Caracas, 29 Sep. ABN.- Con evidencias tan contundentes que estarán en la Fiscalía, en torno a los planes de magnicidio en contra del presidente, Hugo Chávez Frías, que involucran al prófugo de la justicia venezolana Manuel Rosales, actualmente en Perú, esperamos que haya un criterio diferente por parte del Gobierno del presidente peruano, Alan García, para que extradite a ese ciudadano y se enfrente a la justicia venezolana.
El señalamiento lo hizo este martes el integrante del buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y gobernador del estado Guárico, Willian Lara, en el programa Al Momento, que transmite Venezolana de Televisión.
Lara informó este lunes que el PSUV solicitará a la Fiscalía General de la República la apertura de una investigación específica, como noticia criminis, respecto a las denuncias formuladas por el ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia Rafael García, en relación con los planes magnicidas contra el presidente Chávez Frías.
Estas denuncias han sido reforzadas por las declaraciones de Geovanny Velasquéz Zambrano, quien se autodefinió como sicario colombiano y reveló que Manuel Rosales estaba ofreciendo unos 25 millones de dólares a un grupo de paramilitares para concretar el plan de magnicidio.
Para Lara, tanto García como Velazquez 'han coincidido respecto a que el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, está comprometido como financista en planes para quitarle la vida al presidente Chávez Frías'.
'Particularmente, Giovanni Velásquez ha afirmado, en forma categoría, que él participó en reuniones en las cuales se habló de pagos, ofrecidos por el Presidente colombiano, para atentar contar la vida del presidente de Venezuela', dijo Lara.
Puntualizó que existen suficientes elementos que fundamentan una investigación de carácter penal, por parte de la Fiscalía General de la República venezolana, a fin de establecer definitivamente la verdad y asumir, en consecuencia, los procedimientos de carácter nacional e internacional para hacer justicia y castigar a quienes se han complotado para atentar contra la vida del Jefe de Estado venezolano.
Para Lara, hay un intento de desestabilizar al Estado venezolano y en estos planes está implicado el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
El gobernador recordó que hay mecanismos internacionales de cooperación entre los Estados para la aplicación de la justicia.
“No compartimos el criterio de Alan García, de otorgar asilo a este ciudadano, con el argumento de ser un perseguido político, cuando a Rosales se le sigue un proceso penal por corrupción administrativa y ahora se le abrirá otro proceso penal vinculado con planes criminales por el intento de atentar contra la vida del Jefe de Estado venezolano”, sostuvo Lara.
Recordó que grupos opositores siempre han tratado de descalificar con mofa las denuncias que el Estado ha hecho en torno a los intentos de magnicidio por parte de grupos paramilitares.
No obstante, “en este caso está la evidencia y la confesión de uno de los involucrados de manera directa, en un plan de magnicidio”.
Por lo tanto, Lara manifestó: “Espero que la oposición venezolana asuma un criterio de sentido común y sensatez que estos hechos, que son evidencias inapelables, deben reunir a la sociedad venezolana en cuanto a estar de acuerdo en que se investigue plenamente la verdad y no tratar de enfocar elementos de carácter penal criminal con un criterio estrictamente de propaganda política, por parte de voceros de grupos políticos de oposición y medios de comunicación que los apoyan”.
Recalcó que esa actitud opositora en nada contribuye a que en Venezuela continúe impulsándose un proceso de aplicación plena de la justicia y lucha contra la impunidad.
Debe haber una actitud de respeto ante esta serie denuncias, por lo que se requiere una postura sensata, seria, de responsabilidad, sostuvo.
“Si se establece en los hechos probatorios, en el curso procesal de la investigación, que efectivamente Manuel Rosales es responsable de haber ofrecido 25 millones de dólares por el atentado contra la vida del Presidente, a este ciudadano debe sancionársele por la justicia venezolana y no se aplique la solidaridad automática, que es una de las razones de la impunidad que tanto daño le ha hecho a la sociedad venezolana”, recalcó.
En todo caso, Lara consideró que hay que respetar la investigación y garantizó que el PSUV no va a presionar a la Fiscalía sobre este tema.
“Esa debe ser la actitud de toda la sociedad venezolana: respetar la autonomía del Ministerio Público, que investigue, que haga prevalecer la verdad y sobre esta base se tomen las decisiones de carácter penal”, indicó.
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http://www.elnuevoherald.com/noticias/america_latina/venezuela/story/550754.html
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