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Por Manuel Isidro Molina

Los acontecimientos en Honduras pueden precipitarse, en cualquier momento. Al escribir este artículo, ni se había instalado la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, en Washington, ni se había producido el regreso del presidente Manuel Zelaya al palacio de gobierno en Tegucigalpa. Desde la capital hondureña se reportaban manifestaciones masivas contra los golpistas, y el “gobierno” usurpador mantenía su esquema preventivo para cumplis su amenaza de apresar a Zelaya, en caso de que ingresara al país, y reprimir policial y militarmente las acciones populares anti golpistas.

El “gobierno” de Micheletti no existe para la comunidad internacional, como bien explicó el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al refutar la “decisión” de los golpistas de “retirarse” de la OEA: ”La renuncia carece de efecto jurídico, pues se trata de una decisión emitida por un gobierno no reconocido por la comunidad internacional”, enfatizó.

Y esa es la realidad. Contra los golpistas hondureños se ha volcado la mayor condena mundial, unánime y sin precedentes; en la OEA, que ordenó la restitución de Zelaya; en la Asamblea General de la ONU, 192 países expresaron su rechazo y desconocimiento del grupo usurpador; la Unión Europea, Unasur, ALBA, Petrocaribe, Caricom y el Grupo de Río también fueron enfáticos a favor de la restauración democrática. Por si fuera poco, y es mucho decir tratándose de un país latinocaribeño y centroamericano como Honduras, el gobierno de Estados Unidos, con Barack Obama y Hillary Clinton a la cabeza, fue diáfano y firme en la condena a los golpistas y el reconocimiento de Manuel Zelaya como único Presidente de Honduras.

No estamos ante un precario hecho que pueda dirimirse con la escasa mira de la confrontación entre “chavistas” y “antichavistas”. El problema trasciende la mediocridad de la política venezolana.

Hecho incontestable es que el mundo vive cambios políticos que pudieran distender tanto las relaciones internacionales como los escenarios internos nacionales en los cinco continentes. La derecha mundial -¡que sí existe!, aunque algunos sigan con la monserga de que “murieron las ideologías”- sufrió un durísimo golpe con la derrota del conservatismo republicano en Estados Unidos, al ser elegido el  presidente Barack Obama; y particularmente en América Latina y el Caribe, la plataforma neoliberal que juntó armas con las tradicionales oligarquías nacionales desde los tiempos de Ronald Reagan y Margaret Tatcher, fue perdiendo poder paulatinamente, mediante elecciones democráticas que han producido un mosaico de gobiernos progresistas, mayoritariamente opuestos a los tratados de libre comercio (TLC), promotores de la integración regional y la ampliación equilibrada de las fronteras del comercio internacional. Existen  matices tan disímiles, como que Chile mantiene su TLC con Estados Unidos. De esta onda, en Suramérica, escapan los gobiernos del colombiano Álvaro Uribe y del peruano Alan García, ambos con problemas internos tan graves como los de Colombia, y tan complicados como los de Perú.

Brasil, México y Argentina, que son las mayores economías del subcontinente, marcan pautas dentro de las cuales Venezuela presiona con su poder petrolero y un radicalismo estatizante y autoritario-militarista, que apenas Bolivia y Nicaragua siguen con una identificación tal, que ni la Cuba de Raúl Castro comparte.

América Central no es excepción, aunque más modesta en capacidad económica y peso político. Panamá viene de ser gobernado por el centrista Martín Torrijo, volviendo al dominio de la derecha con el nuevo presidente Ricardo Martinelli; y Costa Rica, se afirma en el conservatismo neoliberal con la vocación civilista de Oscar Arias, premio Nobel de la Paz. Nicaragua se mueve dentro de la política sandinista democrática, que impulsa Daniel Ortega con la experiencia de su conflictivo paso inicial por el poder; y El Salvador inicia una nueva experiencia del ex guerrillero  Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con un outsider en la presidencia de la República, Mauricio Funes, ex reportero de CNN en Español, que ha preferido manifestar su identidad política con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, y la chilena Michelle Bachelet, que con el venezolano Hugo Chávez Frías.

Esa es la diversidad que no entienden la derecha venezolana radicalizada (antichavismo radical, asociado a lo que he llamado “macartismo-betancourismo”) y el autoritarismo militarista con lances ultraizquierdistas trasnochados (chavismo radical). Los primeros ven “comunistas” hasta en la sopa, enfermedad política y anímica nada original; y los segundos sueñan con una batalla continental primitiva que pudiera enmarcarse en un sangriento  tablero de ajedrez, a gusto del mando monopartidista y autocrático.

Ni Manuel Zelaya es “revolucionario” ni los golpistas son “demócratas”. La crisis interna de Honduras compete a los hondureños, y debe dirimirse democráticamente. La condena al zarpazo militar no puede tener atenuantes; se trata de la defensa del civilismo y la lucha democrática que impulsamos en Venezuela, incluso contra los aspavientos autocráticos de Chávez. A nadie interesa el resurgir del golpismo militarista en América Latina y el Caribe, comenzando por nuestros pueblos, víctimas casi seculares de la brutalidad de las espadas, bayonetas y fusiles de militarotes corruptos, torturadores y asesinos.

