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Caracas, 13 Jun. ABN.- El Ministerio Público (MP) coordinó el allanamiento que realizaron funcionarios adscritos a la División Contra el Hurto de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) a la empresa Pakla, propiedad del empresario Enrique Kshenoske, como parte de la investigación que se adelanta contra el empresario Guillermo Zuloaga Núñez, imputado recientemente por el delito de usura genérica.

En la empresa, ubicada en el edificio Centro Altamira, en la avenida San Juan Bosco, en Altamira, Caracas, el fiscal del caso con competencia en materia contra la corrupción, bancos, seguros y mercado de capitales, Daniel Medina, encontró documentos y facturas de vehículos Toyota, papeles que revisten interés criminalístico para la investigación, reseñó una nota de prensa del MP.

El allanamiento fue solicitado por la vindicta pública ante el Tribunal 27° de Control del Área Metropolitana de Caracas, juzgado que acordó dicha petición según lo dispuesto en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en el que se establece dicho procedimiento o figura.

El pasado 4 de junio, el MP imputó al empresario Guillermo Zuloaga Núñez por la presunta comisión del delito de usura genérica, tipificado en el artículo 143° de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, a raíz del almacenamiento irregular de 24 vehículos, localizados en un allanamiento realizado el 21 de mayo pasado en una quinta ubicada en Los Chorros, Caracas, de su propiedad.

El artículo 143 por el cual fue imputado el empresario, de 67 años de edad, establece textualmente: 'Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de uno (1) a tres (3) años...'.

La investigación se inició a raíz de una llamada telefónica a través de la que se denunció que en una quinta había varios vehículos que pudieran ser de dudosa procedencia.

A raíz de ello, el MP solicitó la orden de allanamiento, que fue acordada por el Tribunal 44° de Control de Caracas. Durante dicho procedimiento fue incautado un lote de vehículos.