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Caracas, 25 Jun. ABN.- La Fiscalía General de la República (FGR) citó en calidad de imputado al empresario Enrique Kshenoske, propietario de la empresa Pakla C.A, como parte de la investigación que se adelanta tras la incautación de un lote de vehículos en una propiedad del empresario Guillermo Zuloaga Núñez.

Zuloaga fue imputado recientemente por el delito de usura genérica, luego del allanamiento realizado el pasado 21 de mayo en una quinta ubicada en la urbanización Los Chorros.

Daniel Medina, fiscal con competencia en materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y su auxiliar, María Almenara, quienes coordinan las actuaciones correspondientes al caso, imputarán el próximo 6 de julio a las 2:00 de la tarde, al mencionado empresario por los delitos que a bien haya determinado el Ministerio Público (MP) durante la fase investigativa.

Una vez que sea imputado, Enrique Kshenoske adquirirá los derechos contemplados en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 125 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), sobre el debido proceso y los derechos del imputado.

El jueves 11 de junio, el MP coordinó el allanamiento que realizaron funcionarios adscritos a la División Contra el Hurto de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Caracas, a la empresa Pakla C.A.

En la empresa ubicada en el edificio Centro Altamira, en la avenida San Juan Bosco, en Altamira, Caracas, el representante del MP encontró documentos y facturas de vehículos Toyota, así como papeles que revisten interés criminalístico para la investigación.

El allanamiento fue solicitado por la vindicta pública ante el Tribunal 27° de Control del Área Metropolitana de Caracas, juzgado que acordó dicha petición según lo dispuesto en el artículo 210 del Copp, en el cual se establece dicho procedimiento o figura.

Cabe recordar que el MP imputó al empresario Guillermo Zuloaga Núñez el pasado 4 de junio, por la presunta comisión del delito de usura genérica, tipificado en el artículo 143° de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

La investigación se inició a raíz de una llamada telefónica a través de la cual se denunció que en una quinta habían una serie de vehículos que pudieran ser de dudosa procedencia.

A raíz de ello, el Ministerio Público solicitó la orden de allanamiento, la cual fue acordada por el Tribunal 44° de Control de Caracas. Durante dicho procedimiento, fueron incautados un lote de vehículos.