La reacción unánime de la OEA y las diáfanas posiciones de Estados Unidos y la Unión Europea se justifican plenamente, y se han producido por la identidad contemporánea con el empleo de la democracia y los mecanismos de paz, para solventar los conflictos sociales y políticos. El regreso de Zelaya a Honduras, supone una mayoritaria convicción popular democrática que lo acoja, y la mínima sensatez por parte de quienes dieron el golpe y usurparon el poder, que han querido manipular a sus seguidores para aparentar un supuesto respaldo popular mayoritario.

El golpe militar y la usurpación “civil” del poder en Honduras, es inadmisible en estos tiempos. De consolidarse la burda maniobra, que incluye una falsa carta de renuncia presidencial y la designación de un “presidente provisional” después de haber apresado y expulsado los militares al presidente Manuel Zelaya, la región latinocaribeña quedaría al arbitrio de la fuerza de las armas y no de los pueblos expresados democráticamente. Tal inestabilidad política y potencial violación sistemática de los Derechos Humanos nos regresaría el infausto siglo XX de las dictaduras militares del autoritarismo caudillista latinoamericano, de cuyas raíces no escapamos actualmente en Venezuela.

La restauración democrática en Honduras es el mejor antídoto de las luchas democráticas de los pueblos latinocaribeños por sus derechos y conquistas sociales, frente a la voracidad de la tradicional derecha dominante y los aspavientos autoritarios de supuestos redentores como Hugo Chávez, quien no pocas patadas ha dado al tablero democrático venezolano. Que la voz autocrática y autoritarista del gobierno de Chávez coincida con la voluntad mundial por la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos, no es más que muestra del triunfo del civilismo en el mundo, buena lección para Chávez y su entorno.

También importa enfatizar que, a despecho de quienes añoran “las bolas de los militares hondureños”, la actual experiencia nacional e internacional de Honduras también sirve para aplacar la irracionalidad de quienes en nombre de la “democracia” para ocultar lo rancio de sus privilegios, empujan hacia el quebrantamiento de la precaria institucionalidad democrática venezolana, efectivamente secuestrada por el monopartidismo militarista-ultraizquierdista encarnado por Chávez.

El regreso del presidente Manuel Zelaya al gobierno de Honduras, consolidará las relaciones democráticas latinocaribeñas. Estratégicamente, abrirá camino a las expresiones populares democráticas adversas a lo que torpemente expresan en Venezuela los extremistas “chavistas” y “antichavistas” con sus peculiares manifestaciones de primitivismo, fundamentalismo y maniqueísmo.

EL CONFESIONARIO

·       UN INFORME SECRETO DEL EJÉRCITO (01.06.1992) resume la “Problemática que confrontan los sistemas de comunicaciones de las FF.AA.NN., luego del inicio del proceso privatizador del Sector Telecomunicaciones”. Está firmado por el general de división (Ej) Oswaldo Ramón Sujú Raffo -hoy en situación de retiro y opositor al gobierno del presidente Hugo Chávez- junto con los coroneles Orlando de Jesús Vivas (Ej), Félix Dalis Rangel (Av) y Venacio Ortega B. (Ej), el capitán de navío Asunción Uban Chacares y los tenientes coroneles José F. Viña (GN) y Ovidio Poggiolli Pérez. Planteó la comisión en su informe, que el otorgamiento de la frecuencia de 800 MHZ y la banda de 2.5 a 2.7 GHZ a las empresas de telefonía celular Telcel (hoy, Movistar) y Movilnet (CANTV), afectaría los planes de las FAN, en materia de telecomunicaciones. Aún así, el ministro de Comunicaciones, Roberto Smith, otorgó los permisos y firmó los contratos respectivos.

·       NELSON RAMÍREZ TORRES, abogado, representa a la Asociación de Usuarios de Telcel (ASUTEL) en el juicio que se ventila actualmente en torno al caso mencionado arriba, proceso en el que aparece un cheque de de 5.000 millones de bolívares supuestamente emitido por la empresa “Telcel” y presuntamente sin fondos, no cobrado y pendiente de restitución a beneficio de la nación.

·       MANUEL VILLALBA (PSUV), presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, debe aclarar la real dimensión de la “discusión de la Ley de Ejercicio del Periodismo” y su disposición al diálogo y el trabajo racional en cuanto a la reforma de ese instrumento legal de la República (que no de los periodistas ni del CNP).

·       UN REAL DISPARATE es lo propuesto por los  grupos oficialistas “Comunicadores Socialistas” y “Periodismo Necesario” en cuanto a la extinción del Colegio Nacional de Periodistas y la negación del nivel académico de los periodistas profesionales, para regresar a los tiempos de la “Asociación Venezolana de Periodistas” (AVP). Todos empleados o financiados por el gobierno, hablan de una supuesta “revolución” comunicacional, el disparate, consistente en la muerte del CNP y el nivel académico de los periodistas venezolanos.  Ello nos transportaría –especie de túnel del tiempo- al pasado pre ley, de 1972 hacia atrás. El objetivo no es otro que afincar el monopartidismo en la sociedad venezolana, hacia la “hegemonía comunicacional” del dandy Izarra. Suficientes argumentos, reales razones, justifican la existencia histórica del CNP y el nivel universitario de nuestra profesión en Venezuela. Lo curioso del caso es que los “revolucionarios” se están dando la mano con los ultra liberales de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y los propietarios del Bloque de Prensa Venezolano, únicos oponentes en 1994, a la reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo y a la colegiación obligatoria de los profesionales universitarios de la comunicación social.