Soacha (Cundinamarca), 23 de mayo (Enfoques365).- Los argumentos de orden jurídico y fáctico expuestos por la Fiscalía determinaron que el Juez Segundo Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías, profiriera medida de aseguramiento intramural en contra de 17 militares, tres en retiro, por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de tres jóvenes en la población de Ocaña, Colombia.
La fiscal de Derechos Humanos a cargo del caso señaló que los jóvenes Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera fueron engañados y conducidos desde Soacha hasta Ocaña (Norte de Santander), donde el 25 de agosto de 2008 fueron reportados como miembros de bandas criminales muertos en combate con efectivos de la Brigada Móvil No 15.
Durante su exposición la fiscal sustentó ante el Juez de Control de Garantías la necesidad que existía de afectar la libertad de los procesados, quienes hicieron parte, presumiblemente, de toda una organización de militares y civiles cuya finalidad era presentar ‘buenos resultados operacionales'.
De estos 17 imputados hay cuatro, Manuel Zorrilla Agamez, José Orlando González, Luis Alirio López y Kevis Alberto Jiménez Escalante, que ya tiene medida de aseguramiento por su presunta coautoría en las desapariciones y muertes de los jóvenes Jonathan Soto Bermúdez (menor de edad) y Julio César Meza, durante hechos ocurridos a finales de enero de 2008 en Ocaña.
Tanto en la audiencia de imputación de cargos como en la de imposición de medida, la Fiscalía puso de presente que el procesado Alexander Carretero Díaz en su indagatoria (tiene un proceso por Ley 600) explicó cómo se contactaba a los jóvenes en Soacha, de qué manera los transportaban hasta Ocaña, donde eran retenidos en una casa hasta cuando eran recogidos por un militar que los conducía al área donde se libraría el supuesto combate.
Según lo reconocido por Carretero Díaz durante esa diligencia, una de las pruebas de la Fiscalía , esa persona ofició en diferentes épocas como reclutador en Soacha y como anfitrión en Ocaña, pues algunas de las víctimas permanecieron en su casa mientras llegaba por ellas.
El Juez de Control de Garantías al evaluar los argumentos expuestos tanto por la Fiscalía, como por el Ministerio Público y por la defensa, consideró que se podía inferir razonablemente la presunta responsabilidad de los imputados en los hechos, por lo que era la medida de aseguramiento era necesaria y adecuada, tras lo que ordenó el 21 de mayo, su traslado a la Escuela de Artillería, sur de Bogotá.
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