gobierno del presidente Hugo Chávez continúa con su paranoia represiva en Caracas, su autoritarismo pedorro y su incultura democrática.

Chávez y sus ministros, junto al alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez (¡quién lo hubiese pensado!), militan en el abuso de poder, la descalificación, la agresividad verbal y anímica y la agresión física contra las expresiones de calle de los factores políticos y sociales de oposición.

Igual que durante las últimas semanas y meses, la acción brutal de la Guardia Nacional (Min-Defensa) y la Policía Metropolitana (Min-Interior) hace del gobierno de Chávez uno muy parecido a los del “betancourismo” de los años sesenta del siglo pasado (Betancourt-Leoni). El presidente Rómulo Betancourt fue experto en maltratar manifestaciones populares, golpear a la gente con “rolos” (bastones), echarle gases y tirotearla, lo que fue encrespando hacia 1961 y 1962, el ambiente que luego produjo “la lucha armada” que ensangrentó la década, historia que a muchos molesta.

En eso, Chávez no es más que un represor intolerante de la diversidad política y social, comenzando por estropear las rutas solicitadas democráticamente por los organizadores de las manifestaciones. ¿Hasta cuándo va, Chávez, a mantener la paranoia por los acontecimientos del 11A/2002, que él mismo se buscó? ¿Y sus adinerados adulantes? La política del gobierno de Chávez es sabotear toda manifestación política o social, “criminalizar la protesta”, como han denunciado diversos factores opositores y organizaciones no gubernamentales. Así comenzó Rómulo Betancourt, en 1959.

En ese diseño entran en acción directivos y “periodistas” de Venezolana de Televisión, tirapiedras tarifados por VTV y el circuito de radio y televisión del Estado venezolano (con dinero de todos los venezolanos), que el gobierno de Chávez ha secuestrado sectariamente.

Lo del 1ro. de Mayo en la avenida Universidad, no fue novedad; ha sido la continuidad de una política mediocre y criminal por parte de Chávez y sus enriquecidos adulantes, claro está, colocando a la Guardia Nacional y a la Policía Metropolitana como “cañón” contra la “carne” del pueblo.

Jorge Rodríguez y Jacqueline Farías –dizque “jefa del gobierno del Distrito Capital”, un invento desmesurado de Chávez- llevan la peor parte, más que la gente miserablemente golpeada y agredida con gases lacrimógenos y rolos, en las calles de Caracas. En lo personal,  ambos me están causando mucha pena ajena, más que eso: bochorno histórico, humano, ideológico y político. Su autodestrucción es indetenible, mientras sigan las pautas de su jefecito ridículo y demodé.

Jorge y Jacqueline están metidos, hasta las puntas de sus narices, en un pastoso y mal oliente pantano “chavista” en el cual ni se formaron ni lo soñaron. Se están calcinando, sin razón, por los antojos egolátricos y militaristas de Chávez, a quien una vez Douglas Bravo llamó “trapiche” por su característica e inescrupulosa “utilización” de la gente tras sus propósitos y oscuras intenciones, para luego botarlas por el camino cual bagazo de caña.

Los militares y civiles del gobierno de Chávez, con formación y trayectorias de luchas democráticas transformadoras, deben reflexionar al respecto y comenzar a desmarcarse. Una década de desmanes y pedorrismo político es suficiente.

EL CONFESIONARIO

·        VICENTE FERNÁNDEZ, el gigante de la canción mejicana, fue una de las víctimas de la violencia generada en Mérida por la herida de bala en la cara y posterior fallecimiento del joven Yurban Antonio Ortega Urquiola (28), presidente de la Federación de Estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Ejido (IUTE). El muchacho fue herido en la cabeza por agentes de Polimérida durante una manifestación contra el director del instituto, el martes 28 de abril, y el concierto del astro mejicano estaba programado, con muchísima antelación, para la noche del jueves 30, en el Estadio Metropolitano de Mérida. En medio de rumores sobre la muerte de Ortega Urquiola y amenazas de saboteo del concierto de Vicente Fernández, en protesta por el criminal ataque a los estudiantes y luto por el estado grave del dirigente estudiantil, el espectáculo fue suspendido a las 6 pm. De la tarde del jueves 30, tres horas antes de la hora anunciada, y cuando ya había decenas de miles de fans de Vicente Fernández en los alrededores del estadio. La frustración fue generalizada entre los amantes de la música ranchera que habían comprado sus entradas, de los cuales muchos había llegado a Mérida provenientes de diversas regiones de Venezuela, el Caribe y Colombia. ¡Todo un desastre! Las pérdidas fueron multimillonarias para organizadores y promotores del evento. Los espectadores frustrados tienen derecho a la devolución de su dinero por concepto de entradas. ¿Quién les reintegra lo gastado en viajes, hoteles, comida y otros rubros a los melómanos turistas venezolanos y extranjeros?

