Madrid, nov 30 (Télam).- El juez español Baltazar Garzón imputó por blanqueo de millones de dólares a la viuda del dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, su abogado y dos máximos responsables del Banco de Chile.
El magistrado español fijó además una fianza de más de 77 millones de dólares. Según afirman los medios españoles, Garzón pretende interrogar a los querellados a través de una comisión rogatoria.
Esta suma, fijada para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa, deberá ser depositada en un plazo de 10 días por los imputados y los bancos considerados responsables civiles subsidiarios, según informa hoy el diario El País y cita un cable de Dpa.
En caso contrario, Garzón procederá al embargo y bloqueo por un tercio más de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 dólares (17.150.604 euros) de cuentas para resarcir con ese dinero a las víctimas españolas de la dictadura pinochetista.
El proceso, planteado a petición de la Fundación Española Presidente Allende, se inició el 16 de octubre de 1998, cuando el magistrado admitió una querrella contra Pinochet por genocidio, terrorismo y torturas.
La querella fue ampliada sucesivamente en septiembre de 2004, por alzamiento de bienes, y en abril de 2007, por blanqueo de capitales.
Según el diario español, Garzón pretende interrogar a los querellados a través de una comisión rogatoria.
Los otros imputados son el abogado y albacea de Pinochet, Oscar Custodio Aitken Lavanchy, Pablo Granifo Lavín, presidente del Consejo de Administración del Banco de Chile entre 2001 y 2005, y Hernán Donoso Lira, gerente del Banco en Nueva York en las misma época.
Garzón obtuvo la detención de Pinochet en Londres el 17 de octubre de 1997. Tras cuatro meses y medio de detención domiciliaria, el ex director fue puesto en libertad y retornó a Chile el 2 de marzo de 2000.
Tras haber perdido la inmunidad parlamentaria y ser procesado por varios delitos, falleció en arresto domiciliario el 10 de abril de 2006, a los 91 años.
La Fundación Presidente Allende tiene dos procesos en marcha para intentar resarcir económicamente a las víctimas españolas de la dictadura militar chilena.
Uno en Nueva York, contra el Banco de Chile por 75 millones de dólares, y el planteado en España.
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