·        YURBAN ANTONIO ORTEGA URQUIOLA falleció la noche del jueves 30 de abril, en la sala de cuidados intensivos del Hospital Universitario de los Andes (HULA), a pesar de los esfuerzos de los médicos intensivistas, cirujanos y demás especialistas de las ciencias de la salud. Los fiscales del Ministerio Público tienen la misión de establecer responsabilidades: el joven fue tiroteado el martes 28, en una manifestación en Ejido, ciudad colindante con Mérida. El gobernador del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana (PSUV), médico, anunció primero la gravedad y luego la muerte de YAOU. Nueve poliméridas presos es señal firme de que llegarán a los responsables materiales   del injustificable crimen. No es la primera vez: ya había sido asesinado en Mérida, el estudiante Douglas Rojas Jiménez (19), el 10.07.08, “por un impacto de metra en la cabeza” y por la cual el Ministerio Público imputó el 22.07.08 a cuatro funcionarios de la Policía de Mérida. Lo recuerdo por la similitud de los casos, pues se trata, supuestamente, de grupos criminales incrustados en la Policía del Estado Mérida (PEM), desde la época del gobernador Florencio Porras (PSUV). Mis fuentes reiteran que supuestamente se trata de infiltrados de una de las facciones del grupo “Tupamaros”, las cuales también tienen penetrado el servicio de vigilancia de la Universidad de los Andes (ULA) y parte de la Policía Municipal de Mérida, de igual forma como los de “La Piedrita” (ex “Tupamaros”) lo hacen en la Universidad Central de Venezuela (UCV), con su jefe prófugo de la justicia y presunto responsable de homicidio, Valentín Santana. Estos graves delitos no pueden seguir siendo investigados hasta los autores materiales, generalmente policías reclutados e infiltrados, sino llegando a las respectivas organizaciones delictivas y sus jefes ¿políticos? ¿revolucionarios?

·        LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscal General de la República, ha dado un paso importante con la creación de una unidad de fiscales investigadores de ese tipo de delitos de violación de Derechos Humanos. Su correcta intención y las buenas expectativas de la población se verán frustradas, si mantiene el grado de dependencia política que viene mostrando respecto a los intereses del gobierno del presidente Hugo Chávez, porque algunos de sus connotados seguidores y adulantes son los responsables de estos crímenes, no sólo en cuanto a “asesinos uniformados” sino a esa especie venezolanizada de “tonton macoutes” que giran en torno a personas, tristemente “famosas”, financiadas y protegidas por el gobierno. Varios de ellos y ellas, ya  son agresores y homicidas impunes; otros, lo son en potencia. La Fiscal General sabe a qué me refiero. Sólo pido, por amor a la vida, que actúe en consecuencia. Esas mafias deben ser desarticuladas, porque están al margen de la Constitución y las leyes.

·        ALFREDO PEÑA, ex alcalde metropolitano de Caracas (2000-2004) y ex ministro de la Secretaría de la Presidencia (1999) de Hugo Chávez, tiene orden de captura internacional por orden de un tribunal penal de Caracas que tramitó la petición ante la Interpol. No prejuzgo en el caso específico de malversación, pero su gestión fue tan corrupta como las anteriores en la Gobernación del Distrito Federal y la posterior en la Alcaldía Metropolitana. Su hijo Gustavo Peña y su compinche Aristimuño, hijo del director de Salud del mismo apellido, estuvieron en todos los guisos, multimillonarios guisos nacionales e internacional (made in USA), incuantificables sumas de dinero robado al pueblo venezolano, que ahora disfrutan en Estados Unidos de América con vínculos en Uruguay. Durante su gestión, Peña articuló estrechas relaciones con Guillermo García Ponce (Diario VEA) y “El Gordo Belisario” (fallecido), trío que manejó altas cuotas burocráticas, contratos de servicios y pautas publicitarias.

·        GRÜBER ODREMAN y varios de sus directores en la gobernación del Distrito Federal son otros que llevan años gozando de impunidad. Sus expedientes están en manos de la Fiscalía, muy adelantados, “listos para la imputación” desde hace al menos dos años, pero el presidente Hugo Chávez Frías y sus sucesivos agentes en la Asamblea Nacional, la Contraloría General y la Fiscalía General de la República, han impedido que se haga justicia contra sus pillerías, por aquello del “27 de Noviembre de 2002”. Esa parece ser su única (y poderosa) “patente de corso”.

·        EL PUEBLO NO SE LAMENTA por las imputaciones y juicios por presuntos casos de corrupción administrativa a personeros de entes gubernamentales nacionales, regionales y municipales, sin importar el color de su cobija política (más bien “politiquera”). Lo que reclamamos es por qué no se lleva ante la Fiscalía y la Justicia a los choros encumbrados del chavismo y sus testaferros, que todo el mundo conoce. No le corresponde al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, “permitir”, “impedir”, “acelerar” o “engavetar” los casos de la cochina corrupción, según sus conveniencias. Justicia y derechos, igual para todos, debe ser la norma, como está escrito en la Constitución y en las leyes de la República.

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